El Gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, insistió ayer en llamar al diálogo a los prefectos opositores de Bolivia en lugar de seguir en el «camino de ilegalidad» que han emprendido, dijo el portavoz presidencial, Iván Canelas.

Las regiones de Beni y Pando, gobernadas por opositores, celebraron ayer sendos referendos para aprobar sus estatutos de autonomía en unas consultas a las que el Gobierno de Morales no concede validez por ser «ilegales» y convocadas al margen del marco constitucional.

El portavoz presidencial reprochó a estos prefectos que «se hayan opuesto de manera sistemática» a los llamamientos del Gobierno para construir un proceso de diálogo, incluido el último, en el que participan diversas fuerzas parlamentarias (excepto la principal, la alianza conservadora Podemos), así como la Iglesia Católica y representantes de países vecinos.

Los opositores, por su parte, admitieron la llegada de unas 11.000 personas a Beni y Pando para integrar grupos irregulares para «garantizar» el referendo. La mitad de ellos son miembros de la temida Unión Juvenil Cruceñista (UJC).