El presidente de la asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED), Gilberto Pagani, denunció ayer en Bilbo, acompañado por miembros de la asociación de abogados vascos Eskubideak, que también forman parte de dicho organismo, la carencia de «garantías jurídicas» en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional española contra el movimiento pro-amnistía.

Pagani presentó también, en la rueda de prensa ofrecida en la sede del Colegio de Abogados de Bizkaia, la moción aprobada por la asociación AED en referencia a este sumario el pasado mes de abril en Amsterdam. En el documento se exige «la derogación de tribunales de excepción tales como la Audiencia Nacional».

El presidente de la AED recordó que la situación que se está viviendo «no es nueva» en lo que respecta a la Justicia española, ya que esta asociación europea ya siguió de cerca el juicio del macrosumario 18/98 que se celebró durante año y medio en el mismo tribunal especial.

Según se recoge en el texto, la AED ha mostrado «desde hace ya varios años su preocupación en repetidas ocasiones en relación a procedimientos seguidos en la Audiencia Nacional, entre otros, el sumario 18/98, por la aplicación de una serie de leyes de excepción que vacían de contenido principios universales del derecho, garantías básicas y derechos fundamentales de la persona detenida y procesada».

La asociación de abogados europeos recuerda que entre los 27 ciudadanos vascos procesados se encuentra el miembro de Eskubideak Julen Arzuaga -que asistió a la rueda de prensa-, y denuncia «la vulneración del derecho a la defensa y el secreto profesional» que se han producido en la instrucción del sumario. En este sentido, criticó una serie de medidas como «la entrada y registro de despachos profesionales sin las garantías debidas al secreto profesional y a la confidencialidad de las comunicaciones con los clientes, la dilación indebida del proceso y el abuso de las medidas cautelares, tales como la prisión preventiva hasta el máximo de cuatro años y la suspensión judicial de la actividad de estas asociaciones», en referencia a Gestoras pro amnistía y Askatasuna.

El documento aprobado muestra también el rechazo «a la criminalización del ejercicio del derecho a la defensa con el fin de limitarlo» y «la arbitraria e inadmisible extensión del concepto de terrorismo hasta alcanzar actividades públicas y democráticas acogidas al derecho de la libertad de expresión y a la acción política y social libre». A juicio de AED, la aplicación de esta legislación excepcional ha dado lugar «a la vulneración de derechos fundamentales, del derecho a la defensa y del derecho a la presunción de inocencia».

Acudirán como observadores

Pagani anunció que al igual que en el macrosumario 18/98, la AED enviará observadores de todos los paises europeos que forman parte de la asociación a seguir el juicio.

El presidente del organismo insistió en que es «inadmisible la existencia de la Audiencia Nacional» y explicó que acudirán a las sesiones de la Casa de Campo para seguir de cerca el proceso 33/01 y «denunciar y hacer públicas las vulneraciones que puedan producirse en relación al derecho a un juicio con todas las garantías y al ejercicio al derecho a la defensa».

El presidente de la AED consideró que «las cosas han cambiado desde el 11-S», y afirmó que «la simple exposición de ideas ahora se considera un delito».

«En toda Europa se están dando situaciones en las que dar una opinión se considera un crimen y denunciar situaciones desde una actividad política dentro de la legalidad y sin ejercer ningún tipo de violencia, un ataque al Estado», añadió.

«Es un juicio político»

La letrada y miembro de Eskubideak, Ainhoa Baglieto, que está ejerciendo de abogada en el juicio contra el movimiento pro-amnistía, señaló que los 27 acusados se encuentran «indefensos». En este sentido, criticó que en comparación con otros sumarios, el tribunal pretende «vender» una imagen más democrática, sin gritar ni descalificar, pero denunció que «no estamos ante un Estado de Derecho».

Baglieto manifestó que es un juicio contra la labor de un movimiento popular y denunció que «el objeto penal es difuso», ya que «no hay una individualización de los hechos».

El propio representante del Ministerio Fiscal, Carlos Bautista, reconoció en una charla con los alumnos universitarios que asistían al juicio como invitados que no existen imputaciones individualizadas contra los procesados, contradiciendo uno de los principios básicos del Derecho Penal español que se rige por acusar a cada persona de hechos concretos y acreditarlo con pruebas.

Por ello, consideró que «nos hayamos ante un juicio político que sólo puede enjuiciar un tribunal especial, como es la Audiencia Nacional, porque no hay ningún delito» tras la actuación de los imputados.

Baglieto declaró que el «verdadero» delito que pretende juzgar la Audiencia Nacional no está tipificado en el Código Penal, y se trata de «haber denunciado la falta de derechos y la existencia de un conflicto político». «Están aplicando el derecho para juzgar al enemigo», sentenció.

La abogada señaló que con este tipo de procesamientos, al igual que con los del 18/98, el sumario contra «Jarrai-Haika-Segi» o el encarcelamiento de la alcaldesa de Arrasate, Ino Galparsoro, «el Estado quiere demostrar que no hay margen para la disidencia política».

Moción aprobada por AED

La Asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED) ha tenido conocimiento de la apertura del juicio oral en relación al sumario 33/01 contra las organizaciones Gestoras pro amnistía y Askatasuna, dedicadas a actividades públicas en denuncia de violaciones de derechos humanos y a la solidaridad con las personas presas y con las víctimas de dichas violaciones. En este procedimiento se encuentran imputadas 27 personas, y entre ellas el abogado Julen Arzuaga, representante de Eskubideak en nuestra asociación.

La AED desde hace ya varios años ha mostrado su preocupación en repetidas ocasiones en relación a procedimientos seguidos en la Audiencia Nacional, entre otros el sumario 18/98, por la aplicación de una serie de leyes de excepción que vacían de contenido principios universales del derecho, garantías básicas y derechos fundamentales de la persona detenida y procesada.

La interpretación extensiva de tipos terroristas y la aplicación de esta legislación excepcional, ha dado lugar a la vulneración de derechos fundamentales, del derecho a la defensa y del derecho a la presunción de inocencia.

En este contexto, debemos mostrar nuestra preocupación por las condiciones en las que se ha desarrollado la instrucción de este sumario. Entre otras, la entrada y registro de despachos profesionales sin las garantías debidas al secreto profesional y a la confidencialidad de las comunicaciones con los clientes; la dilación indebida del proceso y el abuso de las medidas cautelares, tales como la prisión preventiva hasta el máximo de cuatro años y la suspensión judicial de la actividad de estas asociaciones. Por todo ello, queremos hacer constar que:

-Denunciamos la vulneración del derecho a la defensa y al secreto profesional.

-Exigimos la derogación de tribunales de excepción tales como la Audiencia Nacional.

-Rechazamos la criminalización del ejercicio del derecho a la defensa con el fin de limitarlo.

-Rechazamos la arbitraria e inadmisible extensión del concepto de terrorismo hasta alcanzar actividades públicas y democráticas acogidas al derecho de la libertad de expresión y a la acción política y social libre.

La AED seguirá de cerca el proceso 33/01 para, en su caso, denunciar y hacer públicas las vulneraciones que puedan producirse en relación al derecho a un juicio con todas las garantías y al ejercicio al derecho a la defensa.