El pasado 5 de junio los ministros de Interior de los 27 estados de la Unión Europea, entre los que se incluyen el francés y español, aprobaron la Directiva de Retorno contra las personas y familias migrantes imposibilitadas de cubrir sus cada vez más restrictivas y excluyentes legislaciones de extranjería, residencia y nacionalidad.

Mediante esta medida, estos estados pretenden homogeneizar el endurecimiento y criminalización policial y penal, aún más si cabe, de las condiciones de detención, retención en centros de internamiento, expulsión y prohibición de entrada de las personas que hemos venido a Europa en busca de una vida mejor o, simplemente, huyendo del hambre y los conflictos que estos mismos estados han contribuido a crear o, directamente, han creado en nuestros países de origen.

Las brutales medidas que se pretenden aprobar contravienen los más elementales derechos no sólo de las personas que venimos de fuera de la Unión Europea y que por no poder tener o renovar, por diversas circunstancias, un simple permiso de residencia quedamos expuestas a la maquinaria represiva de la fortaleza imperial Europea. También atacan y socavan los más elementales principios de lo que fue en Europa un estado de derechos y sus mínimas garantías y, en general, los ordenamientos que trataban de apuntalar la ya insuficiente Declaración de Derechos Humanos.

Asímismo, deja ver una vez más la necesidad de la soberanía de este viejo pueblo para poder oponerse a la aprobación y aplicación de estas medidas impuestas por los grandes estados policíacos y militarizados, dejando en evidencia que la Europa de las regiones, con la que algunos sectores de este pueblo dividido pretenden consolarse, no es más que un florero de dudoso olor. O que las medidas que esos sectores anuncian a bombo y martillo, como es la nueva Ley de Servicios Sociales, no son más que un complemento de esta misma Directiva.

Estos mismos que se llenan la boca a la hora de apelar a los Derechos Humanos van a votar con entusiasmo por medio de esta Directiva la posibilidad de detenernos y mantenernos encerrados en «centros de internamiento especiales» hasta los 18 meses, así como la posibilidad de hacerlo en módulos especiales de las cárceles regulares, cuando esos «guantánamos» a la europea estén a rebosar. Estos mismos que hinchan sus fauces al hablar de mociones y lociones de ética van a posibilitar, sin el menor titubeo, expulsarnos a las personas que nos han dejado en situación irregular a países de tránsito, financiados con sus políticas de cooperación para ello o, aunque no tengan relación con ese país, ni sepan de sus condiciones. Posibilitando también que estas ignominiosas medidas puedan ser aplicadas a niños y menores no acompañados o a personas específicamente vulnerables como las que han sido perseguidas y torturadas en los países de origen.

Y, por si fuera poco, éstos de la interculturalidad cósmica van a aprobar la prohibición de entrada en los países de la Unión por un período de cinco años para las personas que hayamos sido expulsadas, penándonos con cárcel si hubiera reiteración.

Esta «Directiva de la vergüenza», como la vienen denominando la totalidad de las asociaciones de Derechos Humanos, y que afectará a unos diez millones de personas en toda Europa y a decenas de miles en Euskal Herria, pasará al Parlamento de la Unión Europea para su aprobación el próximo miércoles 18.

Anitzak Ekimena, la plataforma de personas migrantes y de otros diferentes orígenes que vivimos en Euskal Herria, quiere mostrar su más enérgico rechazo a esta Directiva de la ignominia. Hacemos un llamamiento a los agentes, instituciones, políticos, sociales y culturales de este país a que muestren así mismo su rechazo a la aprobación de la misma o, en su caso, a impedir su aplicación tanto en Europa, como aquí en Euskal Herria.

(*) También firman este artículo Txanba Payés y Charo Rincón