Nadie pone en duda que los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) son un ejemplo paradigmático del terrorismo de estado. En el posfranquismo pulularon grupos armados, apoyados siempre en el entorno de las Fuerzas de Seguridad. Gustaban de autoetiquetarse como antiterrorismo. A la cabeza, los GAL, organización creada por las altas instancias del Gobierno de Felipe González y sufragada generosamente por los Fondos Reservados del Estado. En un periodo de cuatro años ejecutó 27 asesinatos, aparte del chapucero secuestro de Marey. Pero los responsables no eran los policías Amedo y Domínguez, ni sus mandos intermedios, todos ellos mercenarios bien pagados, sino que ejecutaban órdenes de autoridades políticas que iban desde Damborenea, secretario del PSE, y Sancristobal, Gobernador Civil en Bizkaia, hasta el ministro de Interior, José Barrionuevo, y el secretario de Estado, Rafael Vera. Al frente de todos ellos el señor X, que por todos los indicios apunta al mismísimo presidente del Gobierno socialista, Felipe González.

Aunque se cortó la investigación, los mencionados cargos, entre otros, fueron condenados por secuestro y usurpación de fondos reservados. Paradójicamente, dirigió la acción judicial Baltasar Garzón, quien se vengó así de los socialistas por no haberle nombrado ministro. Antes de dos años, Aznar los liberó de la cárcel. No apeló esta vez a «los autores intelectuales de la trama» ni les aplicó la muletilla de «condenen ustedes. el GAL». Tampoco él lo veía mal. Para lograr su objetivo de «váyase» bastaba el saqueo generalizado a las arcas por altos cargos socialistas.

Ni a sus veinte años de recorrido, fue capaz la transición democrática de depurar a fondo las responsabilidades por el terrorismo de estado impulsado por los socialistas con la ayuda inestimable de miembros de las Fuerzas de Seguridad, herencia del franquismo. Epílogo natural de éste, fueron los GAL otro episodio más de guerra sucia, sólo que en plena transición democrática. Lamentablemente, también se cerró en falso. Y el Estado, que es tres poderes en uno, como la Santísima Trinidad, puede apoyarse en los poderes legislativo y judicial, los cuales, por independientes que se proclamen en teoría, se dejan amañar en interés propio. Es sencillo disfrazar el terrorismo de Estado de estado de Derecho, siempre que los dos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, se avengan a ello.

Y vaya si se avinieron. Sucedió en el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo sellado entre los dos el año 2000. La idea se la vendió a Aznar desde la oposición el propio Zapatero. Así reaccionaron al miedo que les entró en el cuerpo a raíz del Pacto de Lizarra-Garazi. Incurrieron justo en lo que le reprochaban a aquél. El Acuerdo es el paradigma del bipartidismo, un pacto de hierro entre dos, excluyente y groseramente antinacionalista. Acusa de connivencias a PNV y EA y les exige «la ruptura formal con el Pacto de Estella» para ser democráticos.

Araíz de la negociación del PSOE con ETA, se habla de la ruptura del acuerdo. Yo no lo creo así. Está vigente mientras siga en pie la secuela de leyes a las que dio origen. Por esta vía se elevarían a rango de Derecho pasadas actuaciones como la del encarcelamiento de la Mesa Nacional de HB (1997) y del cierre del periódico popular «Egin» (1998).

La primera y madre de todas fue la Ley de Partidos aprobada el año 2002. Achacando de ambigua la anterior Ley de 1978, la nueva extiende la ambigüedad ad infinitum en la dirección buscada de facilitar la ilegalización o suspensión de los partidos que resulten más incómodos. Los siguientes años, hasta hoy, serán testigos de su nefasta aplicación, que hundirá la escuálida democracia de España a los mínimos más bajos de toda la transición. A pocos meses, en marzo de 2003, el Tribunal Supremo ilegaliza a EH-Batasuna acusándole de «apoyo a la banda terrorista ETA». En las elecciones municipales y forales de 2007 anulan 133 candidaturas bajo las siglas de ANV con la cantinela «colaboración con Batasuna», o sea, con ETA, según su regla de tres. En unas localidades se les da pase y en otras se les niega, no se sabe si aleatoria o interesadamente, a falta de razones jurídicas objetivas. Prima la arbitrariedad al servicio de los intereses políticos. Tras el asesinato de Isaías Carrasco, las famosas mociones éticas y de censura, impulsadas por el PSOE y el PNV en un acceso de celo, intentarán dar el puntillazo a las alcaldías de ANV, sin lograrlo. El embate definitivo está a la vista. El omnipresente Baltasar Garzón suspende de actividades a EHAK y ANV, y la Fiscalía tramita su ilegalización. Para lección a los partidos, el juez Garzón ingresa en la cárcel a la rebelde alcaldesa de Arrasate por incumplimiento de la suspensión dictada por él.

Tras el fracaso de la negociación, la maquinaria judicial encarcela a Otegi y seguido a toda la cúpula de Batasuna. Curiosamente, la judicatura esperó a que se levantara la mesa de Loiola para enchiquerarlos a todos. ¿Motivos? Habrá que buscarlos en la Ley de Partidos, no en los manuales de Derecho. Encarcelaron también a los líderes de las organizaciones juveniles Segi, Haika, Jarrai...

La teoría del «entorno y el entorno del entorno = ETA», que no es exclusiva de Mayor Oreja, sino que asoma en los supuestos de la Ley de Partidos, además de imponer vía cárcel el apartheid político a la cúpula abertzale, extiende la represión a círculos más amplios. Cierra multitud de «herriko tabernas» y empresas. Cierra el periódico en euskera «Egunkaria» y procesa, tras torturarlos y encarcelarlos, a su dirección. A aquéllas les acusa de recaudar fondos para ETA y al periódico de recibirlos. La Audiencia Nacional inaugura el macrojuicio 18/98 que, rompiendo moldes de la práctica judicial universal, procesa en tropel a 52 miembros pertenecientes a distintos grupos, secuestrándolos durante más de un año en la Casa de Campo de Madrid. A 46 de ellos se les aplican 527 años de condena. Sin perder carrerilla, en vista de lo efectivo del medio, recientemente abre otro macrojuicio, el 33/01, contra 27 miembros de Gestoras de Amnistía-Askatasuna, acusados de pertenencia a organización armada. Conociendo como conocen la farsa, los encausados renuncian a defenderse.

La dirección de los GAL aconsejó el secuestro como el método preferente para la guerra sucia. Pues bien, después asistimos a una interminable cadena de secuestros, muy de guante blanco, realizados en nombre del estado de Derecho y de la democracia, como si aquél fuera sinónimo de ésta: secuestro de periódicos, de empresas, «herriko tabernas», secuestro de partidos políticos, de organizaciones juveniles y culturales, secuestro masivo de ciudadanos con elevadas condenas, secuestro de los detenidos sin garantías contra la tortura, dispersión de los presos como forma de secuestro, lo mismo que la llamada Ley Parot, que secuestra a presos con la pena ya cumplida. Así, la represión sustituye a la política. Así, quitan gente de la política e incrementan la cantera de la organización armada. ¿Por la normalización?