Oihane Ozamiz y José Cruz Coto, representantes de Etxerat, valoraron ayer que la continuada conculcación de derechos en que pivota la política penitenciaria de los estados español y francés, «basada en la crueldad para causar el mayor sufrimiento posible» a sus familiares presos, tiene que recibir una respuesta de la sociedad vasca.

Los integrantes de esta asociación estiman que las agresiones a sus allegados están debidamente planificadas y calculadas por los dos estados y avaladas por las fuerzas políticas e instituciones vascas. Por ello, consideran que a través del «compromiso de la sociedad será como se acabe con esta política penitenciaria basada en la crueldad y en generar sufrimiento».

Tras incidir en la «total impunidad» con que tienen lugar estos hechos, Ozamiz y Coto pasaron a relatar algunas de las situaciones recientes más graves que han conocido. En primer lugar, citaron el caso del preso elgoibartarra Mikel Ibañez, ingresado desde la noche del lunes en el Hospital Donostia para ser tratado con quimioterapia y radioterapia del cáncer que padece.

A pesar de la gravedad del estado de Ibañez y de que está «muy débil», denunciaron que la Audiencia Nacional española, en vez de decretar su inmediata libertad, ha establecido que policías le custodien las 24 horas del día, medida que puede repercutir, en su opinión, negativamente en su evolución médica. Asimismo, no ocultaron su preocupación por la salud de otra docena de presos vascos «que no son puestos en libertad a pesar de padecer graves e incurables enfermedades».

Una década más de cárcel

En su comparecencia también mencionaron los casos de otros dos de sus familiares, el tolosarra Peio Odriozola y la tafallarra Inés del Río, a quienes a pesar de haber permanecido en prisión los últimos 20 y 21 años respectivamente, la Audiencia Nacional española, en virtud de la doctrina 197/2006, ha decretado la prolongación de sus condenas, a partir del 2 de julio en el caso de Del Río, 10 años más. «Les mantendrán alejados de su entorno familiar, políticos y social», subrayaron desde Etxerat.

Otro ejemplo de la «crueldad» de la actual política penitenciaria dada a conocer ayer en la capital vizcaina por el colectivo de familiares de represaliados son las palizas que han sufrido a manos de carceleros los presos Arkaitz Bellón y Hodei Ijurko. El elorriotarra sufrió una agresión en Algeciras por parte de los funcionarios, que le golpearon «con total impunidad» por todo el cuerpo con porras y patadas. Posteriormente, estuvo atado de pies y manos, boca abajo, durante 24 horas.

Otra víctima de palizas ha sido el etxarriarra Hodeo Ijurko, que fue apaleado por varios carceleros en la prisión madrileña de Soto de Real y, en la gallega de Curtis, se le ha mantenido incomunicado. Su padre estuvo presente ayer en Bilbo.

Etxerat puso también énfasis en las decenas de familiares que en las últimas semanas se están quedando sin visita tras recorrer miles de kilómetros por las carreteras españolas y francesas, con el riesgo de sufrir un accidente. Lo consideraron una pena añadida para los represaliados y sus allegados. Citaron el caso del padre del preso baracaldés Andeka Jurado, a quien los responsables de Instituciones Penitenciarias no le dejarán contactar con su hijo entre tres y nueve meses.