Ofensiva contra ANV
Garzón sigue la estela de PSOE-PNV y encarcela a la alcaldesa de Arrasate
Seís días después de que la moción contra ANV no prosperara en el Ayuntamiento de Arrasate, el juez del tribunal especial Baltasar Garzón se arrogó la labor de desalojar a la alcaldesa, enviándola directamente a prisión. La decisión tuvo el impulso de la Fiscalía y el auto de Garzón amenaza además con abrir la veda contra los cargos de la formación ekintzale, que sólo en las elecciones de mayo de 2007 obtuvo 432 ediles «legales».
Oihana LLORENTE | DONOSTIA
El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón puso su firma al envío a prisión de Ino Galparsoro, alcaldesa de Arrasate, que ha dormido en Soto del Real. «Colaboración con organización terrorista» y «quebrantamiento de la suspensión de actividades de ANV» son las razones argumentadas para dejar sin primera edil a los vecinos de la localidad guipuzcoana. Un sueño acariciado por PNV y PSE y malogrado por la voluntad popular expresada en el Pleno.
La orden de prisión llega seis días después de que los impulsores de lo que llaman «moción ética» obtuvieran su primer fracaso en el Ayuntamiento, lo que provocó una tormenta política en el Estado español. Una moción que parece no ser necesaria ahora, ya que lo que la vía política y democrática no ha podido ofrecer en Arrasate lo ha otorgado la vía penal desde un tribunal especial de Madrid.
Garzón –que citó a la alcaldesa apenas horas después del fracaso de la moción– tomó ayer la decisión de encarcelar a Galparsoro después de que tanto la Fiscalía como las acusaciones populares (AVT y Dignidad y Jus- ticia) se lo propusieran. No hubo diferencia alguna entre Gobierno español y ultraderecha.
La defensa, indignada
El letrado de la defensa, Iñigo Iruin, se mostró indignado con la orden de encarcelamiento e indicó que esta decisión «abre la vía penal para los electos de ANV». Criticó además con dureza el procedimiento llevado a cabo, asegurando que «se ha ido construyendo momentáneamente». Esto resultó evidente durante toda la jornada, en que Garzón ordenó buscar en el Ayuntamiento de Arrasate documentos que le pudieran servir y recibió informes policiales sólo minutos antes de la comparecencia de Galparsoro.
Horas antes de que se conociera el resultado, Iruin ya lanzó duras críticas en los micrófonos de Info7 Irratia, denunciando que un juez no puede citar como imputada a una persona que ni siquiera consta en el sumario abierto por el mismo magistrado contra EAE-ANV. Asimismo, señaló que Galparsoro estaba llamada a declarar sin que en ningún momento la imputada ni él mismo hayan tenido conocimiento sobre de qué se le acusa. Es más, denunció que el citado informe policial llegó a la Audiencia Nacional española pasadas las 11.00, por lo que la comparecencia se retrasó dos horas.
Tras ella, y mientras que Galpasarsoro se encontraba ya en los calabozos de la Audiencia Nacional, Garzón daba la orden de registrar el Consistorio que lidera. Agentes de la Policía española se personaron en el Ayuntamiento de Arrasate inspeccionando distintas dependencias y solicitando las actas de los plenos celebrados desde el 8 de febrero, fecha en la que se decretó la suspensión de actividades de ANV, y de las resoluciones aprobadas desde entonces. Se da la circunstancia de que en aquella resolución el propio Garzón afirmó algo que era hasta ayer una obviedad aceptada por todos: que las actividades de los electos en tal condición no eran actividades atribuibles al partido suspendido.
El auto hecho público por Garzón ayer, pasadas las 21.00, intenta razonar el encarcelamiento afirmando que Galparsoro «se ha implicado en el desarrollo de la estrategia común para contribuir a los fines de la organización terrorista». Y afirma que «queda claro» que ha incumplido la suspensión.
Para ello, Garzón no duda en «desdoblar» la actuación de Ino Galparsoro. En el citado escrito, el juez distingue «entre las actuaciones individuales de la alcaldesa y las que realiza como representante de ANV» y ratifica que «no puede actuar como representante de un partido suspendido».
El magistrado, en el auto de ayer, intenta además extender la criminalización a otros ediles ekintzales, citando una «voluntad rebelde» que no sólo atribuye a Galparsoro sino a «todos, en todos los ayuntamientos que controlan». Indica que éstos responden a un «impulso común que procede de una decisión que se adoptó de forma conjunta».
Pese a que la citación estaba fijada para las 10.00, la espera se dilató durante dos horas y no fue hasta el filo del mediodía cuando la primera edil arrasatearra compareció ante Garzón.
Galparsoro había llegado puntual al tribunal especial y lo hizo arropada por su abogado, Iñigo Iruin, y numerosos militan- tes abertzales. Entre ellos estaba el presidente de la formación, Kepa Bereziartua, el antiguo alcalde arrasatearra y compañero durante años de Galparaso, Xabier Zubizarreta Txiron, o el actual alcalde ekintzale de Eskoriatza, Pedro Lasagabaster.
Tras la comparecencia, la primera edil arrasatearra fue detenida y enviada a los calabozos de la Audiencia Nacional, a la espera de que el juez dictaminara una sentencia.
Al mediodía, una vez finalizada la vista, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española solicitó prisión incondicional sin fianza para la alcaldesa de Arrasate, al igual que lo hicieron las acusaciones populares ejercidas por la AVT y Dignidad y Justicia. El Ministerio Público argumentó su postura defendiendo que Galparsoro podría haber cometido un delito de «colaboración con organización terrorista, desobediencia judicial y quebrantamiento de la suspensión de actividades».
La Fiscalía del tribunal especial pretendió incluso ir más allá, y estuvo barajando la posibilidad de solicitar también el encarcelamiento de Galparsoro por el delito de «integración en organización terrorista», esgrimiendo el contenido de un informe policial que llegó al Juzgado titulado por Garzón a media mañana de ayer.
Concentración ante el PSE
A la misma hora en que Ino Galparsoro comenzaba a declarar ante el juez Garzón, decenas de personas se concentraban ante la sede del PSE en Donostia. Tras una pancarta en la que se podía leer «Salbuespen egoerari stop! Euskal Herriak autodeterminazioa», la primer edil pasaitarra, Maider Ziganda, y la concejala iruindarra, Mariné Pueyo, comparecían ante los medios para denunciar tanto la citación de Galparsoro como las sucesivas detenciones, los casos de tortura o la prohibición de actos. A su entender, estos acontecimientos muestran y reafirman el «autentico estado de excepción» que sufre este país. Pueyo no titubeó a la hora de afirmar que «ésta es sin duda su democracia, la democracia que nos quieren vender», sostuvo.
La iruindarra defendió a Galparsoro asegurando que fue enviada a la Audiencia Nacional «por cumplir con la tarea que le han encomendado sus vecinos, por desarrollar con muchísima dignidad su actividad política como alcaldesa y por tener alternativa y oferta política». Y acusó a PNV y PSOE de intentar «conseguir con la violencia del Estado lo que no consiguieron con la actividad política».
La izquierda abertzale afirma que se trata de un «caso inaudito» en Europa
Mientras permanecía en los calabozos de la Audiencia Nacional, sin que todavía hubiera trascendido la resolución judicial, la izquierda abertzale ofreció una rueda de prensa en Donostia en la que transmitió a Ino Galparsoro toda su solidaridad, «así como al pueblo de Arrasate, que también sufre esta situación. Estamos contigo Ino. Maite zaitugu».
Xabier Mikel Errekondo y Miren Legorburu, alcalde de Usurbil y edil de Hondarribia, respectivamente, señalaron que este caso es una nueva muestra de «la locura represiva» en la que, a su entender, se han instalado PSOE y PNV. «Si ya es grave llamar a declarar a una alcaldesa por ejercer su trabajo, aún es más detenerla. Y puede serlo incluso más, ya que nos tememos la decisión que pueda adoptar Garzón. ¿Cómo se puede llamar democracia a un sistema que detiene a alcaldes por hacer el trabajo encomendado por sus votantes?».
Constataron que «en ningún lugar de Europa ocurren cosas como ésta, es un caso inaudito», lo que les llevó a afirmar que se asemeja «a lo que hacían los fascistas en la Guerra del 36, cuando detenían, encarcelaban y fusilaban a los alcaldes».
Incidieron en la idea que vienen repitiendo desde que se conociera la citación: «Lo que PSOE y PNV no están logrando con las llamadas mociones éticas, pretenden hacerlo con la violencia de Estado. Es decir, aniquilar a la izquierda abertzale, impedir que los vascos puedan decidir, seguir haciendo negocio y vender Euskal Herria a España».
Por contra, agregaron, la izquierda abertzale apuesta por «unificar este pueblo, situarlo a las puertas de la independencia y desarrollar una propuesta política por la que pueda ejercer el derecho a decidir», y advirtieron que el independentismo «no va a permitirles realizar un nuevo fraude político. Pese a las actuaciones represivas de los estados y sus colaboradores autóctonos, no conseguirán amedrentar ni mover un milímetro la actividad política de la izquierda abertzale».
Tras denunciar que el Estado español quiera «quitar legitimidad» a los cargos independentistas, afirmaron que éstos cuentan con «el apoyo incondicional de la ciudadanía y la legitimidad otorgada por el pueblo. Si quieren ver falta de legitimidad, que vayan a Lizartza u Ondarroa, que vayan allá donde está instalado el ‘apartheid’, y encontrarán alcaldes que pisotean la voluntad popular, miran a otro lado cuando sus conciudadanos son torturados y buscan prolongar el conflicto».
Batasuna y Askatasuna, en sendos comunicados, coincidieron al asegurar que el encarcelamiento de Galparsoro es «un salto cualitativo» en la estrategia represiva.Mikel JAUREGI
