Hace cinco años, la vista oral del Tribunal Supremo sobre las demandas de ilegalización contra Batasuna suscitó un importante interés mediático. En aquel «juicio» se escucharon argumentos como el del entonces alcalde de Gasteiz por el PP, Alfonso Alonso, que argumentó que entre Batasuna y ETA existía una relación que conocen «hasta los ni- ños de pecho». Esta era, al parecer, una de las «mil pruebas» que el Gobierno de José María Aznar afirmaba tener contra la formación independentista.

A partir de hoy, son otros dos partidos vascos, ANV y EHAK, los que se enfrentan al mismo trámite, aunque con mucha menos expectación mediática. Lo hacen, como Batasuna en su día, suspendidos ya de actividad por un juez instructor de otra instancia que actúa en paralelo en esta dinámica ilegalizadora. Baltasar Garzón dejó a los dos partidos fuera del juego político el pasado 8 de febrero. Su actuación se solapó con la del Supremo, como había ocurrido también en 2002 con Batasuna. Si el 26 de agosto de aquel año Garzón decretó la suspensión de actividades y cierre de sedes justo el mismo día en que el Congreso español impulsaba la demanda de ilegalización ante el Supremo, el pasado 8 de febrero el mismo juez dictó la prohibición de facto de EHAK y ANV al mismo tiempo que la defensa de ambas formaciones alegaba en el Alto Tribunal contra el intento de Fiscalía y Abogacía del Estado de imponerles una ilegalización «cautelar».

Aquella tarde, tras conocer el mandato de Garzón, la defensa de ANV declinó comparecer ante el Supremo, toda vez que la decisión de la Sala del 61 no iba a tener ya ningún efecto práctico. La suspensión de actividades se decretó muy cerca ya del inicio de la campaña electoral, por lo que Garzón decidió incluir en su auto la mención de que «no se trata de un acto ad hoc para evitar la concurrencia de ANV a un proceso electoral. Alegó también que «no se pretende tampoco ilegalizar un partido político, sino aplicar una medida cautelar tendente a prevenir la continuación de la utilización de ese partido para la comisión de delitos graves».

Pese a que todos estos antecedentes dejan meridianamente claro cuál será el desenlace de este procedimiento, la defensa de ANV y EHAK acudirá al Tribunal Supremo con un buen número de argumentos. La Sala Especial ha admitido la declara- ción de 15 testigos propuestos por la formación ekintzale y de 47 más planteados por EHAK.

Se escuchará también a los testigos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que promueven la ilegalización: se trata de cerca de medio centenar de agentes policiales.