Proyecto de ley para la consulta de Ibarretxe
Las preguntas que ha fijado Lakua crean más confusión tras lo anunciado por Urkullu
El Ejecutivo de Lakua ha adelantado a hoy la celebración del Consejo de Gobierno extraordinario en el que aprobará el proyecto de ley de consulta. Según ha sabido GARA, el documento cerrado por los miembros del tripartito el pasado viernes contiene una pregunta de apoyo al final dialogado de ETA, sin incluir condenas ni rechazos en los términos referidos por Iñigo Urkullu, y un aval para buscar un acuerdo sin exclusiones sobre el ejercicio del derecho a decidir.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
Con un día de antelación sobre lo inicialmente anunciado oficialmente, el lehendakari dará a conocer hoy el contenido del proyecto de ley sobre consulta que incluye las dos preguntas concretas que el Gobierno de Lakua quiere trasladar a la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, en torno al final dialogado de ETA y la búsqueda de un acuerdo sobre el ejercicio del derecho a decidir.
El texto del proyecto de ley quedó cerrado el pasado viernes en un encuentro mantenido por Juan José Ibarretxe con los miembros de su Consejo Político, Joseba Azkarraga y Javier Madrazo, y los máximos dirigentes de PNV y EA, Iñigo Urkullu y Unai Ziarreta.
En una primera parte, de algo más de un folio, el proyecto de ley recoge los compromisos adquiridos por el lehendakari para la celebración de la consulta y las bases que, en opinión del Ejecutivo de Lakua, permiten al Parlamento autonómico desarrollar esta competencia.
Como ya se ha expuesto públicamente en ocasiones anteriores, el Gabinete de Ibarretxe defiende su derecho a consultar a la sociedad en base al artículo 9.2.e del Estatuto de Autonomía según el cual «los poderes públicos vascos, en el ámbito de su competencia, facilitarán la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social del País Vasco». Pretende salvar así la falta de competencia directa que, sin embargo, sí aparece recogida en los nuevos estatutos autonómicos de Catalunya y Andalucía, que reconocen a sus respectivos gobiernos, y también a los ayuntamientos, «el derecho a promover la convocatoria de consultas populares(...) en los términos que establezcan las leyes».
La parte final del proyecto de ley que será presentado hoy recoge, por su parte, diversas disposiciones técnicas y materiales en relación a la convocatoria y celebración de la consulta.
Sobre ETA
En medio del proyecto de ley aparece la parte sustancial de la misma, o al menos la que más interés ha suscitado en los medios de comunicación, la referida a las preguntas concretas que al Gobierno de Lakua le gustaría plantear a la sociedad el próximo 25 de octubre. Desde el principio, Juan José Ibarretxe anunció que versarían sobre lo que denominó como principio ético, referido al fin de la violencia, y al principio democrático de respeto a la voluntad de la sociedad vasca.
En este contexto, la primera pregunta busca el apoyo de la sociedad vasca a un final dialogado de la violencia, en las coordenadas que en su día marcó la resolución aprobada en el Congreso de los Diputados en mayo de 2005, que contemplaba como condición que ETA mostrara una clara voluntad de poner fin a su actividad armada y actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción.
En los últimos días se ha producido un cierto revuelo mediático en torno a si el texto del proyecto de ley contemplaba un rechazo expreso a ETA o incluso una condena a sus actividades. En una entrevista publicada el lunes por «El Correo», el presidente del EBB, Iñigo Urkullu, respondía que «evidentemente» la pregunta de la consulta incluiría un rechazo explícito a ETA, a lo que añadía que «el PNV no puede jugar con preguntas ambiguas cuando se habla de un principio ético».
Según han manifestado a GARA fuentes de absoluta solvencia que tienen conocimiento directo del texto del proyecto de ley, a día de ayer, en ninguna de sus partes incluía ni una condena a ETA ni un rechazo explícito de su actividad, como había afirmado Urkullu.
La versión que ayer dio la portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, es que la primera pregunta es «para poner a ETA en su sitio» y «para exigir el final de ETA y abordar un final dialogado de la violencia y para dejar sentado que las decisiones políticas corresponden tomarlas a los representantes políticos. Y sólo a ellos y a ellas».
Ante la insistencia de los periodistas por saber si el texto hacía referencia a una condena de ETA, Azkarate respondió preguntando a su vez «¿les parece que se ha condenado pocas veces en esta sociedad a ETA?. ¿Parece poca condena decir que debe desaparecer y que los acuer- dos políticos, la discusión política, corresponde sólo a los políticos». En opinión de la portavoz, «la mayor condena frente a quienes defienden que ETA es un agente político activo y que tiene algo que decir, es decirle que desaparezca y que los acuerdos políticos corresponden a quien corresponden».
Sobre el derecho a decidir
La segunda pregunta, según fuentes conocedoras del texto, contempla el mandato social de que las fuerzas vascas, sin exclusiones, busquen un acuerdo sobre el ejercicio del derecho a decidir. La búsqueda de este acuerdo tendría un horizonte tasado en el tiempo y lo consensuado por los partidos debería después ser refrendado por la ciudadanía vasca.
Una vez de que el proyecto de ley sea aprobado hoy por el Gobierno será inmediatamente remitido al Parlamento para su tramitación por vía de lectura única. Su aprobación dependerá de la posición que adopten sobre él los partidos que no apoyan al Ejecutivo. Si la Cámara decidiera finalmente convocar la consulta, desde diversos ámbitos del PSOE ya se ha dejado claro que el Estado empleará todos los resortes legales de los que dispone para impedir que se lleve a cabo. El más previsible es la suspensión por recurso al Tribunal Constitucional.
La primera pregunta defiende el final dialogado de ETA si se producen las condiciones recogidas en la resolución del Congreso de mayo de 2005 y que posibilitaron el proceso negociador de 2006-2007.
La segunda pregunta busca el apoyo de la ciudadanía a la búsqueda de un acuerdo sin exclusiones entre los partidos vascos sobre el ejercicio del derecho a decidir, que luego sería refrendado por la ciudadanía.
La estrategia comunicativa del Gobierno de Lakua en relación a la aprobación de este proyecto de ley de consulta se ha visto sometida a diversos vaivenes en estos días, hasta el punto de que la decisión de adelantar su aprobación de mañana a hoy se tomó ayer mismo, obligando a trastocar la agenda del lehendakari, que a la hora en la que estará dando cuenta del contenido de su propuesta tenía previsto mantener un encuentro con el vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluis Carod Rovira.
Juan José Ibarretxe salió el pasado martes de la Moncloa sin querer avanzar cuáles serían sus siguientes pasos y afirmando que todavía era posible intentar un acuerdo con José Luis Rodríguez Zapatero. Pero para el viernes estaba prevista una reunión de los máximos dirigentes del tripartito, donde se concretó los términos exactos del proyecto de ley. Además, estaba previsto que a partir de ese día se produjera una «filtración» a «Deia» y los diarios del «Grupo Noticias» con algún avance de la forma y tramitación que tendría el proyecto.
Sin embargo, el mismo viernes se produce una contraprogramación de filtraciones. La «cadena SER» señala que las preguntas incluirán una condena a ETA para impedir el apoyo de Ezker Abertzalea. Noticias similares se publican el sábado en «El Correo» -firmada por el mismo periodista que entrevistó al presidente del EBB, Iñigo Urkullu- y en «El Diario Vasco», de mano de su corresponsal político. La filtración a la SER pone ya en guardia al Gobierno, que se ve obligado a «rechazar absolutamente» esta versión a través de «Deia» y el «Grupo Noticias».
El domingo GARA publica una entrevista con el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, que dice que la iniciativa no será un «trágala» y que se hablará con todos los grupos. Lo que inmediatamente es desmentido por Iñigo Urkullu el lunes en la entrevista de «El Correo». En la misma, además, y conociendo el contenido del texto acordado el viernes, afirma que la pregunta «evidentemente» incluirá un rechazo explícito a ETA. Lo que según han señalado a este diario quienes conocen el acuerdo, no es cierto.
La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, afirmó ayer que el PNV está convirtiendo la reivindicación del derecho a decidir y de dar la palabra a la sociedad en «una simple disputa política» y en una riña. Frente a ello, reclamó «un acuerdo global para el futuro de Euskal Herria y para solucionar de una vez por todas el conflicto», y señaló que el debate se debería centrar en «el acuerdo que reconozca a Euskal Herria y se base en el respeto a la voluntad de los ciudadanos vascos», por lo que requirió que se defina «un recorrido que nos lleve a ese marco» y se aclare «el papel que las actuales instituciones deben tener en ese recorrido».
En una entrevista en Euskadi Irratia, Etxaide señaló que LAB seguirá con atención el pleno de junio y que lo estudiará «en base al recorrido que necesita Euskal Herria en su conjunto y con vistas a su futuro, por encima de conyunturalismos». Añadió que la sociedad vasca «difícilmente entiende» que «lo que está haciendo el PNV en el Parlamento de Gasteiz se sitúe en un proceso de solución del conflicto que necesita Euskal Herria».
