En la vista celebrada ayer en Bilbo para resolver sobre el rechazo de EDF a cumplir las medidas cautelares que le obligaban a informar sobre sus planes sobre Iberdrola, que dictó el titular del juzgado de lo Mercantil número 2 el 25 de marzo, la defensa de la eléctrica vasca pidió que se mantengan hasta que se resuelva si EDF ha cometido un delito de competencia desleal.

El abogado de Iberdrola Mario Fernández aseguró que EDF, «que es el vehículo del Estado francés» -ya que es el propietario de la mayoría de su capital-, ha evidenciado su actitud «prepotente» al negarse a cumplir el auto judicial que le obligaba a detallar públicamente sus intereses respecto a Iberdrola. Argumentó que pretende «perjudicar la situación de un competi- dor suyo» y por tanto, confió en que, al analizar el fondo del asunto, se considere probado que EDF ha cometido un delito de competencia desleal para dominar el mercado eléctrico del Estado español.

Consideró que EDF «ganaría siempre» de los «rumores», tanto si llegara a adquirir Iberdrola porque la compañía vasca «llegaría a valer menos», como si la operación fracasa, porque habría logrado dañar su imagen y situación en el mercado. Por ello, pidió que exija de nuevo a EDF que aclare sus propósitos para que, entre tanto, Iberdrola pueda continuar desarrollando su actividad «sin injerencias».

José Masaguer, otro de los letrados de la compañía, incidió en que los rumores en torno a la operación de EDF han afectado a la compañía, hasta el punto de que su presidente tuvo que reunir a más de 600 de sus principales accionistas antes de la junta general para tratar de tranquilizarles ante un supuesto «despiece o reparto» de la eléctrica vasca del que habían hablado responsables de EDF.

Iberdrola pidió al juez que la caución o garantía que se le reclama sea «forzosamente moderada», ya que de otra forma se le privaría de la posibilidad de la tutela judicial efectiva, y que se desestime los más de 200.000 euros demandados por EDF.

Por su parte, el letrado de EDF, Borja Obeso, solicitó que se alcen las medidas cautelares al considerarlas «improcedentes e injustificadas», ya que el objetivo de Iberdrola era «obtener información» que de otra manera no podría lograr. Planteó que si esas medidas no son anuladas, se sustituyan por una garantía de más de 200.000 euros..

Perjuicios

Según explicó, si en la dilación del proceso se incrementara el valor de cotización de la empresa vasca y finalmente se confirmara la operación, la compra sería a un precio mayor del inicial y esa garantía debería compensar la diferencia.

El auto del 25 de marzo obligaba a EDF a publicar anuncios especificando si ha iniciado o prepara la adquisición de Iberdrola. La compañía gala cree que informar sobre sus planes podría «perjudicaría gravemente» una posible operación de adquisición de Iberdrola y argumentó que la normativa sobre OPAs prohíbe anunciar esas operaciones.