VISTA DE ILEGALIZACIÓN EN EL SUPREMO ESPAÑOL
El fiscal pide borrar los testimonios de EHAK al no extraer nada inculpatorio
El interrogatorio de las acusaciones a las parlamentarias de Ezker Abertzalea venía a ser su última opción de tratar de obtener elementos para «vestir» la ilegalización en la vista que se celebra en el Supremo. Ello da especial relieve al desenlace: tras no obtener nada relevante para sus intereses en las palabras de Nekane Erauskin, la Fiscalía y la Abogacía del Estado pidieron anular las declaraciones «por ser parte interesada». El presidente del tribunal sugirió hacerlo.
Ramón SOLA | MADRID
Casi hora y media de minucioso interrogatorio a Nekane Erauskin no les sirvió a las dos acusaciones -Fiscalía y Abogacía del Estado- para obtener algo que les permita justificar o complementar sus demandas de ilegalización contra EHAK. Y fueron ellos mismos quienes lo pusieron de relieve. Tras escuchar todas las respuestas dadas por la parlamentaria en Gasteiz a cada uno de los elementos imputados, ambos decidieron que era mejor pedir al tribunal que elimine este testimonio y otros de personas de EHAK por ser «parte interesada».
Curiosamente, lo hicieron tras haber formulado ambos sus propias preguntas a Erauskin, a todas luces sin resultados satisfactorios para sus intereses. Y después de que el presidente de la Sala y de todo el Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, sugiriera esta opción ante la evidencia de que la parlamentaria representa a EHAK, el partido que se quiere ilegalizar.
Las acusaciones no sólo quieren tirar a la papelera este testimonio; otro tanto hicieron con la otra parlamentaria en Gasteiz que declaró -Kattalin de Madariaga-, con una asesora contratada por el grupo -Mireia Unamuno- o con dos miembros del partido EHAK -Javier Ramos y Jesús Mari Agirre-.
Se aferran al «éxito» electoral
Las dificultades de Fiscalía y Abogacía del Estado para poner en evidencia algún elemento para la ilegalización están siendo patentes durante toda la vista (otra cosa será la sentencia final), y el interrogatorio a Eraus- kin fue una de las constataciones más claras. Por parte del fiscal, se le imputó por ejemplo, en tono irónico, el «éxito» electoral de 2005, como si las nueve actas parlamentarias logradas en Gasteiz supusieran un elemento inculpatorio evidente. Quiso que la cabeza de lista explicara por qué no se presentaron también a las elecciones posteriores, pero ésta le recordó que esa decisión competía en todo caso al partido, no al grupo. Erauskin puso sobre la mesa que la mayor parte de las parlamentarias, aunque no todas, entraron en la lista como independientes, motivadas por una iniciativa de entrar en política para corregir situaciones sociales y trabajar «por la democracia y la paz».
Las acusaciones también recurren a espetar a EHAK que en la campaña participaran miembros de Batasuna o que Arnaldo Otegi acudiera al acto de recuento de voto en la noche electoral. Erauskin trajo a colación que todo ello fue sólo el fruto de su reiterada petición de colaboración popular, que consta en las ruedas de prensa ofrecidas en aquellos días.
La abogada de la defensa Jone Goirizelaia se adelantó a las acusaciones para preguntar a Nekane Erauskin si se plantearon decir que no a algunas de las per- sonas que se animaron a colaborar con EHAK. «No estábamos en condiciones de poner condiciones», matizó ésta.
Algo similar ocurrió tras el paso por las urnas. Erauskin detalló que se vieron sobrepasadas por el volumen de trabajo y por la inexperiencia, y que éste fue el motivo por el que decidieron contratar a personas que sí disponían de ella. Las acusaciones denuncian que algunos, como Joseba Álvarez o Juan Joxe Petrikorena, eran miembros de Batasuna, y buscan concluir que estos contratos eran un modo de financiar al partido ilegalizado. Pero en los testimonios de ayer quedó claro que el único objetivo era contar con sus servicios.
Aukera Guztiak
En paralelo, Fiscalía y Abogacía del Estado tratan de presentar como increíble el surgimiento espontáneo de la candidatura de EHAK y los resultados obtenidos en 2005, sin reparar en la práctica del auzolan tan habitual en Euskal Herria y que reivindicó Kattalin de Madariaga.
El punto de arranque concreto dio mucho que hablar. El presidente Hernando evidenció su interés por este elemento al tomar la palabra y preguntar él mismo a Nekane Erauskin si tomaron el testigo de la vetada candidatura de Aukera Guztiak y en qué momento concreto lo hicieron. La testigo repasó una historia bien conocida en Euskal Herria: la amenaza que se cernía sobre esta agrupación electoral, la reunión a la que Aukera Guztiak citó a todos los partidos, y el posterior anuncio de EHAK de que concurriría a las urnas. De las preguntas de Hernando se desprende que busca tratar de ligar a EHAK con las formaciones ilegalizadas a través de un vínculo con Aukera Guztiak, pero Erauskin le explicó que los postulados de unos y otros no eran idénticos.
Puestos a engordar las demandas con elementos menores, las acusaciones imputan a EHAK que en su primera rueda de prensa tuvo un responsable de prensa al que ligan con Batasuna -Erauskin explicó que fue una de tantas aportaciones voluntarias-. Y citan incluso que en una ocasión Erauskin y Joseba Permach fueron detectados juntos en un control policial en los alrededores de Agurain -la parlamentaria detalló que fue un encuentro casual y que no se había reunido con él, sino con unos sindicalistas para recoger propuestas para los presupuestos de Gasteiz-.
Contabilidad y relaciones
Las acusaciones lo intentaron después por todos los lados posibles, sobre todo por el contable. Hernando mostró su sorpresa por que EHAK contara con una tesorería tan saneada en esos momentos como para pertimirle pagar adelantos, y uno de los testigos le recordó que el Tribunal de Cuentas otorgó al partido ganancias anuales de 700.000 euros.
Otros testigos confirmaron que EHAK ha participado en jornadas plurales o mantenido relaciones con agentes de todo tipo. Nekane Erauskin citó, por ejemplo, que se reunieron con el PSE y que muchos medios de difusión resaltaron lo inhabitual de la decisión del partido de Patxi López.
El fiscal interrogó también con detalle al miembro de EHAK Jesús Mari Agirre, pero luego le preguntó si tiene interés en que no les ilegalicen. «La mayoría no lo desea», replicó éste. El fiscal pidió automáticamente anular el testimonio.
El gerente de una imprenta confirmó que pagos recibidos de ANV eran por la confección de carteles o folletos. Como antes hizo también trabajos para Batasuna, el fiscal lo usa de prueba. Él precisó que «para Batasuna trabajaban casi todas las imprentas».
Mientras en Madrid se «juzga» a ANV como último paso hacia su ilegalización, en Euskal Herria se ha constatado el fracaso de los intentos de mociones de censura contra sus alcaldesas en Hernani, Pasaia y Arrasate. La izquierda abertzale saludó ayer en una nota que el intento se ha estrellado contra «la voluntad popular» y lanzó un mensaje al PSOE: «Ni las ilegalizaciones ni la represión ni la criminalización ni los llamamientos a aislarnos ni las vías policiales han acabado con la izquierda abertzale ni van a acabar con ella». Critica además al PNV por dar su respaldo a la ofensiva del PSOE, y también a EB, al que acusa de actuar con interés partidista en este terreno.
GARA
Mila Elorza, de AHT Gelditu! Elkarlana, confirmó al tribunal que las ideas de EHAK sobre el TAV coinciden con las de la plataforma «y las de gran parte de la sociedad vasca». Para las acusaciones, todo es por orden de ETA.
Reivindicar los cargos otorgados por la voluntad popular o rechazar el proyecto del TAV aparecen como motivos para la ilegalización de ANV en las demandas, ya que se afirma que su actuación en ambas dinámicas fue coactiva y que le vincula a Batasuna y ETA. El valor de ambos elementos como elemento incriminador resulta dudoso, pero es que, además, está muy lejos de probarse que haya sido así. Los últimos ocho policías y guardias civiles que declararon ayer contribuyeron más bien a lo contrario.
En el ámbito de las protestas contra el «apartheid político», las FSE exponen en sus informes un único caso: Ondarroa. Sin embargo, no llegaron a hablar con ninguno de los ediles del PNV que no tomaron sus cargos y que, por cierto, expusieron por escrito que lo hacían por respeto a la voluntad popular. Uno de los guardias civiles que declaró ayer admitió que ni siquiera conoce quién es Aitor Maruri, el cabeza de lista y ex alcalde jeltzale, ahora expulsado del partido. Además, él mismo leyó unas postales enviadas a algunos electos ilegítimos en las que se lee sólo que «te pedimos que no ocupes el cargo». Las postales son anónimas, sin que conste relación con ANV. El agente admitió que se limitan en su informe a recoger «recortes de prensa con declaraciones de políticos», entre los que curiosamente no está el comunicado de Maruri y sus compañeros. Tras todo ello, el abogado Iñigo Iruin le hizo una pregunta directa: «¿Tiene usted conocimiento propio y directo de amenazas?». «Conocimiento directo, ninguno», concluyó el agente.
Algo similar ocurre con el TAV. Tres miembros de Aralar, ELA y EHNE pasaron por la sala para explicar que ANV ha participado en las plataformas Red por un Tren Social y AHT Gelditu! Elkarlana, en las que distintos agentes rechazan el proyecto y proponen consultas populares sobre el mismo. Coincidieron en que la actitud de ANV en los ayuntamientos que dirige ha sido coherente con esta posición común. Los alcaldes independentistas de Anoeta, Legorreta e Itsasondo explicaron luego que se limitaron a dar cauce al rechazo ciudadano al TAV.
