Mientras una parte de la población vasca vive en situación de pobreza, otra se encuentra en riesgo serio de sufrir exclusión social y muchos trabajadores y pensionistas ven recortados sus ingresos económicos, el Gobierno de Gasteiz y las tres diputaciones forales se permitieron el lujo de obtener en 2007 un superávit de 1.396 millones de euros, un 20,8% más que un año antes, en un momento en el que la precariedad laboral está creciendo y las perspectivas para garantizar el empleo son poco optimistas.

Según los datos aportados por los miembros de ELA, Adolfo Muñoz, Mikel Noval y Julene Gabiola, lo que no han gastado las administraciones públicas, a pesar del «estado de necesidad» de la población, supone el 2,1% del PIB, mientras que en la UE el déficit público medio ha sido del 1% «muy lejos del superávit de la CAV». Es la cantidad más alta dejada de gastar en este siglo. En total, en los últimos ocho años, las administraciones forales y la autonómica han dejado de gastar 5.050 millones de euros.

Hay dinero, pero no se gasta

ELA denunció ese hecho, teniendo en cuenta tres elementos sustanciales: que Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, junto a Nafarroa, se encuentran a la cola en cuanto al gasto de protección social en la Unión Europea y, por lo tanto, «hay dinero para mejorar la calidad de vida de la población, pero no se quiere actuar en defensa de los necesitados». Otro es que, «de forma deliberada» las haciendas forales están permitiendo que «los más ricos paguen menos impuestos, lo que nos aleja de esos principios de progresividad y equidad fiscal, que nos dicen de su comportamiento año tras año».

Otro elemento destacado, según ELA, es que, al final, se está permitiendo que cada vez sea mayor la distancia entre quienes más tienen y quienes menos obtienen, «en épocas de grandes crecimientos económicos y en otras más difíciles».

Adolfo Muñoz, «Txiki», dijo que «es escandaloso y obsceno» que esté ocurriendo así y señaló que se debe a que las administraciones públicas han adoptado «una política conservadora y neoliberal. Los actores fundamentales de esta situación, es decir PNV, PP, PSOE y EA están de acuerdo y entre ellos se aprueban reformas fiscales».

El líder de ELA estuvo acompañado por Julene Gabiola, del gabinete de estudios, y de Mikel Noval, secretario de Política Social. Txiki Muñoz precisó que las instituciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa son «campeonas del neoliberalismo», a la vez que indicó -igual que ya han denunciado en anteriores ocasiones- que utilizan el Concierto Económico «para hacer de Euskadi un paraíso fiscal donde se privilegia a las rentas más altas». Recordó que en los últimos diez años las haciendas fiscales «han hecho regalos a las rentas más altas por un valor mayor a los 1.000 millones de euros, además del superávit y las reformas fiscales que han privilegiado a las rentas altas con reducciones en el Impuesto de Sociedades».

Mikel Noval indicó que «esa opción que han adoptado las diputaciones forales y el Gobierno vasco significa que en vez de aumentar el gasto social, aplican una política de reducción de deuda pública y a tener más dinero en cuentas financieras». De esa manera, la administración pública no interviene para provocar una mejora en la población, lo que provoca que «aumente la diferencia entre quienes más tienen y quienes obtienen unos ingresos económicos inferiores», como señaló Julene Gabiola. Los datos aportados en el informe de ELA sostienen que en 2007 «la deuda pública en la CAV es, según el Banco de España, de tan sólo el 1,4% del PIB. Esta cifra contrasta con el 58,7% de deuda pública de media de la Unión Europea».

Privatización de servicios

El secretario general adjunto, sin embargo, fue un poco más lejos para explicar «porqué tienen esa necesidad de mantener ese elevado superávit presupuestario». A juicio de Muñoz, «se opta por una política que beneficie la privatización de servicios. Se deja de recaudar impuestos para obligarnos a los ciudadanos a pasar por la actividad privada. El ejemplo más claro -según indicó- está en las listas de espera de la Sanidad Pública, que se mantienen porque son el mayor reclamo para acudir a la sanidad privada. De hecho, el porcentaje de gasto sobre el PIB de la sanidad vasca es de los más bajos de la UE». También reconoció que «esos datos son demoledores», pero adelantó que «este debate pasa desapercibido por parte de la sociedad y creemos que debería de ser un eje central en la actuación no sólo de los agentes sociales, sino políticos».

La segunda razón de la existencia del superávit se encuentra, a juicio del responsable de ELA, en que se trata de favorecer futuras reformas fiscales. «Es una coartada para reducir el Impuesto de Sociedades, para beneficiar a los de siempre». Por eso, reconoció que ELA «seguirá llevando a la calle el debate sobre el modelo de sociedad y seguiremos denunciando que aplican políticas neoliberales que favorecen a las rentas más altas».

En este sentido, ELA recordó que el gasto de protección social se encuentran también «a la cola de la Unión Europea, un año más». Según los datos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se gasta un 18,9% del PIB en este concepto y un 17,5% en Nafarroa, sin embargo la media europea alcanza una media del 27,6%. Con esos datos, ELA confirma que para que las administraciones públicas vascas gastasen la misma proporción de gasto social sobre el volumen total de la riqueza, tendrían que aumentar el gasto social a los 5.000 millones anuales. «Este gran déficit afecta a todas las áreas de la protección social (vejez, asistencia sanitaria, invalidez, desempleo, familia, pobreza y vivienda».

Noval recordó que «si en lugar de tener superávit, se tuviera el déficit medio de la UE se podría corregir la tercera parte del diferencial de protección social. El diferencial de gasto en protección social entre la CAV y la media de la UE es de 8,7 puntos del PIB. De éstos, 3,1 (un 35,6% de esa diferencia equivalente a 2.060 millones) se podría corregir simplemente si el Gobierno vasco y las Diputaciones se acercan a la media de la UE».