El espaldarazo del grupo popular, el liberal, la derecha nacionalista y parte del grupo socialista permitió ayer al pleno del Parlamento Europeo, que se mostró más dividido que nunca, sacar adelante la llamada «Directiva de Retorno». Esta nueva norma comunitaria pretende «armonizar» los procedimientos de repatriación de inmigrantes en situación irregular, a costa de privarles de sus derechos, y su apartado más polémico es el que permite a los estados miembro retener a los inmigrantes a la espera de expulsión, de la que serán objeto también los menores, en centros de internamiento hasta un máximo de 18 meses.

El visto bueno de la Eurocámara supone el punto y final de la tramitación de la polémica directiva, ya que los ministros de Interior de los Veintisiete ya la aprobaron el pasado 5 de junio. Una vez publicada, los estados miembros tienen un plazo de dos años para introducirla en sus respectivas legislaciones, por lo que su entrada en vigor está prevista para 2010. Además, tendrán un año adicional para prestar asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes inmersos en procedimientos de expulsión.

La directiva, resultado de un compromiso inédito contra la inmigración entre negociadores de la Eurocámara y los Veintisiete, fue aprobada con 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones.

El pleno rechazó las enmiendas presentadas por los Verdes e Izquierda Unitaria, que reclamaban la retirada del texto por considerarlo un atentado contra los derechos humanos de los inmigrantes, obligados a dejar sus hogares en busca de una vida mejor o para huir de situaciones de conflicto, y a los que la nueva normativa trata, sin serlo, como delincuentes por no tener regularizada su situación.

Los eurodiputados tampoco aceptaron ninguna de las modificaciones planteadas por el grupo socialista para «suavizar» la directiva, lo que no fue obstáculo para que parte del grupo, principalmente los alemanes y los españoles que gobiernan en Madrid, diera su apoyo a esta directiva al considerarla un «avance» en la creación de un política de inmigración común.

La nueva normativa con la que la UE pretende blindarse ante la inmigración irregular busca, según sus estados miembro, armonizar los distintos procesos para la repatriación de los inmigrantes, ya que cada uno de ellos aplica los plazos que considera oportunos.

En el caso de nueve estados -Gran Bretaña, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Italia, Irlanda, Malta, Países Bajos y Suecia- no hay límite para la retención de quienes van a ser expulsados. Ahora, se verán obligados a cambiar sus legislaciones para introducir el límite de seis meses para la retención de los inmigrantes, un plazo que se podrá ampliar hasta los dieciocho meses si hay una falta de cooperación del inmigrante para su expulsión o si hay demoras en la obtención de la documentación necesaria que deben expedir terceros países.

En el Estado español el periodo máximo actual de retención es de 40 días y la directiva no obliga a ampliarlo, aunque el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha anunciado su intención de hacerlo. París, por el contrario, se comprometió a no endurecer su legislación, que establece 32 días como periodo máximo de retención.

Retorno voluntario o retención

Según la nueva normativa, en caso de ser interceptados por las autoridades, los «sin papeles» contarán con un plazo de entre siete y treinta días para optar por el retorno voluntario. En caso contrario serán detenidos y retenidos en centros de internamiento por un periodo de hasta dieciocho meses.

La norma fija también que cuando una persona en situación irregular sea expulsada tendrá prohibida su entrada en territorio comunitario durante cinco años, periodo que se amplía en caso de que la persona repatriada suponga «una amenaza grave para la seguridad». Esta prohibición puede ser eludida en los casos de «retorno voluntario».

La directiva contra la inmigración se aplicará también a familias y menores no acompañados, siempre y cuando sus familiares, tutores o instituciones adecuadas se ocupen de ellos a su llegada. Además, los niños y las familias con menores «sólo serán internados como último recurso y por el menor tiempo posible».

Como excepción se contempla la concesión de permisos de residencia a los «inmigrantes clandestinos por motivos humanitarios», y se destaca también la necesidad de lograr acuerdos de readmisión con terceros países con el fin de facilitar el retorno de los expulsados, ya que dice que los expulsados sólo podrán ser devueltos a su país de origen o a aquellos países con los que los estados miembro o la UE hayan firmado acuerdos de repatriación.

La UE tiene ya acuerdos con varios países de los Balcanes, así como con Rusia, Ucrania, Moldavia y Pakistán, pero no con países africanos y del Magreb. Además recientemente ha puesto en marcha acuerdos piloto de movilidad con Cabo Verde y Moldavia y ha iniciado un proceso de diálogo con Senegal y Georgia de cara a lograr pactos similares.

Esta cuestión será tratada en la cumbre que inician hoy los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, en la que se pedirá que se intensifiquen los trabajos en el seno del Consejo de Ministros para adoptar propuestas migratorias concretas en relación a la admisión de ciudadanos de terceros países altamente cualificados, la adopción de sanciones a los empleadores de inmigrantes irregulares y la aprobación de un procedimiento único de solicitud y establecimiento de un conjunto común de derechos para los trabajadores inmigrantes. Los líderes europeos insistirán también en la necesidad avanzar hacia un sistema europeo común de asilo, después de haber sacado adelante una directiva que supone otro retroceso en las garantías de los derechos y libertades en Europa.