Las implicaciones de los juicios a las «redes kamikazes», que se desarrolla en Bélgica, al igual que en el proceso a las «redes iraquíes» que ha tenido lugar en Francia no son sólo cuestiones internas de ambos países sino que se inscriben en un nuevo orden jurídico internacional. A través de esos procesos, Bélgica y Francia tratan de asentar la jurisprudencia que permita satisfacer las exigencias estadounidenses.

La ley antiterrorista estadounidense, la Military Commissions Act de 2006 otorga al presidente de los Estados Unidos la prerrogativa de designar como enemigos a sus propios ciudadanos o a cualquier ciudadano de otro país con el que EEUU no esté en guerra. Se puede perseguir como «combatiente ilegal enemigo» sin precisar elementos de prueba, sino simplemente porque esa persona es considerada como tal por el Gobierno estadounidense. Esa noción, introducida inmediatamente después de los atentados del 11-S en el Derecho estadounidense a través de un decreto presidencial, tomó carácter de ley en 2006 . Por lo tanto, esa incriminación no responde a una situación de urgencia, sino que se convierte en permanente y se constituye en en pilar sobre el que se construye el nuevo orden jurídico mundial.

En el marco de la Executive Order de 2001, esta noción permitía perseguir o encarcelar, sin inculpación, a cualquier extranjero capturado en los campos de batalla de Afganistán y de Irak o simplemente vendido al Ejército estadounidense por las mafias locales. La ley de 2006 amplía la consideración de «combatiente ilegal enemigo», ya que no se aplica ya sólo sobre los extranjeros detenidos o comprados en el campo de batalla, sino que concierne a cualquier estadounidense o a cualquier extranjero que no haya salido nunca de su país de origen. En el caso de los estadounidenses inculpados en base a esa noción, estos son puestos a disposición de jurisdicciones civiles, mientras que los extranjeros pueden ser procesados por comisiones militares. Las comisiones militares son tribunales especiales que no conceden ningún derecho de defensa y suprimen toda separación entre poderes (ver «La introducción a la anomia en el Derecho», GARA 13/1/2007).

El Military Commissions Act de 2006, ley de aplicación internacional, no ha sido cuestionada por ningún estado. Al contrario, asistimos a una adaptación del sistema de Derecho de otras naciones a fin de satisfacer eventuales peticiones de extradición basadas en dicha ley. De ahí la importancia fundamentales del proceso contra las «redes kamikazes» que se desarrolla actualmente en Bélgica como el que afecta a las llamadas «filiales iraquíes» en Francia.

En un conflicto en el el que ni Bélgica ni Francia son partes directas, sus respectivos tribunales se otorgan la competencia de determinar qué parte de las fuerzas que combaten son legítimas y cuáles criminales. En vez de considerar a los detenidos preventivos como combatientes que luchan contra la presencia ilegítima de las tropas estadounidenses, otorgándoles un status previsto en el derecho internacional humanitario, estos tribunales los consideran como terroristas basándose en dos razones: de una parte, su lucha no sería justa, y de la otra, los medios empleados en su combate les identifican como criminales.

El 14 de mayo, el Tribunal Correccional de París condenaba a siete integrantes, seis franceses y un argelino, de la denominada «red iraquí» del distrito XIV de la capital, a penas comprendidas entre los 18 meses y los siete años de prisión firme por «asociación de malhechores en relación a un proyecto terrorista», bajo la acusación de «haber formado parte o participado en una red de reclutamiento y envío de yihadistas a Irak a partir de 2004».

Francia, país que ha condenado oficialmente la invasión de Irak, se integra en la estructura del Imperio al perseguir con sus leyes a jóvenes franceses que han combatido contra la agresión a los iraquíes. Este juicio es muy parecido al que se desarrolla en Bélgica. Se atribuye una competencia universal y criminaliza cualquier acción de resistencia armada a los EEUU. Plantea, asimismo, los mismos problemas en lo concerniente a la legalidad de los medios y pruebas: no se lleva a cabo ninguna investigación en Irak y las acusaciones se basan en las investigaciones en origen aportadas por los estadounidenses y obtenidas en muchos casos bajo tortura.

En Bélgica, acaba de concluir en la Corte de Apelación de Bruselas el juicio de apelación a 5 detenidos preventivos, condenados en primera instancia por «integración en grupo terrorista» a penas comprendidas entre los 28 meses y los 10 años de prisión. Se espera un pronunciamiento del tribunal para el 26 de junio. Estas personas están acusadas de haber participado en una red o filial que habría reclutado en Bélgica a combatientes para luchar en Irak.

Ignorando la existencia de tropas de ocupación, de 150.000 soldados y 100.000 mercenarios, el fiscal belga considera que la ocupación había terminado en el momento de producirse los hechos. El tránsito de un estado de guerra a una situación de paz no estaría determinado por la situación sobre el terreno, sino por la declaración hecha en este sentido por la administración norteamericana. Esta completa aceptación del punto de vista del ocupante ha sido compartida por el tribunal, al estimar que no había conflicto bélico en Irak en el periodo 2004-2005, con el argumento de que las facciones armadas disidentes no han ocupado una parte significativa del territorio iraquí desde la cual podrían haber lanzado ataques sistemáticos. Habría que recordar que de haber aplicado el mismo criterio a los miembros de la resistencia a la ocupación nazi éstos habrían sido considerados automáticamente terroristas.

La acusación y el proceso mismo descansan sobre una construcción: la existencia de una filial belga de kamikazes dispuestos a combatir en Irak. Sin embargo, no se ha podido establecer la existencia de un grupo estructurado de personas y el tribunal no ha aportado pruebas de que las personas juzgadas hayan «reclutado terroristas». Los datos transmitidos por el FBI no permiten saber con precisión lo que realmente ocurrió y el tribunal federal no pudo establecer que los detenidos tuvieran intención de enviar a personas a Irak dispuestas a hacerse estallar como kamikazes.

El tribunal aceptó pruebas recabadas en Argelia, cuando el Consejo de Europa considera que dicho país utiliza sistemáticamente la tortura en el marco de la «lucha antiterrorista». El tribunal se escuda en que no está «ni equipado, ni es competente, ni puede discernir sobre el buen o mal comportamiento de un estado». Sin embargo, ese mismo tribunal que dice que no está habilitado para verificar la legalidad de los medios con que se obtienen las pruebas se otorga una competencia universal para definir qué es una democracia, un estado de guerra o de paz, y hasta para determinar cuándo una guerra o una resistencia son justas.

La falta de visibilidad de estos combatientes es también, a ojos de los tribunales, un elemento que les designa como terroristas. Un combatiente es sólo el que forma parte de un Ejército regular de un estado constituido como tal. Toda guerrilla, cualquier resistencia de los pueblos contra un enemigo militar superior se convierte en criminal. Sin embargo, este juicio no parece aplicarse a los mercenarios contratados por firmas privadas estadounidenses que no se someten al Derecho y que no son, en consecuencia, más identificables que los miembros de la resistencia. Es el poder que se concede el tribunal de nombrar a un enemigo como terrorista el que da lugar a estos juicios. Es el reconocimiento total del Derecho del Imperio mediante la aplicación de la Military Commissions Act de 2006 en suelo europeo.