El documento que la Asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED) dio ayer a conocer muestra la preocupación que, desde hace varios años, causan en esa asociación los procedimientos seguidos en la Audiencia Nacional española. Incluido el juicio que se sigue actualmente contra Gestoras pro Amnistía y Askatasuna, en el que está encausado Julen Arzuaga, representante de la asociación de abogados vascos Eskubideak en la AED.

Basándose en la experiencia del seguimiento realizado en calidad de observadores del proceso 18/98, entre otros, los abogados de la AED han denunciado la carencia de garantías jurídicas fruto de la aplicación de leyes de excepción «que vacían de contenido principios universales del Derecho». Esa falta de garantías jurídicas se concreta en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y a la defensa, así como la criminalización de su ejercicio. Nada nuevo, como ha señalado el presidente de esa asociación; nada de lo que no sea consciente quien vive día a día la realidad de este país. La última muestra de esa falta de garantías la dio ayer el juez de instrucción de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón con un auto en el que desestima el recurso de ANV contra la suspensión de sus actividades al considerar que el rechazo de las mociones «éticas» es un indicio que refuerza su decisión contra el partido ekintzale.

La habitual respuesta a esas denuncias ha sido la criminalización. Hasta el punto de que los 27 encausados en el sumario 33/01 lo están por llevar a cabo una labor tan cívica como alertar a la sociedad de las irregularidades y vulneraciones de derechos similares a las que la AED ha constatado y que denuncia en su documento. No son nuevas, por tanto, ni esas vulneraciones ni la denuncia de las mismas. Pero sí es reseñable e importante que profesionales del Derecho de diversos países europeos las constaten ante la opinión pública, porque es un modo de contrarrestar la anestesia a que, a base de represión y propaganda, los poderes del Estado someten a la ciudadanía para camuflar tras un discurso supuestamente democrático las continuas actuaciones contrarias al Derecho en el que dicen se sustenta el Estado español.