Los imputados en el sumario 33/01 comparecieron ayer en Donostia para valorar lo acontecido en las 22 sesiones del juicio contra el movimiento pro amnistía. Concluyeron que con este proceso se ha dado una «paso cualitativo» porque «se ha pasado de negar el hecho represivo a criminalizar su denuncia».

En nombre de todos los imputados e imputadas tomaron la palabra Juan Mari Olano y Julen Larrinaga e iniciaron su intervención realizando un breve resumen de los pormenores del proceso, que arrancó con la negativa de los procesado a hacer una defensa jurídica de su caso.

Al hilo de esta decisión afirmaron que ellos no acudieron a la Audiencia Nacional a defenderse o hacer una defensa del movimiento pro amnistía o Askatasuna, «si no a reclamar la desaparición de la Audiencia Nacional, tal y como lo exige una mayoría en Euskal Herria; para ello, nuestro objetivo era dejar al desnudo la función que está ejerciendo este tribunal especial y político». El segundo objetivo de los procesados ha sido poner encima de la mesa «lo que ha sido la realidad represiva en Euskal Herria en los último 30 años».

Definieron la Audiencia Nacional española como «el buque insignia de la represión» que se ejerce contra Euskal Herria: «Es una audiencia que fiscaliza la lucha social, política, institucional y sindical; y a nuestro modo de ver no se puede aceptar».

Más aún, los procesados subrayaron, al igual que lo hicieron antes de comenzar el juicio, que la sentencia estaba ya redactada. «Si este proceso ha demostrado algo es que primero es el Gobierno el que toma la decisión política de ilegalizarnos y automáticamente las fuerzas policiales se ponen en marcha para buscar pruebas y poder así ejecutar la ilegalización; luego viene la Audiencia Nacional para dar un ropaje jurídico al proceso», valoraron.

Los objetivos que se marcaron en la antesala del juicio se han cumplido y los procesados se mostraron satisfechos por ello, aunque incidieron que durante todo el proceso les han puesto numerosos impedimentos, citando como ejemplo el caso de Unai Romano a quien la presidenta del tribunal le recriminó por referirse a las brutales torturas que sufrió. «Paradójicamente en las pruebas documentales se ha hablado de las torturas, porque, precisamente, en nuestras ruedas de prensa nos referimos a ello».

En opinión de los procesados, lo realmente preocupante es «la dirección que marcan con este proceso el Ejecutivo y los aparatos del estado, en este caso el judicial». «Lo que muestran es que no les basta con aplicar la legislación especial, la incomunicación, torturar a los detenidos y negar esa tortura, además quieren criminalizar la denuncia de la tortura» afirmaron, añadiendo a continuación que «lo ilegal es la represión misma, y no denunciarla».

En este aspecto, se refirieron a lo manifestado tanto por la Fiscalía como por la acusación popular, quienes les «acusaron de que fracasasen la política de dispersión y la política de reinserción». «Si eso fuese cierto totalmente -añadieron-, estaríamos orgullosos, pero sabemos que sólo nos corresponde una parte. Hemos hecho todo lo posible, pero han sido especialmente los presos quienes han llevado a cabo esa batalla en primer línea; nosotros les hemos ayudado».

Después del juicio

«¿Y ahora qué?» se preguntaron los procesados, tras la finalización el miércoles del juicio. En su opinión, «no se va a solucionar nada, porque mientras continúen con su apuesta por la represión, mientras haya cada vez más presos políticos en las cárceles, mientras los derechos civiles y políticos sean vulnerados, mientras se siga torturando... seguirá habiendo movimiento pro amnistía, respuesta popular, denuncia y solidaridad».

Y es que, en su opinión, «en un pueblo que se siente pisado, en un pueblo que quiere ser dueño de sí mimo, en esa lucha es imprescindible que haya y se refuerce el movimiento pro amnistía, porque es obligatorio poder responder a los excesos de los estados; de lo contrario se pudren el sistema de convivencia y los derechos civiles y políticos».

Recordaron que las sucesivas políticas represivas del Estado español contra Euskal Herria han fracasado y Zapatero fracasará». «¿Cómo se quiere acabar con políticas represivas con el movimiento pro amnistía generando más presos?», interpelaron.

Afirmaron, a este respecto, que seguirán trabajando y que ante «una situación de ataque global al movimiento popular vasco nadie objeto de persecución política por su actividad va a caminar sólo».

Los procesaros recordaron las movilizaciones que se llevarán a cabo estos próximos días, como el acto que celebrarán hoy a las 20.30 en el frontón La Esperanza de Bilbo o la manifestación que se llevará a cabo mañana en Iruñea a partir de las 18.00.

Cabe destacar también que entre los próximos días 23 y 29 de este mes se celebrará en Altsasu la semana a favor de la amnistía. Entre los numerosos actos organizados destacan la charla que ofrecerá uno de los imputados en este proceso el día 26 o la triki-manifestación que han organizado para el próximo día 29.