Zain Dezagun Urdaibai asegura que la propuesta de la empresa Viviendas de Vizcaya-Amenabar de ampliar de 26 a 46 las casas previstas en el área de Zelaiondo, en el barrio busturiarra de San Cristóbal, «sin más contrapartida para la comunidad que la ejecución de una urbanización y una rotonda ya prevista en la normativa urbanística desde 1992», no se justifica social, medioambiental ni económicamente. Por ello, espera que la nueva Corporación, con mayoría de ANV-EA, restaure la legalidad, declarando nulo la reclasificación impulsada por el PNV.

La asociación estima que la única justificación del proyecto es facilitar la especulación urbanística y critica que la modificación de las normas subsidiarias se efectuó en la primavera de 2006 «casi en secreto». En cuatro meses, la Corporación presidida por los jeltzales las cambió sin dar audiencia a los colectivos medioambientales y obviando trámites como el Estudio de Impacto Ambiental, los informes obligatorios de Costas, de Ríos y Carreteras y otro que confirmase que la urbanización no afectará al patrimonio natural de este enclave de Urdaibai.

Para la asociación, el Ayuntamiento cometió con este proceder «un vicio de nulidad en origen». Antes de que la Diputa- ción vizcaina aprobase definitivamente el proyecto, 310 vecinos de Busturia firmaron un documento en el que mostraban su rechazo al plan.

El organismo ciudadano considera que la urbanización de 46 viviendas de lujo atentará contra el medio natural al promover la canalización y desvío del arroyo Sakoneta, la construcción de una carretera con su iluminación bordeando en más de 300 metros una zona de protección de aves, además de que se adentra en la marisma y humedal de Eskibille. En este lu-gar, subrayan desde Zain Dezagun Urdaibai, se destruirían los párrales de vid que son bienes protegidos de interés etnográfico-cultural.

El colectivo que lucha por impedir este nuevo plan urbanístico en Busturia recuerda que en la localidad, en la última década, se han construido más de 200 viviendas, cuando la población se ha mantenido estable alrededor de 1.700 personas y las casas vacías o de segunda residencia han pasado de 560 a 610 «en un alarde de insostenibilidad medioambiental».

Es más, considera injustificable que se pretenda duplicar el número de viviendas de lujo en la unidad de ejecución de Zelaiondo, olvidándose de preservar el interés social de promover una vivienda digna y asequible a los bolsillos de la mayoría de la población.

Aunque aguarda que la nueva Corporación le dé la razón, Zain Dezagun Urdaibai anuncia que, de no prosperar su iniciativa, acudirá a los tribunales a presentar un recurso contencioso-administrativo.