Acabo de leer el Anteproyecto de Ley de convocatoria y regulación de la consulta sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política. No voy a juzgar si la iniciativa promovida por el lehendakari es loable o no. Todo intento de resolución del conflicto, entre todas las partes implicadas y sin exclusiones, lo es.

No obstante, hay varias cuestiones en el texto que me han llamado la atención. En primer lugar, la consulta, que no es jurídicamente vinculante, se plantea como algo «subsidiario de la ausencia de un Pacto Político con el Gobierno español», es decir, como el sustituto de un pacto fallido entre el Gobierno vasco y el Gobierno español. A partir de ahora, lo que el pueblo vasco decidiera, lo que el parlamento vasco aprobara, ¿cómo y quiénes lo ejecutarán? ¿Qué se entiende por «partidos vascos»?

Según el texto, el objeto de la consulta es recabar la opinión de la ciudadanía de la CAPV, «con derecho de sufragio activo», sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política. En este punto, me sorprende la escasa sensibilidad del ejecutivo vasco a la hora de decidir quién puede opinar y sobre qué, teniendo en cuenta que la consulta no es vinculante (si la consulta fuese vinculante, mi opinión no variaría). Resulta especialmente restrictivo el hecho de vincular ciudadanía-nacionalidad y derecho al voto, a la participación, al derecho a opinar y al derecho a ser consultada o consultado.

A mi entender, la consulta es un gesto simbólico. Y siendo así, el Gobierno vasco podría haber intentado superar el marco estrecho de nacionalidad (impuesta o concedida, en determinados supuestos, como es el caso de la nacionalidad española) y ciudadanía (reivindicada y no excluyente, como sería el caso de una futura nacionalidad vasca), puesto que la nacionalidad es un elemento ligado a la construcción de una determinada identidad, mientras que la ciudadanía es un derecho íntimamente relacionado con el arraigo, el interés y la implicación en los asuntos de la ciudad (villa, pueblo...). De realizarse la consulta, existen colectivos que verán restringido el derecho a opinar por diferentes motivos: inmigrantes, principalmente, además de otras personas que, habiendo crecido aquí, no son consideradas como ciudadanas activas titulares del derecho a la participación y a la decisión en el espacio público, aun estando muy interesadas en la resolución del conflicto. ¿Por qué no se habla de esas cosas en la exposición de motivos?

Conocemos de sobra la opinión de la ciudadanía en torno a esta cuestión, y otras como el TAV, por consultas, sondeos y encuestas varias. Pienso que el PNV debería haberse esforzado más en trabajar con todos los partidos la construcción de una ideología transversal de valores y significados compartidos en torno al derecho a decidir en libertad e igualdad. El derecho a decidir es una actividad colectiva ¿Serán capaces esta vez de representar y canalizar institucionalmente las aspiraciones ciudadanas?