Baltasar Garzón ordenó ayer la prisión incondicional para Maribel y Blanca Bruño. Poco puede decirse sobre el fondo jurídico del caso, desde el momento que su fundamento parece ser la interpretación que hace la Guardia Civil sobre el tono empleado en una supuesta carta atribuida a ETA y dirigida, también presuntamente, a estas dos empresarias oriotarras. ¿Las sensaciones toman ahora categoría de prueba? En cambio, pueden hacerse algunas consideraciones sobre la diferencia de trato que se ha otorgado a este caso. Las organizaciones empresariales no se han mostrado tan protectoras con las hermanas Bruño como con otros empresarios que han pasado por el mismo motivo por la Audiencia Nacional y a los que tampoco Garzón ni mandó detener ni envió luego a prisión. ¿Por qué no ha funcionado la solidaridad corporativa con dos empresarias que en su declaración ante Garzón confirman que fueron requeridas por ETA para pagar? Y, si se reconoce -más allá de las sensaciones del instructor- que existió esa exigencia, ¿se puede acusar a alguien de pagar voluntariamente? Una pista para explicar la clara desigualdad de trato puede encontrarse en el perfil ideológico atribuido a las empresarias en base a datos enviados en su día a la Junta Electoral Central y que, al parecer, han servido para engordar un fichero político-policial.