Después de una negociación a contrarreloj sobre las condiciones de la nacionalización de las petroleras extranjeras a las que advirtió de que, en caso de no haber acuerdo, el traspaso sería por decreto, la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguró que el Estado boliviano ya controla las acciones de las empresas petroleras que habían sido privatizadas en los años 90.

Durante la celebración del Primero de Mayo, el presidente boliviano, Evo Morales, anunció, por sorpresa, la nacionalización, por decreto tras fracasar la negociación, de la empresa de telefonía Entel, filial de la italiana Telecom, así como de las tres filiales con capital extranjero que operaban en Bolivia: Chaco -hasta ahora en manos de la estadounidense Pan American Energy y del grupo British Petroleum-, Transredes -participada por la británica Ashmore y la anglo-holandesa Shell- y la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana -consorcio de capital peruano y alemán-.

Minutos antes de dar a conocer las nuevas renacionalizaciones, el Gobierno de Morales y ejecutivos de la compañía hispano-argentina Repsol YPF firmaron un contrato por el que el Estado boliviano recuperará la mayoría accionarial de su filial Andina, cuya administración y gestión será compartida.

El presidente de la empresa estatal boliviana YPFB, Santos Ramírez, adelantó que los trabajos de operación en los campos hidrocarburíferos arrancaron ayer, tras anunciar que la recuperación por parte del Estado del 50% más uno de las acciones «permitirá un control eficiente tanto en la parte operativa como administrativa».

Precisamente ayer se cumplieron dos años de la renacionalización de los hidrocarburos decretada por el presidente de Bolivia, Evo Morales, en el primer año de su mandato, durante un acto que tuvo lugar en un campo petrolero de la población de Villamontes. Para celebrarlo, estaba previsto que La Paz acogiera una manifestación.

Mientras, las instalaciones de Chaco y Transredes que están en el departamento de Santa Cruz de la Sierra amanecieron bajo control de la Policía por orden del Gobierno para, según fuentes petroleras citadas por medios locales, evitar que se extraigan documentos u otro tipo de bienes de las empresas.

El 26 de marzo, el Gobierno aprobó un decreto en el que se establecía el 30 de abril como plazo máximo para cerrar las negociaciones y asumir el control.