Si una mujer navarra tiene que hacerse una operación de estómago, Osasunbidea no le enviará a ningún hospital de fuera de Nafarroa para que le hagan la intervención quirúrgica. Pero si esa misma mujer desea una interrupción voluntaria de embarazo dentro del sistema público de salud, acabará en un centro hospitalario de Donostia, Zaragoza o cualquier otra ciudad.

Esta situación tan surrealista lleva repitiéndose en Nafarroa desde que se aprobó la Ley del Aborto, en 1985. En la actualidad, cada año se registran en torno a 800 demandas de mujeres que quieren acogerse a uno de los tres supuestos legales para la interrupción voluntaria del embarazo. La gran mayoría de ellas prefiere recurrir a clínicas privadas de fuera de Nafarroa y correr con los gastos de la intervención. Las restantes, entre 70 y 90, según los años, acuden a Osasunbidea, pero se encuentran con la imposibilidad de ser atendidas en su herrialde. Todas ellas son derivadas a hospitales de fuera de Nafarroa para someterse a una intervención que la ley les reconoce.

Hace escasos días el Parlamento navarro aprobó una proposición de ley para garantizar los abortos dentro de los propios centros de Osasunbidea. Sin embargo, UPN y CDN se han apresurado a decir que el Gobierno no desarrollará esa ley. Javier Marcotegui (UPN) da argumentos «de peso» para negarse a cumplir el mandato de la Cámara legislativa: «Se trata de una ley vacía de contenido, ejemplo de uso indebido y abuso de la potestad legislativa del Parlamento». Y José Andrés Burguete (CDN) no se queda atrás: «Es una iniciativa efectista que aporta poco de novedoso, excepto dar una imagen de que a partir de ahora en Navarra ya se puede abortar, pero la realidad demuestra todo lo contrario».

La realidad es que, efectivamente, las mujeres navarras no pueden interrumpir su embarazo en su herrialde, pero no porque ellas así lo pidan, sino porque el Gobierno de Miguel Sanz no les deja otra opción. «Si un profesional participase en una interrupción del embarazo en Navarra, no estaría incumpliendo la ley. Otra cosa es que no es fácil cumplir la ley». Así lo entiende Pablo Sánchez Valverde, ginecólogo del centro Andraize, de Iruñea, y uno de los médicos que hace dos décadas practicó abortos dentro del sistema público de salud y se encontraron con una virulenta campaña en su contra desde los sectores católicos más radicales.

«Nunca nos han preguntado»

A pesar del tiempo transcurrido, la situación no ha variado. El Gobierno de Miguel Sanz sigue alegando que en Nafarroa no hay profesionales dispuestos a practicar interrupciones voluntarias de embarazo, pese a que este argumento ha sido rebatido una y otra vez por los propios profesionales.

«A los ginecólogos nunca nos han preguntado sobre la objeción de conciencia, y dan por supuesto que todos los ginecólogos objetamos en bloque. Si el Gobierno se plantea respetar la objeción de conciencia, primero tendrá que hacer una consulta entre todos los ginecólogos que trabajan en Navarra para que digan si realmente son o no objetores de conciencia», insiste Sánchez Valverde.

Él mismo se muestra abiertamente dispuesto a practicar abortos, y constata que en Nafarroa existen otros ginecólogos con la misma disposición, «siempre que se den las condiciones idóneas y adecuadas».

«Si partimos de que no tenemos el amparo de nuestro propio Gobierno, no hay duda de que muchos ginecólogos se van a negar a realizar este tipo de intervenciones. Aunque contemos con la mayoría del Parlamento, y aunque en la actualidad haya más ginecólogos dispuestos a implicarse que hace unos años, es evidente que son temas muy conflictivos. Probablemente, no te van a meter en la cárcel si practicas un aborto, pero seguro que vas a tener muchos problemas», afirma este ginecólogo de Andraize con el aval que le da su propia experiencia.

«A ver quién da el primer paso»

¿Y qué se puede hacer ante una situación así? «El director del hospital debería hacer una ronda de preguntas entre los profesionales que trabajan allí para ver la posibilidad de formar equipos dispuestos a practicar abortos. Pero no es fácil -reconoce el propio Sánchez Valverde- . Este es un asunto conflictivo, y si además el Gobierno no quiere que se haga, a ver quién es el que da el primer paso».

Sus palabras son ratificadas por la realidad del día a día. De hecho, y a pesar del respaldo que supone el reciente acuerdo parlamentario, en los centros hospitalarios de Osasunbidea todavía no se ha abordado esta cuestión ni a nivel de dirección ni en comisiones de departamentos.

Así las cosas, Sánchez Valverde tiene claro que el Gobierno de Nafarroa «debería intentar que todos los navarros podamos ver atendidos nuestros derechos dentro de nuestra comunidad, con los profesionales e infraestructura que tiene». Sus palabras son ratificadas por otros profesionales de los servicios de anestesia y enfermería, aunque dejan claro que no quieren ser catalogados como «el grupo de los abortos».

«Por parte del servicio de anestesia no va a haber ningún impedimento para realizar interrupciones voluntarias del embarazo, porque se trata de una actuación legal. Si el ginecólogo dice que hay que practicar un aborto, es evidente que habrá un anestesista que se encargue de hacer su trabajo antes de la intervención. Si alguno se niega a hacerlo, el servicio de anestesia asumirá que tiene que cambiar de persona para realizar ese tipo de intervenciones». Así lo entiende Joaquín de Carlos, jefe del Servicio de Anestesia del Hospital Virgen del Camino.

Aunque reconoce que la objeción de conciencia podría surgir en algún momento puntual, deja claro que «los anestesistas no participamos en los supuestos de interrupción del embarazo, sino que valoramos el estado del paciente para realizar una intervención quirúrgica, sea la que sea».

Por ello, tiene claro que «si una persona es anestesista y no quiere trabajar en una intervención de interrupción de embarazo, le mandaría a un sitio donde no tendría que hacerlo, porque no se puede decir que `éste es mi puesto' y negarse a hacer lo que le corresponde en ese puesto».

Estos mismos argumentos son expuestos por la jefa de enfermería de quirófano de otro centro hospitalario. «Si la ley ampara a una mujer para que pueda interrumpir su embarazo, hay que atender ese derecho. Si aquí programan una intervención de este tipo y una enfermera se niega a hacerlo, le plantearíamos que se cambie de servicio o que se busque una compañera que le sustituya para ese caso concreto. Lo que no se puede admitir es que no se realice un servicio que está amparado por la ley», concluye.

Estos testimonios de ginecólogos, anestesistas y enfermeras desmontan el argumento del Gobierno de UPN-CDN de que en Nafarroa no existen profesionales dispuestos a ello, dando por supuesto que todos son objetores de conciencia.

La situación excepcional que se da en este herrialde la resume el propio Sánchez Valverde: «Este es un tema político. Los profesionales no somos la causa de que no se puedan practicar abortos en Navarra. Son los políticos quienes tienen que resolverlo. Nosotros ya lo resolveríamos luego a nivel profesional».