El presidente de la Real Sociedad, Iñaki Badiola, trasmitió ayer en su reunión con el Comité de Empresa que la deuda del club asciende a 46 millones de euros, cuando el pasado viernes hizo públicos unos datos en los que la deuda neta que presentaba era de 26,11 millones de euros, entre los que estaban incluidos los 2,2 ingresados vía transferencia desde un banco norteamericano que ahora ha dicho que son préstamo suyo.

Lo curioso del caso es que los miembros del Comité han trasmitido a sus compañeros que en la reunión del 14 de abril le trasladaron a Badiola ese rumor de que la deuda pudiera ascender a 46 millones y habría respondido que no, que era de 18.

De hecho, ésa es la cifra recogida en el informe de auditoría que incluye el balance de situación a 31 de diciembre de 2007, según los datos a los que tuvo acceso GARA y que hicimos públicos ayer. La deuda neta sale de restar del total de la deuda a corto y largo plazo la suma del activo circulante y de las inmovilizaciones financieras. Así a 31 de diciembre, con un informe de auditoría que lo avala, la deuda neta del club era de 18,73 millones de euros. En el balance de situación que hizo público el pasado viernes Badiola esa cifra asciende a 26,11. La mayor parte corresponden a entidades o personas que no van a poner en peligro el normal desarrollo de la actividad de la Real o algunas cantidades que aparecen como deuda no se deben pagar.

A modo de ejemplo, a 31 de diciembre los acreedores más importantes eran Kutxa (9,2, cantidad de la que han desaparecido los 900.000 euros de la hipoteca del local de la calle Txurruka), y Hacienda y la Diputación (7,8). Se incluían los 2,7 de anticipo por la venta de los terrenos de Zubieta que desaparecerán con su recalificación y los abonados aparecen como acreedores con 4,33 por haber pagado antes del inicio del año toda la temporada, cuando no pueden recuperar esa cantidad en ningún caso.

Poco se sabe de la deuda a 31 de marzo que presenta Badiola, sea de 18, de 26 o de 46. Lo único que está claro, porque lo ha reconocido, es que aparecen los 2.200.000 euros que el presidente presenta como una aportación suya y que la Real está obligada a devolver a corto plazo con sus intereses del 5,85%. De lo contrario, el que lo ha prestado puede ejecutar las garantías que hayan acompañado el préstamo o incluso solicitar una ley concursal por vía judicial. Lo que dejó claro, según han trasmitido los miembros del Comité a sus compañeros, es que piensa recuperar todo el dinero que ponga con sus intereses, aunque luego habla de donar éstos a causas benéficas.

Todo es incomprensible, como que un presidente anuncie públicamente que su empresa está en situación de quiebra técnica porque ha decidido de manera caprichosa colocar 9,47 millones de euros como pérdidas, cuando este concepto no depende de la voluntad del gestor, sino de la diferencia entre los gastos y los ingresos registrados en el ejercicio hasta el 31 de marzo.

Una Junta sin información previa

Y Badiola dio a entender en su entrevista del lunes de Localia que no va a dar información hasta la Junta Extraordinaria que ha anunciado para el 17 de junio. Algo que resulta increíble. En cualquier Junta Ordinaria que son meros trámites se envía al domicilio de los abonados toda la información económica con tiempo, se explica ante los medios de comunicación y además se facilita a los accionistas que lo soliciten el informe de auditoría de las cuentas.

Pues el 17 de junio parece que se quiere que los accionistas tomen decisiones muy importante sin tener información antes. Badiola señaló en su reunión con el Comité que esa Junta tendrá tres puntos en su orden del día. El primero sería la información sobre la due diligence, el segundo una especie de moción de confianza del Consejo y el tercero la aprobación de medidas extraordinarias para abordar la situación que Badiola presentará como «caótica».

El presidente realista comunicó al Comité de Empresa que entre estas medidas estará una regulación de empleo para abaratar el despido de otros 25 trabajadores. Badiola dijo en Localia que desde la primera reunión se les comunicó que éste era el porcentaje a eliminar y los representantes de los trabajadores lo negaban ayer de manera tajante. Ayer sí les anunció que piensa despedir a otros 25 que se añadirían a las cinco que han recibido la carta de despido en los últimos meses. De aprobarse una regulación de empleo, los despedidos perderían el derecho a cobrar 45 días por año trabajado y sólo podrían recibir 20 hasta un tope de lo equivalente a doce mensualidades. Badiola indicó que principalmente serían despedidos trabajadores que tuvieran sueldos más altos, lo que implica mayor gasto a corto plazo en indemnizaciones.