En una declaración institucional a la que dio lectura la portavoz del Ejecutivo de Gasteiz, Miren Azkarate, tras el Consejo de Gobierno, el Gabinete Ibarretxe consideró que las medidas aplicadas a ambas empresarias son «extremas de privación de libertad» porque «están sustentadas en indicios que no parecen tener la solidez necesaria como para anular su presunción de inocencia».

Según Azkarate, el Gobierno tripartito evaluó datos como el testimonio del padre de ambas arrestadas, el empresario Andrés Bruño, quien denunció públicamente, «con escaso género de dudas», haber sido objeto de la «extorsión» de la organización armada vasca durante 28 años y manifestó su voluntad de no aceptar «el chantaje de ETA». «Baste recordar que el propio Andrés Bruño ha subrayado que nosotros no somos los verdugos», argumentó la portavoz gubernamental.

También hizo hincapié en que en 2004 «se produjo un caso similar cuando se intentó encausar a conocidos cocineros vascos», tras lo cual defendió que «las personas extorsionadas por ETA son víctimas, y sólo ETA es culpable de la extorsión mafiosa que lleva a cabo».

Además, Miren Azkarate consideró que los indicios que han llevado a encarcelar a las empresarias oriotarras «no parecen tener la solidez necesaria como para anular su presunción de inocencia», ya que «toda la carga de la prueba se fundamenta, al parecer, en una carta hallada en la operación policial llevada a cabo en Burdeos».

Por ello, el Ejecutivo de Lakua acordó ayer instar a la Audiencia Nacional española y, en concreto, al titular del Juzgado de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, a «clarificar con urgencia» la situación penal de María Isabel y Blanca Bruño, en prisión provisional acusadas de «un presunto delito de pagar voluntariamente a ETA determinadas cantidades de dinero».

Garzón acusó a las dos empresarias de Orio de «colaborar con ETA». Por ello, ordenó su detención por parte de la Guardia Civil el pasado 11 de junio, así como el registro de dos inmuebles de las hermanas Bruño en Aginaga y Usurbil.