Es una barbaridad. Es la conclusión de los cientos de transportistas autónomos, y los sindicalistas y representantes políticos parlamentarios con los que nos hemos reunido durante las últimas semanas. Si no fuera por la gravedad del asunto sería un chiste, nos han dicho. Y es verdad. Los argumentos del Departamento de Hacienda del Gobierno vasco para abrir un expediente sancionador contra el sindicato Hiru son de risa. Y daría mucha más risa si no fuera porque la consecuencia del expediente puede ser el cierre de facto del sindicato de transportistas autónomos de Euskal Herria.

Tal vez al Departamento de Hacienda del Gobierno vasco, al Servicio Vasco de Defensa de la Competencia y al triunvirato formado por los señores Crucelegi, Bikandi y Berasategi les haga mucha gracia, pero a los transportistas autónomos que vivimos y trabajamos en este país no nos hace ninguna que el Gobierno vasco pretenda imponernos una multa de entre 100.000 y 10 millones de euros.

Pero ¿qué habéis hecho? nos preguntan. Pues ni más ni menos que convocar una rueda de prensa en la que presentamos el estudio realizado por el sindicato en torno al aumento de los costos de nuestra actividad. Acabamos recomendando a los transportistas autónomos que si querían sobrevivir tenían que cobrar un precio justo. Y ahí empezó el supuesto delito: en la utilización de una palabra prohibida. No se puede recomendar. Utilizar la palabra «recomendar» en público está prohibido por la Ley de Defensa de la Competencia. ¿A que da mucha risa?

Pero hay otra cosa que más que risa da miedo: El Servicio Vasco de Defensa de la Competencia obliga al sindicato Hiru, bajo amenaza de 12.000 euros de multa diarios, a entregarle el listado y domicilio de todos sus afiliados, y su documentación interna desde el año 2005. Además, el Servicio Vasco de Defensa de la Competencia puede registrar las instalaciones del sindicato, sin orden judicial, y llevarse toda la documentación que quiera.

Pero todavía hay más cosas que dan risa: Es cómico que mientras a nosotros nos castigan por haber violado la Ley de Defensa de la Competencia, a otros, allá en el Puerto de Bilbo, el Gobierno vasco pretenda pagarles cifras millonarias para que dejen de violar la ley (lo dicen ellos, no nosotros). Es para partirse de risa que la Comisión Nacional de la Energía española «recomiende» una subida de la luz del 11,3%, y a nadie se le ocurra multarle. Es para partirse de risa que en todas las gasolineras de Irun a Miranda el precio del gasoil sea el mismo y al Gobierno vasco le parezca estupendo. Da mucha risa que en este país algunos tengan patente de corso para acordar, imponer y recomendar tarifas y al Gobierno vasco le importe un pimiento.

No nos creemos el ombligo del mundo, pero sí sabemos que con Hiru desaparecería una forma de entender el transporte de mercancías por carretera. El modelo de transporte que Hiru ha defendido en su larga historia tiene que ver con las necesidades de este país y de sus ciudadanos y ciudadanas, y no con los beneficios económicos de grandes empresas y agencias del transporte que se lucran sin conducir un solo camión. El modelo de transporte que defiende Hiru tiene que ver con un transportista que trabaja como debe, que cubre sus costes y no tiene que arriesgar su vida y la de los demás para sacar adelante su trabajo. Nosotros y nosotras hemos hecho nuestros deberes. Hemos intentando, y en gran medida hemos conseguido, que en un sector atomizado como el nuestro los transportistas autónomos vascos se organicen y creen estructuras cuyos beneficios repercutan en el transportista autónomo y no en los intermediarios. Ése es el modelo de transporte que defiende Hiru. Y ése es, según parece, el modelo de transporte que le sobra al Gobierno vasco.

Estamos preocupados. Muy preocupados. No sólo por la que se nos viene encima, sino por lo que puede venir en el futuro. El que cinco sindicatos vascos seamos objeto del ataque del Gobierno vasco, vía Servicio Vasco de Defensa de la Competencia, no es una mera casualidad. La Ley de Defensa de la Competencia es la nueva fórmula para atacar las libertades sindicales, la libertad de asociación, y los derechos de las y los trabajadores. Además, en la actual coyuntura, el Gobierno vasco aprovecha para lavarse las manos ante la crisis y hacer responsable de la misma a las y los trabajadores.

Sin ir más lejos, a día de hoy la única decisión que ha tomado el Gobierno vasco ante la grave situación económica que viven los transportistas autónomos vascos ha sido abrir un expediente sancionador contra un sindicato que trata de ser altavoz de las reivindicaciones del sector.

Los sindicatos de clase, los pequeños autónomos, los partidos políticos y las asociaciones de consumidores estamos obligados a desmontar este plan. El Gobierno vasco y el Servicio Vasco de Defensa de la Competencia deben cambiar de rumbo.