El presidente de la Asociación de Concejos de Araba (ACOA), Javier Argote, denunció ayer desamparo por parte de la Diputación de Araba al presidente de la Junta Administrativa de Tresponde (en el municipio de Iruña de Oka), y defendió la legitimidad de la figura del presidente y de las decisiones que adoptan los concejos. De esta manera, ACOA arropaba a Davide di Paola, presidente de la Junta Administrativa de Tresponde, que estuvo en la rueda de prensa acompañado del fiel de fechos de la Junta Administrativa, Gregorio del Campo. Contra Di Paola ha recaído recientemente una sentencia que le condena al pago de una indemnización a Ecalsa, y un juez ha rebocado la decisión del Concejo de asumir el pago de esa sanción.

El contencioso que ha desembocado en estos hechos viene de lejos. Desde el año 2000 la Junta Administrativa de Tresponde ha manifestado su rechazo a que las canteras que Ecalsa explota en la localidad sigan en funcionamiento más allá del año 2012, fecha en la que finaliza el actual periodo de autorización. A pesar de ello, el año 2004 el Gobierno de Lakua concedió una prórroga de explotación a Ecalsa por 30 años, «abriendo el camino a la declaración de utilidad pública y a la expropiación de los terrenos del Concejo». Tresponde rechazaba esta decisión y solicitó a la Diputación de Araba los planos de las canteras para recurrirla ante los tribunales.

Cuatro meses más tarde, diversos medios publicaron un artículo de Davide di Paola criticando la resolución de Lakua y a la Diputación por no haberles facilitado la documentación que precisaban. La respuesta a este artículo fue doble. Por un lado, la Diputación les entregó de forma inmediata la documentación, con la que pudieron ela-borar un recurso por el que los tribunales anularon la decisión del Ejecutivo autonómico.

La otra respuesta vino de la empresa Ecalsa, que demandó al presidente de la Junta Administrativa, iniciando un contencioso judicial por un «delito contra el honor». La Junta Administrativa siempre ha respaldado las actuaciones de su presidente, asumiendo también el pago de la indemnización a la empresa que ordenó un juez. Pues bien, otra sentencia ha rebocado la decisión del Concejo, obligando a Di Paola a asumir individualmente la sanción.

No escucharon al Concejo

Javier Argote subrayó que no se habría llegado a esta situación si las instituciones competentes en la decisión sobre la prórroga de la cantera hubieran escuchado al Concejo de Trespuentes, en cuyos terrenos está situada, que piden su cierre en 2012.

El presidente de ACOA defendió la figura del presidente del Concejo, y afirmó que «no se puede personalizar ni imputarle personalmente por sus actuaciones en representación del Concejo». También defendió la legitimidad de los acuerdos de los concejos, «puesta en duda por el juez en su sentencia».

Argote condenó también el «desamparo jurídico», en este caso de los servicios jurídicos de la Diputación de Araba, que si bien es posible que no pudieran actuar al ser parte en el contencioso, «están obligados por la Norma Foral de Concejos a que el servicio jurídico nos defienda o pague las costas del proceso», lo que no han hecho tampoco en esta ocasión.