Acuerdo para probar la permeabilidad de la balsa Noryeste
La mayoría de los grupos junteros de Araba han llegado a un acuerdo para realizar las pruebas de llenado en la balsa para regadío Noryeste, en el municipio alavés de Arrazua-Ubarrundia. Problemas técnicos, administrativos y políticos han retrasado la puesta en funcionamiento de una infraestructura que los regantes de la zona reclamaron y siguen considerando imprescindible para seguir con su actividad.
Txotxe ANDUEZA |
La mayoría de los grupos (PNV, PSE, PP, EA y Aralar) acordaron en el pleno de las Juntas Generales de Araba celebrado en Durana instar al Gobierno foral a elaborar una propuesta «sobre permeabilidad y pruebas de llenado» de la balsa Noryeste y a que inicie los trámites para solicitar «las indemnnizaciones a que hubiera lugar por parte de la emplesa constructora, por los problemas y retrasos acumulados en la ejecución» de la citada balsa. No hubo unanimidad, porque los grupos que respaldaron este acuerdo no tomaron en consideración incorporar al texto la garantía que los independentistas pedían para que, en cualquier caso, se asegure una infraestructura para el regadío en la zona. Y también porque EB no está a favor de este proyecto.
El amplio acuerdo alcanzado, sin embargo, no supone más que el inicio del recorrido para desbloquear la situación de la balsa situada en el término municipal de Arrazua-Ubarrundia, que se encuentra vacía por problemas de fugas detectados en el proceso de su construcción y, sobre todo, por la inexistencia de un plan de emergencia que posibilite su llenado.
Si el acuerdo aprobado ayer se lleva a la práctica, falta por hacer un diagnóstico de la situación de la balsa, conocer las posibles soluciones y su coste, decidir sobre ellas y ponerlas en marcha. Y si el análisis técnico o el llenado de prueba arrojan un resultado negativo, quedará por definir qué hacer con la inversión realizada y, lo que es más importante, cómo solucionar la demanda de los agricultores de la zona Noryeste que demandaron en 1994 una infraes- tructura para el riego.
Agua de segunda mano
En 1994, agricultores y propietarios de fincas de 25 localidades del norte y este de Gasteiz, constituidos en Comunidad de Regantes Noryeste, dieron los primeros pasos para conseguir la concesión de aguas para el regadío de la zona. Agrupaban a unos mil futuros regantes y en torno a las 5.000 hectáreas de terreno agrícola. Existía ya entonces un problema de falta de agua en verano, que llevó a la búsqueda de una solución diferente: utilizar agua «de segunda mano», esto es, reutilizar el agua tratada en la depuradora de agua residual de Krispijana.
Esta reclamación de los agricultores puso en marcha el proceso de construcción de la balsa que ahora se ha convertido en excusa para el cruce de acusaciones entre distintos grupos políticos en Araba. El proyecto de la balsa y la licitación de la red de riego se dieron bajo gobierno jeltzale en la Diputación; la construcción de la balsa y la recepción de ésta transcurrió en las dos legislaturas del PP; y la solución al parón que se ha dado desde el año 2004 en que se finalizó oficialmente la obra debiera producirse en esta legislatura, gobernada por el tripartito PNV, EA y Aralar. Ese cruce de responsabilidades, en el que también tercia el PSE que ha sostenido diversos gobiernos forales de ese periodo, ha sido el centro de la discusión. Pero los problemas son otros.
Grietas y cavidades
A lo largo del proceso de construcción de este embalse de 50 hectáreas de extensión y con una capacidad prevista de 7 hectómetros cúbicos, han aparecido en más de una ocasión dudas sobre su permeabilidad. Pero no existe un diagnóstico real del problema, no se sabe a ciencia cierta las dimensiones de las grietas y las cavidades, ni el recorrido de las posibles filtraciones. El ingeniero Julio López defendió recientemente en las Juntas Generales el proyecto por él realizado, negó relación alguna con la empresa adjudicataria de las obras y acusó al Gobierno foral, entonces en manos del PP, de haber variado en el año 2000 el proyecto inicial.
Julio López cree que los problemas de fugas pueden resolverse impermeabilizando las zonas afectadas o inyectando hormigón directamente en las simas. Pero en su opinión, el escollo principal en estos momentos es el debate en torno a la competencia en materia de aprobación de los planes de Seguridad y Emergencia y la «obstaculización» al proyecto que a su juicio han ejercido el Gobierno de Lakua y el Ayuntamiento de Gasteiz. López considera que este debate intenta disfrazar con aspectos técnicos el objetivo de «destinar la balsa de Ullibarri-Arrazua a vertedero de residuos sólidos». Este extremo fue rechazado con rotundidad por el PNV, cuyo portavoz se esforzó en subrayar que no contemplan otra utilización para la balsa Noryeste que la del regadío de tierras agrícolas.
El acuerdo alcanzado ayer debiera hacer frente a dos necesidades, según reconocieron la mayoría de los grupos en sus intervenciones. La primera de ellas es dar salida a una infraestructura en la que la Diputación ha invertido más de 10 millones de euros, que junto a las tuberías y sistemas de bombeo ascendieron a los 30 millones. Y la segunda, pero más importante aún, es dar una solución a en torno a los 1.000 agricultores que hace ya catorce años plantearon unos problemas de falta de agua para sus explotaciones, que se han visto agravados en este tiempo a pesar del sistema provisional y precario que utilizan en la actualidad.
El presidente de la Comunidad de Regantes espera que ahora los grupos junteros se pongan manos a la obra y empiecen a arbitrar las soluciones.
Por sus dimensiones y capacidad, la balsa Noryeste se clasifica como de categoría A, lo que implica, entre otras cosas, que para proceder a su llenado necesita contar con un plan de emergencias. La Comunidad de Regantes elaboró el suyo el pasado año. Lakua y el Ayuntamiento de Gasteiz han hecho ya sus informes y lo enviaron a la Comisión Nacional de Protección Civil, que tiene la última palabra.
En una primera valoración, el presidente de la Comunidad de Regantes de Noryeste, Luis María Ruiz de Infante, aseguró a GARA que «es positivo que se haya llegado a una unión para buscar una solución y se deje de emplear este tema como arma arrojadiza entre los partidos». Los regantes culpan a los partidos de la «utilización política que han hecho del problema» y les reclaman «que vayan a lo práctico, porque llevan 18 años sin hacer nada para poner en marcha el regadío».
Ruiz de Infante anunció que van a presionar para que no se siga retrasando la solución. «No nos vamos a dormir -advirtió-, no vamos a dejar que nos den largas como hasta ahora». El presidente del millar de regantes de Noryeste cree, contrariamente a los políticos, que el obstáculo no son las deficiencias técnicas sino el plan de emergencia, y personalmente tiene claro que el final del plazo para poder empezar a utilizar la balsa está en la campaña de riego del próximo año.
El pleno de ayer de las Juntas Generales, a pesar de su teórica ceremoniosidad, fue un ejemplo de la manera en que algunos de los grupos de la Cámara alavesa han abordado el problema relacionado con la balsa Noryeste. Echando balones fuera, utilizando las deficiencias en el proceso como arma arrojadiza y olvidando casi siempre que los tres partidos que han gestionado o apoyado la gestión a lo largo de la última década tienen su parte de responsabilidad en que en torno a mil agricultores sufran las consecuencias de los sucesivos retrasos en la puesta en funcionamiento de la balsa.
La moción a debate ayer había sido presentada por el PSE. Su portavoz, Txarli Prieto, hizo su propio repaso a lo ocurrido desde que en 1994 los regantes demandaran esta infraestructura, restó importancia al plan de emergencia que debe elaborarse sobre la obra y reclamó acuerdo para afrontar los problemas de falta de estanqueidad de la balsa, porque «en esta balsa hay mucho dinero invertido, muchas esperanzas de los regantes y un proyecto ecológico» para la reutilización del agua de la depuradora de Krispijana.
Nerea Gálvez, de Ezker Batua, partiendo del rechazo a la propia construcción de la balsa, indicó que el riesgo que comporta el llenado de la balsa «es inasumible», aunque dijo compartir la necesidad de buscar una alternativa a la inoperancia de la misma y a exigir responsabilidades, que figuraba en la propuesta del PSE.
Los procuradores de ANV presentaron una enmienda cuyo objetivo era conseguir «un compromiso en favor del sector primario» para que se garantice una alternativa de regadío para los agricultores de la zona. Aitor Bezares acusó a los partidos que protagonizan la polémica de estar «cómodos en el rifirrafe» y recordó que los regantes pagaron 50.000 pesetas por hectárea para reutilizar en el regadío el agua procedente de Krispijana, como forma de paliar la sequía que sufren de Agurain a Maturana «porque los consorcios de aguas de Gasteiz y Bilbo somos como esponjas que consumimos todo el agua».
Roberto González (PNV) culpó a los gobiernos del PP de no dar respuesta a sus demandas y no reconocer los problemas, y rechazó para la balsa todo destino que no fuera el de llenarla de agua.
Javier de Andrés retomó las polémicas que precedieron al pleno, defendió la gestión de los gobiernos del PP y situó el problema en la ubicación (decidida en tiempos de gobierno jeltzale en la Diputación) y no en la ejecución (durante las dos legislaturas de Ramón Rabanera).
Iñaki Aldekoa, de Aralar, resaltó que era una buena idea la reutilización del agua, pero dijo no entender «cómo se han hecho tantas cosas mal y todas seguidas». Defendió volver al inicio, «diagnosticar» el problema. Mientras, el representante de EA, Patxi Martínez de Albeniz, se mostró favorable al planteamiento de la balsa «porque cierra el ciclo del agua, lo que medioambientalmente es intachable», y abogó por encontrar la solución técnica más adecuada, «que debe ser rápida, definitiva y barata».
