Juanjo BASTERRA

Un pequeño grupo de afectados sostenía ayer ante las dependencias del Palacio de Justicia de la capital vizcaina una pancarta que proclamaba que «el problema existe. El amianto mata». Estaban allí en representación de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (ASVIAMIE) y apoyados por CCOO de Euskadi.

Eusebio Pabola, que lleva una «bomba de morfina» en su cuerpo para hacer frente al dolor que sufre como consecuencia de haber trabajado con amianto, explicó que «tenemos que estar aquí. He pasado dos días en la cama con fuertes dolores, pero debemos acompañarnos. Nos tenemos que apoyar», precisó. También se encontraban allí otros afectados, como la presidenta de la asociación, Nieves Rodríguez, y la portavoz de la misma, Olvido Herreras. En el siglo XXI los afectados, trabajadores que estuvieron a lo largo de su vida laboral en contacto con ese «mineral asesino», todavía tienen que arrancar, juicio a juicio, la indemnización por haber tenido la desgracia de contaminarse sin que las empresas establecieran ni métodos necesarios de prevención de riesgos laborales ni pusieran en manos de sus empleados los equipos adecuados para evitar ese contagio.

A unos metros de la terrible realidad que indicaba esa pancarta, en la puerta de acceso al Juzgado de lo Social número 9 de Bilbo, esperaba Juan Manuel Márquez, de 58 años, y ex trabajador de Nervacero y Siderúrgicos Varela. Estaba a la espera del juicio de reclamación de una indemnización por la falta de medidas de seguridad en ambas. «Tengo mesotelioama, un pequeño tumor entre la pleura y el pulmón. Está estabilizado, pero este próximo mes debo acudir al oncólogo a que me examine de nuevo», señala a GARA con cierto temor. Es un trabajador sencillo, que se ha visto envuelto en esta situación por la falta de medidas frente al riesgo. «Las empresas -Nervacero y Siderúrgicos Varela- se niegan a reconocer que estuviera trabajando en los hornos», dice enojado. Sin esperar, reacciona de nuevo en una explosión de hechos concretos: «trabajábamos los domingos por la noche demoliendo los revestimientos de ladrillo de los hornos para hacerlos nuevos para el lunes, para que estuvieran en marcha. Allí estaba el amianto en Nervacero, sin ninguna duda».

Entre 1966 a 1983 estuvo expuesto a esa sustancia cancerígena. Tanto Osalan como la Inspección de Trabajo emitieron informes en los que se indica que las empresas deberían de haber protegido a los trabajadores, porque desde 1940 estaba en vigor la legislación que obligaba a las empresas a adoptar sistemas de aspiración localizada y dispositivos envolventes para el tratamiento de sustancias peligrosas.

Márquez señala que le han concedido la incapacidad absoluta por enfermedad profesional, aunque las dos empresas para las que ha trabajado se niegan a hacer frente a la indemnización que le corresponde. Mientras transcurre la charla, un funcionario del Juzgado de lo Social llama al afectado y le indica que el juicio se va a suspender, porque uno de los abogados se encuentra en Barcelona en una consulta médica y no ha podido realizar un poder en favor de otro letrado.

Una de las abogadas, Blanca Ruiz de Egino, que apoya al trabajador, exclama en ese momento que «¡es una vergüenza!». Los compañeros de Juan Manuel Márquez que acudieron a testificar relatan a GARA que trabajó en esos hornos y en una grúa enorme y explican con todo lujo de detalles que en Nervacero, «con tal de que no saliera humo al exterior para que no les pudieran `meter mano' desde la Administración, los trabajadores fuimos los que inhalamos humo y cualquier cosa. Había veces que no se veía ni a diez metros», constataron.

Más tarde Nuria Busto, la letrada del afectado por amianto, explicó que el juicio se ha trasladado al próximo 16 de setiembre y que, aunque el juez «tenía claro los hechos, no se puede celebrar porque podría ser declarado nulo por instancias superiores y tenerse que repetir el mismo al faltar uno de los abogados al juicio».