Todo el mundo en la calle utiliza el concepto «crisis», con más o menos matices, pero con un referente claro: una situación complicada, dura y difícil que implica un fuerte retroceso en un ámbito concreto. La gente no aspira al grado de precisión conceptual de economistas y ministros, pero sí espera que estos no utilicen sus conocimientos para engañarlos o para negar la realidad. Entre otras cosas, porque saben perfectamente que son ellos, y no los políticos, quienes soportan la parte dura de esa realidad.

Y lo evidente es que, independientemente de cuál sea el umbral necesario para determinar en las ciencias económicas y políticas qué es y qué no es una crisis, en la realidad cotidiana, la que viven y padecen los trabajadores asalariados, los estudiantes, las mujeres de casi toda condición, los parados y los marginados, la situación socioeconómica que vivimos es crítica.

Mientras los responsables políticos y económicos de esa crisis sigan rebuscando en el diccionario sinónimos que les permitan esquivar ese término maldito, no serán capaces de hacer nada para evitar sus consecuencias. Más aún cuando diferentes crisis se solapan -energética, alimentaria, financiera...- dejando en evidencia que lo que falla en realidad es, por definición, el propio sistema económico, social y político que las provoca.

La importancia política de discutir dónde se sitúa la frontera entre términos como recesión, déficit, involución o, simplemente, crisis ha aparecido reflejada esta semana en diferentes ámbitos, tanto globales como «locales», no sólo económicos sino también políticos.

Hambre frente a gastronomía

La Cumbre de la FAO en Roma ha terminado con un rotundo fracaso. Si bien la gravedad de la situación a la que se enfrentan diariamente millones de personas y docenas de países no ha podido ser completamente ocultada -850 millones de personas padecen hambre hoy en día-, las medidas tomadas ahondan en el modelo de agricultura y alimentación que nos ha traído a esta situación. Mientras no se atajen las condiciones estructurales asociadas al sistema capitalista que lo permiten, seguirá muriendo más y más gente de hambre y los defensores de ese sistema seguirán diciendo que eso no puede ser considerado como un indicador de crisis.

Sin necesidad de ir hasta Roma, hoy mismo los baserritarras denunciarán en las calles de Donostia que nuestro sector primario está inmerso en una crisis que no admite debate semántico alguno. Los baserritarras pierden dinero por producir alimentos mientras los consumidores deben pagar precios astronómicos en los puntos de venta, de donde a su vez está desapareciendo el comercio local. La conclusión es evidente: las multinacionales y los intermediarios están especulando con los alimentos ante la pasividad de las administraciones. Es cierto que, comparado con aquellos países en los que miles de personas mueren de hambre o con aquellos donde el precio de los alimentos es inasumible para la gran mayoría, nuestra situación no puede ser considerada crítica. Pero también es cierto que mienten quienes creen que aquí la única preocupación sobre este tema es la derivada del debate entre Adriá y Santamaría. Existe una bolsa de marginalidad cada vez mayor entre nosotros. También diferentes modelos de país de entre los cuales algunos asumen, en este y en otros temas, la versión oficial de que aquí nunca hay crisis.

Del «déficit democrático» al fiasco político

Uno de esos modelos se encuentra en una encrucijada y, en cierta medida, también tiene que ver con los conceptos utilizados para comprender la situación. Históricamente, el PNV ha utilizado el término «déficit democrático» para referirse al conjunto de actitudes de los diferentes gobiernos españoles que no podía justificar ante nuestra sociedad vasca, pero que no le impedían mantener los pactos en base a los que gestiona su parte de poder en la estructura del Estado. Así, utilizando un término tan suave como engañoso, el PNV ha negado la evidencia de que el Estado español cabalgaba, cada vez a mayor velocidad, hacia una descomposición total de las reglas básicas del juego democrático.

En la medida en que esa involución democrática se ha agravado y ha comenzado a afectar a sus intereses, el PNV se ha visto obligado a aceptar discursivamente que en el Estado español, en lo que se refiere a la cuestión vasca, no existe un sistema democrático real. Pero el problema es que sigue sin asumir las consecuencias de ese hecho. Porque es imposible hablar del derecho a decidir cuando un juez español puede decidir no ya si se puede o no hacer un referéndum, sino el nombre de las calles de nuestros pueblos. Y todo ante su pasividad o con su colaboración.

Por ello, si no asume las consecuencias políticas de esta situación antidemocrática, será el propio PNV el que, entonces sí, tendrá una crisis. Porque el indicador clave de una crisis política como la española no son las transferencias sino, por ejemplo, los 800 presos políticos.