Juanjo BASTERRA

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado el recurso interpuesto por Mutualia contra la sentencia del 17 de noviembre de 2007 del Juzgado número 10 de Bizkaia «confirmando el origen profesional de la incapacidad transitoria de un trabajador de Fundición Flesic», según denuncia CCOO.

Esa incapacidad se inició en 2005 ante los problemas respiratorios del trabajador, que guarda anonimato. «En principio se le diagnosticó una neumonía atípica y más tarde como placas pleurales compatible con asbestosis pleural e hiperactividad bronquial derivada de la exposición al amianto, humos de soldadura y otros irritantes respiratorios».

Uno de los principales problemas con los que se encuentran los trabajadores que han estado en contacto con el amianto, una vez que les ha aflorado el cáncer o la enfermedad incapacitante, es el cúmulo de papeleos que deben realizar ante los juzgados para que les sea reconocida la enfermedad. Más adelante tienen que luchar contra las mutuas que no quieren asumir esa situación.

En el Estado francés este tema está más avanzado, como explica Félix Faucon, director general adjunto al instituto de desarrollo de la salud en el trabajo, INRS. La normativa francesa que, por otra parte está limitando los recursos, permite la prejubilación de los trabajadores afectados por amianto y mantiene un fondo de compensación para las víctimas.

En el Estado español no aparecen casos de enfermedades profesionales por este mineral, porque deben ser obtenidas en largos procesos en los juzgados, pero en el Estado francés el proceso es más rápido. En los últimos siete años se han indemnizado a 4,429 trabajadores por cáncer por el amianto y a 30.263 trabajadores que han estado inhalando polvo de ese «mineral asesino», que son incapacitados a los que en algún momento les podría degenerar en cáncer.

Los casos de cáncer por el contacto con el mineral del amianto no desaparecerán hasta dentro de cuarenta años. Es así. Los expertos internacionales en prevención de riesgos laborales constataron esa realidad en el reciente III Congreso Internacional de Seguridad y Salud Laboral que organizó Osalan. Bueno sería que se obligue a las mutuas a que no prolonguen el drama de los afectados.

CCOO asegura que la resolución del alto tribunal supone «un varapalo a la actitud de la mutua en un intento desesperado por ocultar el origen profesional de las enfermedades, recurriendo, incluso, las resoluciones de la Seguridad Social y los juzgados».

Esta central sindical recuerda que ha realizado diferentes concentraciones ante la sede de Mutualia «no por oscuros intereses, sino para denunciar una actitud injusta por parte de la mutua, que sólo genera sufrimiento y coste económico a los enfermos, obligándoles a acudir a los juzgados acompañados de informes de peritos médicos».

Además, CCOO señala que «es inadmisible que estas entidades patronales, que son colaboradoras de la Seguridad Social, gasten el dinero de las cuotas de accidente y enfermedad profesional de los trabajadores en recurrir judicialmente resoluciones de la propia Seguridad Social» y recuerda que «no se reconocen ni el 10% de las enfermedades profesionales».