Las integrantes de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia (AMB) no ocultaron su satisfacción con la respuesta ciudadana cosechada por su campaña a favor de la laicidad emprendida a comienzos de 2008, en la que han impulsado una iniciativa para darse de baja de la Iglesia católica. A día de ayer, disponían de algo más de 550 solicitudes.

«Estamos desbordadas por la respuesta» manifestaron, antes de aclarar que «somos muchísimas las personas que no queremos tener nada que ver con una institución a la que pertenecemos sin nuestro consentimiento y que diariamente da tantas muestras de intolerancia e intransigencia con quienes no compartimos sus ideas». A pesar de que hace semanas que dieron por finalizada la entrega de peticiones, siguen recibiéndolas a diario.

Tras reclamar en las diferentes diócesis que se cancelen los datos de la partida de bautismo, han recibido respuestas dispares. Así, desde el Obispado de Donostia les han contestado que tienen las puertas abiertas para salir si lo desean y que, en caso de querer volver, no será necesario repetir el sacramento del bautismo. «Decir que la Iglesia tiene sus puertas abiertas para poder salir de ella cuando se quiera, nos parece un sarcasmo. De entrada -criticaron-, deberían empezar por bautizar a la gente cuando pueda ser consciente de sus actos».

Desde la diócesis de Bilbo han sido más escuetos, según la AMB, diciéndoles que se dan por enterados de su deseo de causar baja en la Iglesia católica y que procederán «conforme a derecho».

Dado que en muchas ocasiones lo que la Iglesia suele hacer ante este tipo de solicitudes es una anotación marginal en la partida de bautismo, la asamblea de mujeres va a recurrir a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para solicitar que se les borre. «No nos parece suficiente la anotación marginal y, además, para qué negarlo, no nos fíamos», aclararon.

Además, señalaron que la Iglesia ha comenzado a presentar recursos ante la Audiencia Nacional por las resoluciones de la AEPD, defendiendo que las inscripciones bautismales son «registros de hechos históricos» no afectados por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Índole Personal. La AMB rechaza este argumento y anuncia que, en caso de agotarse la vía administrativa, acudirán a la vía penal para preservar su derecho a no pertenecer a una institución «no democrática».