Competencia expedienta a supermercados por «pactar» para no abrir en festivos
El Servicio vasco de Defensa de la Competencia, dependiente de Lakua, ha abierto expediente sancionador contra varias grandes superficies, como Eroski, el Corté Inglés o Ikea, por un presunto pacto para no abrir en festivos. El servicio investiga ya a los sindicatos por la misma cuestión.
GARA |
El Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente del Ejecutivo de Gasteiz, ha abierto un expediente sancionador por un presunto pacto de las grandes superficies de la CAV alcanzado en 2005, para no abrir los festivos y domingos.
Las empresas podrán presentar alegaciones y será el mismo Tribunal de Defensa de la Competencia el que finalmente decida si se impone una sanción, según explicaron fuentes de este órgano de la competencia.
En el concreto, el servicio de defensa de la competencia ha abierto expediente a la Asociación española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, los centros comerciales Carrefour, el Consejo Empresarial de Comercio de Bizkaia (Cecobi), Decathlon España, El Corte Inglés, Eroski, Ikea Norte, Leroy Merlin, MediaMarkt, Supermercados Sabeco y Toys'r'us.
La decisión se comunicó el pasado lunes a las citadas empresas, después de la instrucción e investigación realizada por el Servicio vasco de Competencia.
A partir de ahora, se notificará un pliego de concreción de hechos, donde se les notifican los cargos a las grandes superficies a las que se ha abierto expediete. Posteriormente, podrán presentar alegaciones los denunciados y toda esta fase se puede prolongar durante un año.
Finalmente, el Servicio elaborará un informe, en el que recomendará al Tribunal vasco de Defensa de la Competencia sancionar a los denunciados o archivar el caso.
En el primero de los casos, las sanciones oscilarían entre los 100.000 euros y los diez millones de euros. El Tribunal vasco de Defensa de la Competencia tendrá un plazo de seis meses para adoptar la resolución definitiva.
Las sanciones oscilarían entre los 100.000 y los diez millones de euros, según un informe que el servicio elevará al Tribunal, para que éste decida la sanción o el archivo del caso.