Ambiente venenoso en el Parlamento, un Gobierno dividido, flamencos que reclaman más autogobierno y valones que se oponen. Un año después de las elecciones legislativas del 10 de junio de 2007, el Estado belga sigue sumido en un marasmo del que nadie puede asegurar con rotundidad si podrá salir o desembocará en la ruptura del reino y la independencia de Flandes.

En un sondeo publicado el sábado, la mitad de los flamencos (exactamente el 49,7%) se mostró favorable a la división de Bélgica, uno de los niveles más elevados que han logrado los partidarios de la independencia de Flandes, que agrupa al 60% de los 10,5 millones de ciudadanos con pasaporte belga y más potente económicamente que Valonia.

Después de doce meses, los principales partidos flamencos se han mantenido fieles a las promesas que hicieron durante la campaña electoral, reclamando que Flandes tenga más competencias, especialmente en las áreas de empleo y de seguridad social. La crisis económica y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo hace que estas cuestiones cobre aún más relevancia.

Mientras, los valones argumentan que esta profundización en el confederalismo provocará que su comunidad y Bruselas se empobrezcan aún más, ya que, según reconocen, actualmente se benefician de las ayudas que vienen de Flandes. Por eso, mostraron muy serias reticencias a formar parte del Gobierno que preside Yves Leterme (CDV, cristianodemócrata), que insiste en la necesidad de las reformas, aunque finalmente tuvieron que ceder ante la evidente parálisis institucional belga.

Leterme trata de convencer a los valones de que la reforma beneficia a todos, ante la inminente llegada del plazo fijado para mediados de julio para dotar de mayor autogobierno a Flandes. Esta fecha fue uno de los condicionante con los que nació el Gobierno de Leterme, que, por tanto, se verá abocado a una nueva crisis si no se alcanza un acuerdo.

«Se trata de nuestra última oferta. Aquellos que dicen `no' ahora juegan con el futuro del país. En caso de fracasar, entraremos en una crisis del sistema y la opinión pública en Flandes se radicalizará aún más», advirtió el sábado la presidenta del CDV, Marianne Thyssen.

«Estamos dispuestos a encontrar soluciones equilibradas para pacificar el país, reducir la presión independentista y proporcionar un futuro estable a un estado reajustado, pero sin pasar por encima de los derechos de los francófonos diciendo `sí' a todas las reivindicaciones flamencas», respondió Joëlle Milquet (CDH, centrista), viceprimera ministra belga y una de las líderes de las posiciones valonas.

Más que las transferencias de competencias a Flandes y a Valonia -a las que los valones ya se han resignado con la condición de que no se ponga en cuestión el concepto de «solidaridad nacional», es decir, los subsidios que Flandes envía a Valonia-, la cuestión de «los derechos de los francófonos» será el eje de la agenda política en Bélgica y la prueba de fuego para calibrar la viabilidad del estado que acoge la sede las instituciones de la Unión Europea.

En esta cuestión, los valones se muestran muy críticos con los flamencos, ya que consideran que existe un plan para eliminar el uso del francés en Flandes frente a las medidas de protección del idioma flamenco, considerado tradicionalmente como de segunda fila ante el francés.

De este modo, se ha exigido el conocimiento del flamenco para acceder a guarderías públicas en Flandes o se ha requerido a los comerciantes a colocar los precios en flamenco.

La visualización de todas las tensiones lingüísticas, que pueden, incluso, contribuir a fragmentar un estado que está ya muy debilitado, se produce en el distrito de Bruselas-Hal-Vilvorde, conocido como BHV, en el que viven numerosos valones, aunque administrativamente se sitúa en Flandes.

Desde Flandes, llevan varios años reivindicando la escisión de BHV, a la que los valones se oponen radicalmente con el argumento de que 100.000 francófonos viven en el extrarradio de Bruselas, para quienes exigen el derecho de votar a candidatos valones en las elecciones y poder dirigirse en francés a los tribunales.

Pese a la complejidad del asunto y la inminencia del fin del plazo establecido para el 15 de julio, Leterme se muestra optimista. «Espero que haya un gran avance», declaró el viernes ante el cuerpo diplomático belga reunido en Bruselas. Pocos comparten su optimismo.