La promesa electoral de los 400 euros ha sido aplicada de manera mimética por las entidades recaudadoras de Hego Euskal Herria, en una nueva demostración de los estrechos márgenes por los que discurre la llamada soberanía fiscal vasca. En todo caso, es indudable que el panorama de crisis económica en que nos encontramos obliga a abordar la asignatura fiscal, porque no se puede pretender que los mecanismos de ahorro y relanzamiento económico se conjuguen exclusivamente en clave de sacrificio salarial y aumentos de jornada como los que se anuncian desde Bruselas. A la vista de los datos que se recogen en el informe «Por una política fiscal justa y solidaria» presentado por LAB, el modelo impositivo que gestionan el Gobierno de UPN en Iruñea y el tripartito en Gasteiz responde a una misma lógica, tendente a otorgar un trato fiscal más favorable a las rentas del capital o del ahorro que a las rentas del trabajo. Para compensar el déficit recaudatorio a que ello conduce, se cargan las tintas sobre los impuestos indirectos, lo que agudiza la incidencia regresiva en el reparto de la renta. Se recauda menos de lo debido, de quien menos tiene y sin prevenir eficazmente el fraude, lo que disminuye la capacidad de inversión pública y de abordar una política social a la altura de las posibilidades de este país y de las necesidades ciudadanas.