El escolta que protegía a Sonia Franco había denunciado a finales del pasado año que su agresor había quebrantado al menos en dos ocasiones la orden de alejamiento que pesaba sobre él. La propia Sonia Franco interpuso una queja por escrito, ante la que «no hubo interés» por parte del Gobierno de Lakua. Pero no se encendieron las alarmas institucionales hasta que la asociación Acovidem denunció públicamente la retirada de la escolta a tres mujeres de las cinco a las que se había implantado este servicio de protección en Gipuzkoa.

El pasado 7 de abril y ante la Comisión de Mujer del Parlamento de Gasteiz, el consejero de Interior de Lakua, Javier Balza, justificó la retirada de los escoltas en que «el riesgo había disminuido», y a renglón seguido afirmó desconocer la existencia de una denuncia de los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento. Y prometió investigar.

Ayer, Sonia Franco compareció en la misma comisión del Parlamento de Gasteiz, donde informó de la manera en que esa «investigación» policial le llevó a encontrarse una vez más con su agresor en las dependencias judiciales.

Error de impresión

Sonia Franco relató que tras la comparecencia del consejero de Interior, la Ertzaintza se puso en contacto con ella para que presentara una denuncia de los quebrantamientos de su agresor en su domicilio y en el lugar de trabajo, a lo que ella se negó «porque era el escolta quien los había presenciado y porque no quería volver a ponerme en peligro al denunciar sin escolta».

Sin embargo, la Ertzaintza denunció los hechos de oficio, por lo que Sonia Franco fue citada a un juicio rápido. Debía acudir al juzgado a las 9.00 horas, para lo que pidió protección a la Ertzaintza, ya que su agresor también estaba citado. La Policía le denegó el auxilio, asegurándole que él estaba citado una hora más tarde, aconsejándole que llamara a la patrulla si veía cerca a su agresor. Cuando Sonia Franco llegó al edificio del juzgado encontró a su agresor en la puerta, debido, según la Ertzaintza, «a un error de impresión».

En su comparecencia de ayer, además, Sonia Franco reiteró sus críticas al sistema de evaluación del riesgo que utiliza Lakua con las mujeres objeto de malos tratos, porque en ellas, entre otras cosas, «no se ha tenido en cuenta la opinión de las mujeres», y en consecuencia las víctimas desconocen en base a qué se hacen las valoraciones.

También denunció que en este caso las víctimas tengan que estar continuamente demostrando las razones de sus denuncias. De hecho, recordó, de las tres mujeres a las que se retiró el servicio de escolta, sólo se habla de su caso porque ella tenía papeles, denuncias por escrito, informes... que demuestran su denuncia, lo que no quiere decir que las otras dos mujeres no hayan sufrido incidentes durante el tiempo que han llevado escolta que no merecieran ser tenidos en cuenta a la hora de valorar el nivel de riesgo al que se enfrentan.

Considera Sonia Franco que el consejero de Interior, en su comparecencia ante la comisión parlamentaria, intentó desacreditar la denuncia de Acovidem por haberla difundido a través de los medios informativos, «cuando si acudimos a esa denuncia pública fue como último remedio, una vez que todo lo demás no hubiera funcionado». Pero, tras la reunión de ayer, cree que entre los grupos parlamentarios hay una sensación generalizada de que las valoraciones de riesgo están fallando, y que habrá que cambiar algo para que funcionen.

No borrar subjetividades

La presidenta de la Asociación contra la Violencia Doméstica y en Defensa del Menor (Acovidem) acompañó a Sonia Franco en la reunión parlamentaria. Esther Antero matizó la justificación de Interior para la retirada de la protección de escoltas a las mujeres maltratadas, porque «al no haber convivencia, los incidentes se espacian más en el tiempo, lo que no quiere decir que no exista peligro».

Sin embargo, esos incidentes se dan, y Antero relató uno más del que ella misma había sido testigo. Este hecho tuvo lugar el 21 de noviembre, en una charla de Acovidem en el barrio de Altza, donde estaba anunciada la presencia de Sonia Franco, que no pudo ocurrir por motivos de salud. Una asistente a la charla preguntó una y otra vez detalles de las medidas de protección a estas mujeres. Y Esther Antero pudo saber posteriormente que se trataba de la actual pareja del agresor de Sonia Franco. La presidenta de Acovidem puso este hecho en conocimiento de la Ertzaintza, que no lo tuvo en cuenta porque «no había sido directamente la ex pareja quien se había interesado por los detalles de la escolta».

En su intervención en la comisión, Esther Antero se preguntó si es posible que hayan variado las circunstancias a la vez de tres de las cinco mujeres que llevaban escolta en Gipuzkoa, y pidió que a la hora de valorar esas circunstancias no se pierda el norte, «no borrar las subjetividades para objetivizar».