Cuentan que el presidente del Congreso, José Bono, días pasados recibió en la Cámara Baja a unos 300 represaliados y ex presos políticos del franquismo. Cuando uno de ellos, Antonio Moya, sacó una bandera republicana, José Bono reaccionó indignado diciendo: «Con la misma fuerza con la que estoy defendiendo lo que pienso, en esta casa son invitados del Congreso de los Diputados y de la legalidad, y la legalidad es la que marca la Constitución y no otra, y por tanto no puedo aceptar manifestaciones que no son legales en este momento».

Cesar Llorca -otro de los asistentes- narró cómo, cuando Bono salió de la sala apresuradamente e indignado, le alcanzó para manifestar el desacuerdo con su forma de actuar y de cómo le había faltado «mano izquierda» para lidiar esta situación. Bono, tras agradecerle sus observaciones, le respondió que «dé gracias de no haber mandado desalojar el edificio» y que «a partir de ahora la Organización de Represaliados no volverá a entrar a esta casa». Y tras recordar a Bono que esta organización defiende los intereses de un colectivo muy importante y que hay muchos asuntos pendientes de resolver, Bono le espetó que a partir de ahora «se miraría muy bien el DNI de quienes quieran entrar aquí».

El periodista Pascual Serrano le ha respondido: «El presidente del Congreso ha de saber que exhibir banderas republicanas está amparado por los artículos de la Constitución que consagran la libertad ideológica y la libertad de expresión, según una sentencia de la Sección Novena de la Sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La sentencia, fechada el 15 de diciembre de 2003 y notificada el 14 de enero de 2004 a las partes, daba la razón a Izquierda Unida, que denunció una resolución del Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid), gobernado por el PP, que ordenó retirar la enseña tricolor de un chiringuito montado por la coalición de izquierdas durante las fiestas patronales de julio de 2002. El tribunal estimó que la citada resolución municipal fue `contraria al ordenamiento jurídico, en cuanto vulnera los derechos fundamentales previstos en los artículos 16.1 y 20.1,a de la Constitución Española'».

Por tanto lo ilegal fue la salida de José Bono cuando afirmó «no puedo aceptar». Pero resulta cínico en demasía el hecho de que se pretenda homenajear a un colectivo obligándole al mismo tiempo a guardar silencio respecto al mismo asunto por el que la institución dice estar ofreciéndole el reconocimiento público.

Fueron preguntados los presentes sobre qué impresión les causaba que un político como Bono, protegido por el franquismo (su padre fue alcalde falangista y estudió en la exclusiva Universidad de Deusto) y que no pisó una comisaría durante la dictadura, reprendiera a unos luchadores que conocieron las cárceles y la tortura en la lucha por la democracia. César Llorca contestó recordando que Bono se impuso también otra vez una medalla mendaz a sí mismo, ya que en su discurso dijo que «algunos de aquellos luchadores habíamos alcanzado altos puestos de representación como yo».

Los asistentes, con la dignidad y coherencia que han manifestado en toda su vida, aplaudieron y dieron vivas a la República durante la exhibición de la bandera republicana y respondieron con despectivo silencio a los comentarios de Bono.

Salvador López Arnal afirma en artículo publicado en «Rebelión» que «en una sala de la Cámara -institución democrática- se guardan los retratos de algunos presidentes (o de todos, no puedo precisarlo) de las antiguas Cortes franquistas. Entre ellos, los retratos de Esteban Bilbao, Antonio Iturmendi y Alejandro Rodríguez Valcárcel. Ninguno de los presidentes de la Cámara ha tenido a gala situar esas imágenes del fascismo español en la cámara de los horrores político-visuales. Ninguno. ¿Existe, pues, continuidad entre las imágenes presidenciales de aquellas Cortes y esta Cámara?».

Setenta años después los veteranos republicanos siguen dando lecciones a un franquista monárquico del PSOE, presidente actual del Parlamento español.