El Gobierno de Juan José Ibarretxe prohibió ayer el acceso a cuatro representantes de Etxerat que previamente habían sido invitados para participar en el acto de Lehendakaritza con motivo de la conmemoración del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Primero les dieron el portazo sin justificarlo, y, después, bajo la excusa de una concentración que realizó en el exterior el movimiento pro-am- nistía. La entrada les fue vetada a los cuatro familiares que portaban la invitación, mientras se daba paso a cualquiera que quisiera, con o sin acreditación.

Tras ser convocados por el Departamento de Derechos Humanos que dirige Jon Mirena Landa a la presentación de la nueva campaña de Lakua -que lleva el lema «¿... y si no existiera?»-, los cuatro familiares de prisioneros políticos vascos se personaron para las 10.45 a Lehendakaritza. Directamente fueron «invitados» a que permaneciesen en una esquina, a la espera de que les recibiese Landa en persona. La víspera ya se había difundido por agencias que Etxerat iba a acudir, y organizaciones de ultraderecha comenzaron a manifestar su disconformidad.

En pocos minutos se disiparon todas las incógnitas. Ni Landa haría acto de presencia ni los familiares Elias Miner, Ana Azua, Joxepa Arregi -presidenta de la asociación- y Mariluz Sebastián iban a acceder al acto que arrancó pasadas las 11.00. Ante las continuas llamadas para que esperasen fuera, el nerviosismo de los miembros de Etxerat recabó la atención de los periodistas, que, en vez de acceder al acto, permanecían en el exterior de la sede para ver cómo acababa el litigio.

«Tenéis prohibida la entrada»

Así, diez minutos después de las 11.00, una representante de Lakua ordenó a los medios que quisieran cubrir el acto que accedieran, porque de lo contrario no se les permitiría entrar.

Poco después insistió, a tenor de que nadie se movía. Pero, esta vez, el aviso sí surtió efecto, porque incluso los ertzainas que custodiaban la puerta confirmaron por fin a los familiares que «sí, tenéis prohibida la entrada». En ese intervalo de tiempo arrancó la concentración del movimiento pro-amnistía, bajo el lema «Jaurlaritza-PNV, errepresioaren errudun». Pese a estar comunicada y legalizada por Interior de Lakua, por cierto, este acto tampoco se libró de las identificaciones y advertencias por parte de la Ertzaintza.

Finalmente, el familiar Elias Miner pudo comunicarse con Jon Mirena Landa, pero el director del departamento de DDHH de Lakua se limitó a responder que «estáis haciendo un doble juego», en alusión a la concentración del exterior, y que por ello se les había vetado.

El enfado de los miembros de Etxerat fue mayúsculo: «Nos mienten de nuevo», afirmaron. Y se declararon «indignados, humillados y excluidos» después de que Lakua «no quiera ver una realidad de vulneración de derechos».

Mientras tanto, grupos como Covite o la AVT denunciaban públicamente a Lakua por haber invitado a Etxerat. Y curiosamente Lakua, a través de Maixabel Lasa y Txema Urkijo, presentaban el acto del Palacio Kursaal del 18 de mayo, que dice que será «un hito» por el número de víctimas que se concentrarán.

Carta pública de Etxerat a Juan José Ibarretxe

Cuando se va a celebrar el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pocos podían pensar que, tras su firma el 10 de Diciembre de 1948 y 60 años después, en pleno corazón de Europa este pacto ético se incumpliría sistemáticamente por parte de los estados español y francés contra uno de los pueblos más antiguos del continente, Euskal Herria.

Este importante documento, firmado entre otros por los estados español y francés, resulta papel mojado para la gran mayoría del pueblo vasco, para nuestros familiares represaliados políticos y para nosotros mismos. Sin realizar ningún análisis jurídico y tan solo de su lectura y nuestras experiencias, durante tan solo los años en los que usted, Juan José Ibarretxe, ha ejercido de lehendakari es evidente que el incumplimiento de dicha declaración es continuo.

Así, mientras la declaración afirma que «Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona», durante estos nueve años de su mandato han muerto a consecuencia de la política de dispersión nueve de nuestros familiares y allegados. Y siete de nuestros familiares presos han muerto a consecuencia de la política penitenciaria extrema que se les aplica, hechos que no han sido ni tan solo denunciados por su gobierno, sino más bien silenciados.

Mientras ese compromiso ético universal dice que «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes», entre nuestros familiares se cuentan a centenares los casos de tortura impunemente ocultados tanto por el Estado español como por su gobierno. No ha pasado una semana desde que uno de nuestros familiares ha intentado, mediante mordiscos, cortarse las venas del brazo en la Audiencia Nacional española para acabar con su sufrimiento, y ni usted ni su gobierno, como siempre, han dicho una palabra. José Mari Sagardui Moja este julio cumplirá 28 años desde que fuera detenido, torturado y encarcelado, y en todo este tiempo, al igual que el resto de nuestros familiares presos, ha tenido que soportar unas condiciones de vida en prisión totalmente infrahumanas: a cientos de kilómetros de su pueblo, 20 horas diarias o más sin salirse de la celda, aislado... Y usted y su gobierno, con su silencio y sin presentar alguna iniciativa para acabar con este trato cruel, encubren esa realidad.

Cuando ese compendio moral dicta que «Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley», a doce de nuestros familiares presos políticos vascos que se encuentran gravemente enfermos se les niega cruelmente la libertad, mientras que la misma ley penitenciaria les otorga ese derecho. Aun así, ni usted ni su gobierno hacen nada para que sean puestos en libertad. Para salvar sus vidas.

Se dice que «Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado», y en este Estado tranquilamente un preso puede permanecer en prisión preventiva durante cuatro años, y, después, ser puesto en libertad sin cargos. O como es el caso de cientos y cientos de nuestros familiares, que han tenido que exiliarse durante largos años -incluso más de 30- debido a la represión. Y para ustedes no pasa nada.

La declaración dice que «Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal», o también dice que «Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa». Como usted bien sabe, nuestros hijos e hijas, hermanos y hermanas son juzgados por tribunales especiales, a los que ustedes los llevan esposados, y en los que son condenados en muchos casos sin pruebas, o, mediante declaraciones conseguidas bajo tortura.

Está escrito en la declaración que «Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito», cuando tenemos 21 presos a los que a pesar de haber cumplido íntegramente la condena impuesta no han sido puestos en libertad, en aplicación de la llamada doctrina Parot, condenándoles prácticamente a cadena perpetua. Cuando 170 de nuestros familiares deberían estar en libertad por haber cumplido las tres cuartas partes de la condena impuesta. Y todo ello, ante su silencio sepulcral.

«Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión». No lo dice Etxerat, lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mientras tanto, 27 personas están siendo juzgadas en un tribunal especial por haber trabajado en defensa de los derechos, que como aquí le exponemos están siendo sistemáticamente vulnerados.

Su policía nos lleva años golpeando a discreción simplemente por reunirnos pacíficamente para denunciar todo lo citado, cuando la declaración dice literalmente que «Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas».

Puede usted eludir su responsabilidad y culpabilizar a terceros de estas vulneraciones a esta declaración internacional firmada hace ya 60 años, pero usted y nosotros sabemos que sin su colaboración, la de su gobierno, esto no sería posible y estaríamos en otro estadio.

Un día como hoy, como bien puede apreciar, no es para nosotros un día de celebraciones, y lo único que pedimos de usted y de su gobierno son 60 minutos de reflexión, 60 minutos durante los cuales pueda usted imaginar el sufrimiento de todas esas personas sin derechos, encarcelados, torturados, enjuiciados, secuestrados, exiliados, imaginar el sufrimiento de sus familiares, en definitiva esas otras personas afectadas de un conflicto que se perpetúa por, entre otras, su colaboración y la de su Gobierno.

NOTA: Nos hubiera gustado hablar directamente con usted de todo ello, señor lehendakari, pero a falta de respuesta a nuestras continuas peticiones de reunión, le entregamos este escrito.

Etxerat elkartea

En Euskal Herria, a 30 de abril