Evo Morales aseguró sentirse «satisfecho» por la decisión tomada el jueves por unanimidad en el Senado de Bolivia, que aprobó la Ley de Referéndum revocatorio al mandato del presidente, del vicepresidente -Álvaro García Linera- y de los nueve gobernadores de departamentos, la mayoría opositores. Fue el Gobierno el que, en diciembre de 2007, presentó el proyecto de ley ante el Congreso, cuando el país vivía una tensa situación relacionada con el proceso constituyente. La propuesta, tras ser aprobada en la Cámara de Diputados, permaneció varios meses bloqueada en el Senado.

«Quiero reiterar mi posición de someternos al pueblo, que nos diga quién sirve y quién no para gobernar», señaló Morales, para quien esa consulta es «una forma de profundizar la democracia» en el país y una expresión de respeto a la legalidad.

Pidió que el Congreso le envíe cuanto antes la ley de convocatoria del referendo para promulgarla de inmediato. Según la legislación boliviana, la consulta deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes al visto bueno del mandatario.

En este referendo se preguntará a los bolivianos si están de acuerdo con «la continuidad del proceso de cambio» encabezado por Evo Morales y García Linera, así como con la permanencia de los gobernadores.

La ley establece que para que la revocación sea efectiva el «no» debe superar tanto el porcentaje de apoyo obtenido en los comicios nacional y departamentales de 2005, como el número absoluto de votos que obtuvieron. En el caso de Morales y García Linera, tendrían que superar el 53,7% de apoyo y el 1.544.374 de votos logrados.

En caso de que la revocación salga adelante, Morales debe convocar elecciones generales en un plazo de tres a seis meses. Los prefectos, en cambio cesarían de inmediato y serían sustituidos por un gobernador interino designado por el presidente.

Horas antes de tomarse esta decisión en el Senado, Morales invitó a los nueve gobernadores del país a iniciar un diálogo el lunes sobre el modo de garantizar «una autonomía con justicia social, igualdad y unidad».

Las autoridades de Beni, Santa Cruz y La Paz rechazaron la invitación. Los primeros descartaron participar antes de que se celebren las consultas autonomistas en Beni, Pando y Tarija, mientras que el prefecto paceño dijo que sólo conversará si se revoca el decreto mediante el cual el Impuesto Directo a los Hidrocarburos es destinado a una pensión para mayores de 60 años en vez de ir a parar a las arcas de las prefecturas.