Anadie ha podido sorprender que anteayer la ministra de Defensa española, Carme Chacón, hiciera oficial la intención del Ejército de seguir ocupando las Bardenas. Aunque desde Nafarroa Bai se alentara durante los últimos meses la hipótesis de que Madrid contaba con algún emplazamiento alternativo, la realidad es que Defensa nunca ha mostrado intención alguna de retirar su dominio directo sobre la zona. Si existiera voluntad política, tiempo no le ha faltado desde 1951, cuando el régimen franquista ubicó esa instalación en Euskal Herria. Y tampoco desde 2001, cuando impuso un nuevo convenio de uso hasta 2008 aseverando que a su finalización sí se llevaría a cabo el ansiado desmantelamiento.

A la ministra habrá que agradecerle la sinceridad que muestra al apostar ahora por un nuevo convenio de «larga duración». Y es que el debate político sobre las Bardenas está marcado por la tergiversación. Por ejemplo, la que protagonizan UPN y PSN al posicionarse en las instituciones en favor del desmantelamiento cuando luego no trasladan esta posición a sus electos municipales. Y, sobre todo, la que el presidente de la Comunidad de Bardenas, José Antonio Gayarre, vuelve a emplear al presentar una futura renovación del contrato con el Ejército como la única fórmula posible para evitar la expropiación del territorio tras aquella «declaración de interés para la Defensa nacional» aprobada por el Gobierno de Aznar.

Un análisis objetivo de la cuestión muestra que en realidad las Bardenas ya está expropiado en la práctica por el Ejército español, al que le basta con ir subiendo progresivamente el canon económico para las localidades anexas y con aprovecharse de la inacción de partidos como UPN y PSN, que se presentan luego como defensores del derecho a decidir de la ciudadanía navarra. Una ciudadanía que, por contra, exige el desmantelamiento, como han mostrado todas las encuestas realizadas hasta la fecha. Las Bardenas se convierte por tanto en todo un símbolo de un país ocupado y de una ciudadanía privada del derecho a decidir.