Los once elementos recogidos por los guardias civiles para concluir que ANV pagaba a Batasuna y que, por tanto, debe quedar ilegalizada se fueron cayendo uno a uno en el interroga- torio de la defensa ekintzale. Sería exagerado decir que se desplomaron por su propio peso, porque algunos simplemente ni pesaban. Por ejemplo, los 4.000 euros que ANV pagó a un jubilado llamado Pedro Guinea por un arreglo en su local de Portugalete, o los 232 euros abonados a una gestoría de Hernani. Como resulta que Guinea fue interventor de HB ¡en 1982! y la gestoría es de otra persona a la que también se liga con Batasuna, las FSE los elevaron a la categoría de graves indicios delictivos. Pero cualquiera entiende que esos pagos se correspondían con unos servicios y no iban destinados a un partido ilegalizado. Por si acaso, la Guardia Civil no quiso indagar en el tema: «Nosotros sólo mirábamos las operaciones bancarias y los destinatarios. Era lo que nos pidieron», explicó uno de los agentes del instituto militar que compareció en la sesión de ayer.

Cargados de paciencia, y de datos, los abogados Iñigo Iruin y Adolfo Araiz fueron poniendo en claro cada uno de esos once pagos. Unos eran meras operaciones comerciales; en otros casos, los destinatarios no son de Batasuna, y a lo sumo lo fueron un día más o menos remoto; en otros, se ha producido una confusión de personas. Tras todo ello, Iruin hizo la pregunta (ésta sí) del millón: «Nos han explicado ustedes aquí que han analizado 122.000 movimientos bancarios y 130 ó 140 cuentas de ANV. ¿Existe alguna transferencia o pago a algún miembro de la Mesa Nacional de Batasuna?». El guardia civil respondió en tono lacónico: «Que yo sepa, no».

Pero éste no fue un desliz de un agente concreto. Otro de los autores del informe sobre supuestos vínculos económicos entre el partido ANV y el partido Batasuna tampoco pudo sostener la contundente tesis de los promotores de la ilegalización. Así que Iruin le hizo una última pregunta que resumía todas las anteriores: «¿Cómo han llegado a la conclusión de que estos movimientos bancarios acreditan que hay una financiación de ANV a Batasuna? Se lo pregunto porque eso es lo que dicen las demandas. ¿Han llegado realmente a esa conclusión?». El guardia civil prefirió salirse por la tangente: «Esa conclusión no figura en nuestro informe».

El «desajuste» quizás esté en el procedimiento policial. La tercera jornada de la vista de ilegalización empezó por ahí, con un agente de la Guardia Civil dando explicaciones profusas sobre su método de trabajo: «El análisis tipo `batidora'». Explicó que recogen indicios y que tratan de relacionarlos unos con otros «bajo el prisma de la lógica y la experiencia» a través de un debate constante entre los expertos. «El producto final son indicios sobre los que hacemos nuestra reflexión; en ningún caso aportamos pruebas, ni es ése nuestro objetivo», confesó.

Ondarroa

Esas preguntas de la defensa dejaron patente cómo funciona en la práctica ese turmix marcado por los prejuicios de partida. Cojamos el caso de la imputación a ANV de coaccionar a concejales de otros partidos para que dejen sus cargos. El guardia civil que lo intentó justificar ante la sala trajo sólo un ejemplo: Ondarroa y la renuncia en bloque de los representantes del PNV a tomar los cargos. Dio por sentado que lo hicieron «por miedo».

Hasta el fiscal se dio cuenta de que una afirmación así no servía para mucho. Le hizo ver que «lógicamente, si no le dejan presentar a las elecciones ANV tiene que protestar. Pero ¿dónde están las amenazas?». El guardia civil afirmó entonces que lo más relevante era un documento de 2003, año en que ANV ni siquiera concurría a las elecciones. Luego aludió a unas postales enviadas a los domicilios de los concejales, ahora sí en 2007, pero acto seguido matizó que «no les dicen `te vamos a hacer algo', sino sólo les piden que renuncien». Un poco más tarde dejó en feo la calidad del trabajo policial: «No hemos hablado con esos concejales del PNV, pero hemos hablado con personas que han hablado con ellas, y le puedo asegurar que hay mucho miedo». Y finalmente, tiró de manual: «En la Audiencia Nacional hay un procedimiento abierto por un tema muy doloroso, que es la `limpieza étnica' que quieren hacer allá arriba».

No es una novedad, pero en la declaración de este guardia civil quedó de relieve otra vez el grado de rigor de este tipo de informes policiales. Además de asegurar que Joseba Egibar no to- mó el cargo en Lizartza (Iruin le hizo ver que fue alcalde los cuatro años), declaró que la única dimisión de un edil no elegido durante la legislatura fue en Azpeitia (fue en Azkoitia) o que se produjo en 2003 (fue en 2006).

Lo que el guardia civil sí tenía perfectamente claro, porque lo reiteró en su declaración, es un concepto: «La izquierda abertzale de ETA». Y su conclusión final: «ANV forma parte de la izquierda abertzale de ETA». La sesión de ayer dejó claro que éste es el único ingrediente que las FSE metieron en su batidora. El resto de productos «batidos», o son diminutos o simplemente no sirven para hacerle el caldo gordo al objetivo del Gobierno español: la ilegalización.

EHAK, en las mismas

Hay otro dato concluyente: ayer terminaron de declarar los peritos y testigos de las acusaciones, y absolutamente todos han sido policías y guardias civiles. Al contrario de lo que ocurriera en la vista contra Batasuna del año 2003, esta vez no han aparecido por sala alcaldes que refieran coacciones por parte de ANV o EHAK (entonces lo hicieron Alfonso Alonso, de Gasteiz, o Ana Urchueguía, de Lasarte), ni otro tipo de representantes de cualquier ámbito. Toda la acusación recae sobre las peculiares impresiones policiales.

En el caso de EHAK, las «goteras» de las demandas, tanto en el fondo como en la forma, no resultan menos evidentes. Ayer tarde acabaron de pasar por la sala decenas de policías que participaron en seguimientos o en registros de sedes de EHAK o ANV. En los primeros ha quedado de manifiesto que efectivamente detectaron contactos entre miembros de EHAK y otros que se sitúan en Batasuna, pero no se advierte qué trascendencia puede tener eso. Respecto a los registros, ayer la Abogacía del Estado intentó subrayar que en las distintas sedes se había encontrado propaganda electoral de ANV y EHAK, pero los guardias civiles admitieron que junto a ella había también documentos de PSOE, EB, PNV o Aralar. Las acusaciones intentaron igualmente poner el foco en que miembros de Batasuna participaron en la campaña electoral de EHAK, otra cuestión irrelevante si es cierto, como se dice, que sus derechos de participación política están intactos.

A partir de hoy será el turno de las defensas. Comparecerán, entre otros, representantes de ANV, parlamentarias de EHAK y electos de otros partidos. Esta curiosa vista oral de ilegalización -no es un juicio en sentido estricto- acabará mañana. Luego, cada una de las partes tendrá un plazo de veinte días para emitir por escrito sus conclusiones sobre los testimonios escuchados en la sala. El tribunal tiene prisa para dictar sentencia en julio, antes de las vacaciones. Para entonces, por cierto, EHAK y ANV llevarán medio año suspendidas por el juez Garzón.