En la sesión de ayer del juicio contra el movimiento pro-amnistía volvió a quedar en evidencia que los representantes de la Justicia española no guardan ni las formas a la hora de juzgar a independentistas vascos, al reconocer el propio fiscal, Carlos Bautista, que no existen imputaciones individualizadas contra los procesados.

El reconocimiento realizado por el representante del Ministerio Fiscal ante los alumnos de la Universidad Complutense que asistían a la sesión como invitados resulta revelador. Según tuvo conocimiento GARA, Bautista afirmó en una charla distendida durante el tiempo de descanso que no existían imputaciones individualizadas contra los procesados, pero que a pese a ello trataría de probar con los atestados de los ataques a juzgados de paz y miembros de la judicatura como José María Lidón, muerto tras un atentado de ETA, que el movimiento pro-amnistía era el encargado de generar el «ambiente» para que estos se produjeran.

Con estas afirmaciones, Bautista pasa por encima de uno de los principios básicos que rige el Derecho Penal español, como es la individualización de la conducta, que obliga al acusador a decir lo que ha hecho cada uno de los imputados y acreditarlo con pruebas objetivas y de cargo obtenidas sin vulnerar derechos fundamentales.

Asimismo, sus palabras corroboran, al igual que lo acontecido hasta el momento, la denuncia que realizaron los procesados al calificar el juicio de «circo» y «farsa» y renunciar a la defensa jurídica al saberse condenados de antemano por la Audiencia Nacional.

Y es que la semana pasada los jueces del tribunal especial no se inmutaron ante los relatos de torturas realizados por los represaliados Jorge Olaiz, Susana Atxaerandio e Ibon Aranalde, que acudieron a declarar como testigos, y la presidenta de la Sala, Teresa Palacios, hasta corrigió las manifestaciones de un guardia civil que habló de la «preparación espontánea» de la declaración policial efectuada por Olaiz durante los días que permaneció incomunicado tras su detención.

Además, la Guardia Civil presentó com pruebas inculpatorias actividades públicas del movimiento pro-amnistía para la financiación y su estructura orgánica.

«Criminalización de la crítica»

Como portavoz de los procesados, Josu Beaumont, recordó ayer a GARA tras finalizar la sesión las manifestaciones de la magistrada Palacios, que señaló en la primera sesión que no se estaba juzgando a la Audiencia Nacional y que los imputados serían juzgados por sus actuaciones individuales.

Para Beaumont, las pruebas presentadas ayer por las acusaciones han dejado «claro que la «crítica» a la Justicia española no es «lícita», y es «criminalizada» porque, como el propio fiscal reveló, no existen imputaciones individualizadas.

En los distintos atestados que ratificaron los 26 ertzainas que declararon como testigos tan sólo se nombró a un acusado, Aratz Estonba, que fue detenido tras una manifestación por los presos que se celebró frente a una movilización en protesta por la muerte de Ernest Lluch. Sin embargo, fue juzgado por estos hechos y quedó absuelto.

El imputado navarro trajo a colación también la acusación de generar el «ambiente» para que se produzcan ataques contra distintos estamentos de la Justicia española, y consideró que la actuación del fiscal les ha hecho rememorar lo sucedido con la alcaldesa de Arrasate, Ino Galparsoro.

Según denunció, PNV y PSOE crearon el «ambiente» para su encarcelamiento presentando la moción «ética», y al no conseguir completar sus objetivos políticos al ser rechazada la moción, la Audiencia Nacional salió a la palestra porque «siempre» funciona a base de «impulsos políticos». A su juicio, el Estado cuenta con el «monopolio» de la violencia y el tribunal especial cumple ese «rol» para influir en la política.