Las jornadas celebradas en la capital labortana bajo el lema «Askatasun Oihua» quisieron dejar claro que el «estado de excepción» que padece Euskal Herria no «tiene frontera». En las charlas llevadas a cabo en la universidad, los ponentes aseguraron que la vulneración de derechos básicos es una realidad al norte y al sur del Bidasoa.

En este sentido, detallaron que en el Estado francés se está «produciendo un cambio de tendencias, lo que lo está llevando a posicionarse a la ofensiva» contra Euskal Herria. Tras los debates, se hizo especial hincapié en la necesidad de dar una respuesta a la ofensiva abanderada por el Gobierno galo.

La muestra más llamativa de esta estrategia, a juicio de los oradores, es el bloqueo de cuentas personales que padecen decenas de militantes de Batasuna y sus familias, incluso niños de corta edad. Durante la sesión de la mañana, Zigor Goieaskoetxea, uno de los afectados, dio cuenta de su situación.

Por la tarde, Jean-François Lefort aseguró que este bloqueo de cuentas es un ataque contra la izquierda abertzale; y fue más allá, al augurar una operación policial contra la formación independentista en un plazo de tiempo no muy largo.

Aunque tras este bloqueo de cuentas sitúan a la jueza Le Vert, Lefort aseguró que «no esta sóla en ello». Como botón de muestra, apuntó el titular ofrecido por el periódico francés ``Sud Quest'' en torno al acto político realizado en Durango el pasado sábado con motivo del 30 aniversario de Herri Batasuna, donde desde el rotativo lo definían con un «acto en apoyo a ETA».

El miembro de Askatasuna subrayó que todos estos elementos «pretenden preparar el terreno para una operación policial» contra Batasuna; «como ya lo hicieron contra Askatasuna y Gazteriak», apostilló.

Asimismo, Jean-François Lefort se mostró preocupado por la falta de respuesta ante este tipo de atropellos e indicó que la ciudadanía «asume y termina aceptando» estos ataques. También se mostró muy crítico ante el silencio de algunos sectores y aseguró que tras ese mutismo también hay «parte de culpa», por lo que animó a la ciudadanía, así como a sindicatos y formaciones políticas a criticar este tipo de actuaciones.

Tras la comparecencia de Lefort, Julen Arzuaga, abogado e imputado en el juicio contra el movimiento pro amnistía, y la letrada Arantza Zulueta tomaron la palabra y centraron su alocución en los macrojuicios que se llevan a cabo en la Audiencia Nacional española.

Arzuaga explicó a los asistentes la razón que lo llevó a él y a los 26 imputados más a rehusar la defensa jurídica ante los magistrados de la Audiencia Nacional. El letrado laudiotarra detalló que ellos van a Madrid a practicar una denuncia política y a situarse «al lado de los represaliados»; «como lo hemos hecho siempre», incidió.

Explicó que con esta actitud desobediente pretenden «robar legitimidad» a los jueces españoles. Julen Arzuaga informó que ellos no comulgan ni con los valores ni con los parámetros de este tribunal especial por lo que, según explicó, decidieron situarse ante él y «poner en práctica la denuncia» que durante años ha llevado a cabo el movimiento pro amnistía. En esta línea, recordó que ante la Audiencia Nacional denunciaron la práctica de la tortura, la política penitenciaría, así como la falta de libertad de expresión.

Defensa política

Arzuaga aseguró que antes incluso de que diese inicio la vista oral la sentencia «ya estaba escrita». Aunque se mostró pesimista en torno a su situación personal, ratificó que con la posición adoptada por los miembros del movimiento pro amnistía «en el futuro se verán los frutos y la gente se librará de la prisión». Sentenció que aunque ellos han dejado a un lado la defensa jurídica, «están haciendo una defensa política porque la Audiencia Nacional es un tribunal político»..

La letrada Arantza Zulueta puso el punto y final a las jornadas, haciendo un breve repaso de los macrojuicios acontecidos en la Audiencia Nacional. Para esta abogada, Euskal Herria vive «una suspensión de derechos, que pretende ser tapada para poder vender democracia» y afirmó que a eso se le llama «judicialización de la represión».

En este sentido, precisó que esa suspensión de derechos «va más allá en lo que respecta a la Audiencia Nacional». Trajo a colación toda la labor realizada en torno al macrojuicio 18/98, donde más de 200 testigos dieron cuenta del trabajo que realizaban los procesados. Zulueta criticó, sin embargo, que ninguno de esos testimonios fue tomado en cuenta a la hora de dictar sentencia. Asimismo, recordó que los propios abogados fueron víctimas de diligencias por denunciar la tortura ante los magistrados españoles.

Tras el breve repaso, Arantza Zulueta aplaudió la postura de los imputados en el actual juicio contra el movimiento pro amnistía, tildándola de «valiente y digna».

Las jornadas «Askatasun Oihua», llevadas a cabo en la universidad de Baiona y organizadas por Askatasuna y el Comité en Defensa de los Derechos Humanos del País Vasco, tenían como objeto «romper el silencio que se pretende imponer».

La iniciativa que arrancó el pasado viernes contó con cuatro ejes de debate, como son la tortura, la situación de los presos políticos vascos en el Estado francés, la judicialización de la represión y los procesos de ilegalización.