El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció ayer una campaña internacional para hacer frente a la directiva europea contra los inmigrantes «sin papeles», aprobada en el Parlamento Europeo el miércoles, para la que pedirá el apoyo de países latinoamericanos y africanos. Morales consideró la nueva norma «una agresión contra la humanidad y la vida» y dijo que aprovechará las próximas cumbres de jefes de Estado y Gobierno -la primera, la de Mercosur el 1 de julio en Argentina- para organizar esta campaña con el fin de revertir la directiva.

Reclamó a la Eurocámara y a los mandatarios de la Unión Europea una «reflexión profunda» y les pidió que «se pongan la mano en el pecho y revisen la historia», tras recordar que en América Latina «en 500 años nunca se decidió expulsar a nadie» a pesar, recalcó, de que «nos han saboteado, saqueado, humillado, odiado y explotado». También subrayó que los bolivianos que han emigrado a Europa «no han ido a ocupar miles de hectáreas, ni a robar oro, plata o petróleo, ni a saquear los recursos naturales (...) Han ido a sobrevivir frente al saqueo de en este continente. La gente va a Europa para sobrevivir, no para quitar nada, sino para aportar su esfuerzo al desarrollo de los pueblos de Europa», en parecidos términos a lo manifestado en las últimas horas por otros mandatarios americanos.

El presidente indígena expresó, además, su deseo de no tener que llegar a la situación de «pedir visa» a los europeos.

En el Estado español, la federación de asociaciones de SOS Racismo consideró que la directiva «legitima una política contraria a los derechos humanos», una situación que calificó de «vergonzosa» en una Europa que «se autoproclama defensora y bandera de los valores democráticos». Denunció que es defendida por «planteamientos descaradamente xenófobos» y por un discurso «hipócrita».

SOS Racismo subrayó que «no se trata de un avance, sino de uno de los más tristes y vergonzosos episodios de la Historia europea contemporánea» e instó a los agentes sociales a movilizarse contra ella. A su juicio, el Ejecutivo español, con el voto a favor emitido por el gobernante PSOE -que estudiará si los eurodiputados que no la apoyaron merecen una sanción-, «ha dejado claro que apuesta por el racismo institucional».

Asociaciones gallegas y canarias se sumaron a las denuncias.

La vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que no se hará ninguna trasposición a la legislación española que conlleve ampliar a dieciocho meses el tope de retención de los «sin papeles», y reiteróla voluntad del Ejecutivo de presentar una reforma «limitada» de la Ley de Extranjería este año.

IU pedirá en el Parlamento de Gasteiz que rechace la directiva, y NaBAi habrá lo propio en la Cámara de Iruñea.