En el curso de las operaciones policiales contra el movimiento pro amnistía vasco en la madrugada del 31 de octubre de 2001, el juez Garzón ordenó registrar varios locales y oficinas, dos de ellos despachos de abogados, en Hernani y en Pamplona. En el de Hernani, se solicitó la presencia de un representante del Colegio de Abogados, pero la Policía desatendió esta petición y procedió al registro, incautando documentación, ordenadores y se precintaron los despachos. En el de Pamplona, se incautó el ordenador de una abogada. Garzón, en Bilbao por ésta operación, fue informado por la abogada Arantxa Zulueta de estos hechos, pero la operación continuó. Tras los recursos pidiendo la nulidad de los registros, se dictó auto el 7 de noviembre que ordenó la devolución del material incautado, guardándose el juez una copia del material. Así, se vulneró gravemente el derecho al secreto profesional, a la defensa como obligación de los abogados y garantía de los justiciables, a la inviolabilidad del domicilio profesional.

El pasado 21 de abril de 2008, se inicia el juicio del sumario 33/01 contra el movimiento pro amnistía vasco. La actividad de estos organismos es la denuncia pública de la violación sistemática de garantías jurídicas y procesales y de derechos humanos que padecen los presos vascos así como impulsar la solidaridad con ellos. Los 27 procesados, entre ellos el abogado Julen Arzuaga, tienen un indiscutible arraigo social y son parte de la sociedad civil que denuncia las expresiones represivas del estado y ayuda a las víctimas de esa represión a la vez que desarrolla iniciativas en defensa de las libertades y los derechos humanos.

El primer día del juicio todos los procesados, acusados de integración en banda armada sin haberse individualizado hechos presuntamente delictivos, han renunciado a su defensa jurídica, porque no reconocen al tribunal que les juzga y por la convicción de que la sentencia ya está hecha. Señalaron, que no les podían juzgar «por sus ideas».

La Asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED), reunida en Ámsterdam el 19 de abril de este año, muestra su preocupación por estos macrosumarios y declara que «(...) la interpretación extensiva de tipos terroristas y la aplicación de esta legislación excepcional, ha dado lugar a vulneración de derechos fundamentales, como el derecho a la defensa y el derecho a la presunción de inocencia».

Además, la AED, extiende su preocupación por la «(...) instrucción de este sumario (...), la entrada y registro de despachos profesionales sin las garantías debidas al secreto profesional y a la confidencialidad de las comunicaciones con los clientes; la dilación indebida del proceso y el abuso de las medidas cautelares...». Por último, la AED, exige la «derogación de tribunales de excepción como la AN».

Este nuevo dislate jurídico que supone el proceso 33/01, sólo se explica por el impulso político que contamina todos estos sumarios. Tras el 11-M en 2004, PSOE y PP rompieron el consenso en esta materia, pero no el «Pacto por las Libertades» del 2000. Esto ha supuesto un uso virulentamente partidista del problema vasco en el que la única diferencia era la intensidad en pedir su aplicación. Fracasada la negociación entre el Gobierno del PSOE y ETA, a finales de 2006, las líneas maestras de ese pacto vuelven a desplegarse.

El encarcelamiento de casi toda la dirección política de la izquierda independentista vasca, los nuevos procesos de ilegalización de partidos políticos en curso (ANV y PCTV) y el ingreso en prisión el pasado 30 de abril de la alcaldesa de Mondragón, Ino Galparsoro, acusada de «rebeldía contumaz» a la suspensión de su partido por una rueda de prensa, etcétera, expresan una profundización de la excepcionalidad de normas que conculcan derechos fundamentales proclamados en la Constitución de 1978.

La Ley de Partidos Políticos de junio de 2002, permitió, tras su tramitación ante el TS, la ilegalización de Batasuna. El apriorismo de «todo es ETA», inventado por Garzón e impulsado por PP-PSOE y por casi todo el arco parlamentario, supuso más ilegalizaciones y la prohibición de acudir a las elecciones a expresiones políticas que pudieran ser referentes de ese sector de la sociedad vasca. El juego electoral se prohíbe para cientos de miles de ciudadanos por sus ideas. La opción independentista que preconizan y su desacuerdo con el marco constitucional vigente, tiene todo que ver con esta privación de derechos políticos.

Si la Constitución regula el pluralismo político y el derecho al sufragio como valores esenciales del ordenamiento y se ilegaliza a opciones políticas contestatarias, se constata el déficit democrático del Estado. No se protege la discrepancia, sino que, se la elimina legalmente. La defensa de los derechos políticos y las libertades lo son para todas las personas y los pueblos, a la vez que condición necesaria para la democracia. Condenar las ideas y prohibir la confrontación política a ciertas opciones, abona el avance del totalitarismo.

La garantía de los derechos de las personas y la separación de poderes son principios básicos de un estado democrático. La separación de poderes exige la soberanía parlamentaria. El poder ejecutivo debe estar sometido a la ley y al derecho. El poder judicial debe ser independiente pero la clamorosa politización de la justicia refleja que el sistema no funciona.

La práctica política y mediática de criminalización de las ideas independentistas -cuando no las nacionalistas sin más-, así como su identificación con la violencia, supone la deslegitimación de las ideas y la justificación de la razón de estado como excusa para limitar derechos fundamentales.

La plena libertad ideológica, asociativa y de expresión es la mejor manera de hacer creíble un sistema democrático. Estrechar los márgenes de libertad, criminalizar al disidente, potenciar el «derecho penal del enemigo» para perseguir a la oposición, así como imponer la Constitución como algo intocable, a pesar de sus enormes déficits democráticos, es un atentado a la democracia que se dice defender.

El ministro Rubalcaba falta a la verdad cuando acusa de manera genérica a la izquierda independentista, de ser causante de la violencia en Euskadi. Se equivoca al subirse de nuevo al carro del pacto antiterrorista del 2000, pues esa mirada unilateral muestra una parte de la violencia, pero no toda. La única solución justa y democrática, pasa por asumir que existe un conflicto político. El sentimiento y el derecho de un pueblo a decidir por sí mismo no puede ser ni ignorado ni prohibido.

La solución a un conflicto político ha de ser política y justa. La Constitución española de 1978, puede y debe ser reformada, para que el derecho de autodeterminación de los pueblos pueda ejercerse si así lo deciden. Actualmente es un derecho prohibido fruto de la transacción política llevada a cabo al morir Franco. No hacerlo así, no apostar por la política con mayúsculas y el diálogo como forma de resolver los conflictos, nos conduce a menos democracia y más desestabilización, a nuevas leyes excepcionales destinadas a sectores sociales que cuestionan el orden establecido. En definitiva, al imperio de la razón de estado sobre las leyes y sus secuelas de represión y degradación de la democracia.