Informe sobre política fiscal
LAB reclama un sistema tributario más justo, equitativo y solidario
LAB ha elaborado un informe sobre política fiscal en el que pone de manifiesto las deficiencias del actual sistema tributario, configurado en torno a un IRPF «cada vez menos equitativo, menos progresivo y con una menor capacidad de recaudación», y en el que se favorece más a las rentas del capital que a las de trabajo. El sindicato abertzale reclama, por ello, un sistema alternativo, más justo y solidario, e insta a las autoridades a que combatan el fraude fiscal.
Amaia UGARTE | DONOSTIA
El secretario de política económica, Rafa Izquierdo, y el secretario general adjunto, Javi Garnika, presentaron ayer un informe sobre política fiscal elaborado por LAB, en el que se critica el actual modelo fiscal y se pone de manifiesto la necesidad de un sistema tributario alternativo, más justo y solidario.
LAB entiende que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) debería cumplir un «papel central» en el diseño de un sistema tributario más equitativo, ya que en principio su objetivo asignado es lograr una distribución de la renta más justa.
Sin embargo, las sucesivas reformas fiscales han configurado un IRPF «menos equitativo, menos progresivo y con una menor capacidad de recaudación».
Rafa Izquierdo destacó que las estadísticas fiscales obtenidas del Órgano de Coordinación Tributaria de la CAV y de la Hacienda navarra demuestran que la importancia recaudatoria del IRPF ha seguido una tendencia descendente en los últimos años. Según LAB, esa pérdida de recaudación reduce la función redistributiva que debería cumplir el IRPF para «corregir las desigualdades que genera el sistema económico tanto en términos de riqueza como de bienestar social».
Impuestos indirectos
El responsable de Política Económica criticó que las haciendas forales tratan de compensar esa pérdida de recaudación fiscal por IRPF «trasladando una mayor presión fiscal hacia los impuestos indirectos» sobre el consumo, como el IVA, que «parecen menos impopulares porque Hacienda mete mano en nuestros bolsillos de manera imperceptible, vía precios, cada vez que compramos o pagamos por un producto o servicio».
Sin embargo, Rafa Izquierdo aclaró que los impuestos indirectos tienen una incidencia «regresiva» desde el punto de vista del reparto de la renta, porque «penalizan en mayor medida a las personas que tienen rentas más bajas» ya que los sectores sociales más humildes destinan «prácticamente todos sus ingresos» para cubrir las necesidades básicas y, por lo tanto, no tienen capacidad de ahorro, ya que «vía consumo están pagando impuestos indirectos».
Con las rentas elevadas ocurre lo contrario, puesto que tienen capacidad de ahorro y por lo tanto pagan menos impuestos indirectos en proporción a su nivel de ingresos. «Por esta vía, difícilmente se puede conseguir una mejor redistribución», se lamentó.
Rentas del capital
El informe «Por una política fiscal alternativa, justa y solidaria» de LAB también analiza las sucesivas contrarreformas del IRPF que se han dado en los últimos años y concluye que en las modificaciones que se han introducido «ya ni se respeta el criterio de equidad», ya que la «práctica totalidad» de las rentas del capital o rentas de ahorro se gravan de forma separada y «reciben un trato fiscal más favorable que las rentas del trabajo».
Así, Izquierdo criticó que las rentas del capital no están sujetas a la escala de gravamen progresivo del IRPF sino que siempre tributan a un tipo «fijo y muy reducido»: un 15% en Nafarroa y un 18% en la CAV.
Como resumen, LAB apunta que tras analizar «la discriminación que se hace en función del origen de rentas o el tratamiento más favorable que reciben las rentas del capital en comparación con las de trabajo, además del fraude fiscal instalado en las rentas empresariales y profesionales, el efecto redistributivo del IRPF descansa exclusivamente en las rentas del trabajo».
Fraude fiscal, «pase foral»
Otro de los aspectos en el que incide el estudio es el fraude fiscal. En ese punto, Rafa Izquierdo quiso poner el acento en un dato «curioso», extraído de los datos que proporcionan las últimas estadísticas fiscales disponibles: El ingreso medio declarado por las rentas del trabajo es un 58% más elevado que el ingreso medio declarado por actividades económicas en el caso de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba. En Nafarroa, el porcentaje es algo menor, «pero el hecho es el mismo».
De la misma manera, en los últimos años el ingreso medio por trabajo está teniendo un incremento mucho más elevado que los ingresos declarados por las actividades empresariales y profesionales, con lo cual «esa brecha que esconde un importante volumen de fraude fiscal es cada vez más amplia».
Para el sindicato abertzale, ese dato confirma que «las haciendas forales hacen `pase foral' con respecto al fraude fiscal». Los últimos escándalos destapados, como el de la Hacienda de Irun y el del ex jefe de la inspección fiscal de Bizkaia, «no representan más que la punta de un iceberg», indicó.
El representante de LAB también se refirió a la relación que existe entre la presión fiscal y el gasto social.
Para ello, aportó los siguientes datos: en Hego Euskal Herria, a través del IRPF se recauda el 6% de la renta generada (PIB), mientras que en la Unión Europea representa el 9% del PIB, es decir, que «la presión fiscal por el impuesto sobre la renta en Europa es un 50% más alta que aquí».
Según LAB, esa circunstancia no se produce exclusivamente con ese impuesto sino que «se puede generalizar al conjunto de la política fiscal».
Junto a ello, Rafa Izquierdo también quiso destacar que en Hego Euskal Herria la presión fiscal representa un 31% del PIB, mientras que en la UE la media supera el 41%. Si se tiene en cuenta que la presión fiscal determina la capacidad para financiar el gasto público, de forma que a una reducida presión fiscal le corresponde un sector público pequeño y un nivel de cobertura en protección social menor, para LAB «no es casualidad que en Hego Euskal Herria, con una reducida presión fiscal, el tamaño del sector público sea tan pequeño y el nivel de cobertura en protección social sea tan bajo», bastante alejado de la media europea.
Movilizaciones
Por ello, cree que «esta notable brecha fiscal» debe ser corregida, a fin de «acercarnos a unos niveles de cobertura social más dignos, tanto en materia de vivienda, sanidad, desempleo, pensiones, apoyo a la familia o lucha contra la exclusión».
Ante esta situación, el sindicato abordará un calendario de movilizaciones en las próximas semanas.
La presión fiscal que soporta Hego Euskal Herria está 10 puntos por debajo de la media europea y es de las más bajas de toda Europa. Cuanto menor es la recaudación fiscal, menor es la capacidad de financiar el gasto público.
José Luis Rodríguez Zapaterok abiarazitako 400 euro «itzultzearen» proposamena ere izan du hizpide Izquierdok. «Hauteskundeetako proposamen» gisa jaio zena Foru Ogasunek «kopiatu» dutela salatu du, eta neurri horrekin kontsumoa eta ekonomia suspertuko direla esatea «zentzugabetzat» jo du. Diru-sarrera apalak dituztenei ez die onurarik ekarriko, errenta aitorpenean ez baitute zergarik ordaindu behar, LABen arabera.
Es el porcentaje que alcanza el gasto total en protección social en la Unión Europea. En la CAV, el gasto en protección social representa un 19% del PIB mientras que en Nafarroa es algo menor, un 17,5%.
LAB entiende que los gobiernos de Iruñea y Gasteiz y sus respectivas haciendas forales «comulgan claramente» con el modelo neoliberal que impera en la actualidad y por ello a la hora de aplicar medidas sociales y laborales se rigen por la premisa de «no incomodar a aquellos que comulguen con su ideario programático, «dejando de lado una y otra vez» a la clase trabajadora y a las capas sociales más desfavorecidas.
Un «claro» ejemplo de ello es, según apuntó Javi Garnika, el debate que se ha abordado este año sobre la reforma del Impuesto de Sociedades, un debate que a su juicio se ha abordado, «sin ninguna vergüenza ni rubor», sobre la premisa de «mejorar la competitividad de las empresas» de Hego Euskal Herria.
En opinión de LAB, esa reforma no va a repercutir «en nada» en las condiciones laborales de las y los trabajadores vascos, ni tampoco va a repercutir en inversión en torno a I+D+I. Por el contrario, el sindicato sostiene que se trata de una reforma que «sólo» sirve para mejorar los márgenes empresariales y «para que los de siempre se llenen los bolsillos, como han hecho hasta ahora».
Tras analizar esta nueva reforma del Impuesto de Sociedades, LAB concluye que «nos van a robar dos veces: la primera, al dejar de ingresar miles de millones de euros que repercuten negativamente sobre la inversión en protección social que se tenía que hacer en este país»; y la segunda, cuando ante situaciones económicas «especiales» el margen de beneficios empresariales baja, «los empresarios, sin ningún tipo de rubor, vuelven a plantear la necesidad de reducir los costos empresariales, pero ésta vez a costa de la clase trabajadora, sin tener en cuenta y olvidando previamente dónde han quedado los beneficios empresariales conseguidos».
Ante esta situación, LAB propone una batería de medidas que a su juicio se deberían abordar y emplaza a las haciendas y a sus gestores a que las apliquen.
En primer lugar, plantea «recuperar la soberanía fiscal plena que no garantiza el sistema actual» del Concierto Económico y «abandonar la tentación de imitar y copiar las medidas fiscales aprobadas en Madrid».
En materia fiscal, la central exige a las autoridades un «compromiso real y firme» en la lucha por el fraude fiscal, por razones de equidad y justicia fiscal.
Junto a ello, plantea acometer una «verdadera reforma del IRPF para convertirlo en un impuesto más progresivo y solidario», que recupere su función redistributiva y que grave de forma progresiva todo tipo de rentas, garantizando que «pague más quien más tenga».
En cuarto lugar propone mantener el Impuesto sobre el Patrimonio y, por último, pide que se ponga fin a la competencia fiscal y a la «sucesiva rebaja» del Impuesto de Sociedades. En ese sentido, insta a las haciendas de la CAV a que «recuperen los 1.800 millones de euros en impuestos que no pagaron» las empresas acogidas a las denominadas «vacaciones fiscales» entre 1995 y 2000.
