Hacia el pleno del día 27
Fuentes de Ezker Abertzalea anuncian que «será España la que impida la consulta y el PNV quien lo acepte»
Fuentes de Ezker Abertzalea han avanzado a GARA que «será España quien impida la consulta y el PNV quien lo acepte». Esto indica que, aun siendo muy crítico con la iniciativa de Lakua, el grupo independentista permitirá que salga aprobada del Parlamento para que se vea con nitidez que es el marco constitucional quien impide el derecho a decidir de Euskal Herria y que el PNV no hará nada por superarlo. La fórmula de voto la desvelarán hoy en rueda de prensa.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
En la entrevista que este diario publicó el pasado martes, la portavoz de Ezker Abertzalea, Nekane Erauskin, afirmaba que una prohibición del Tribunal Constitucional de una consulta aprobada por el Parlamento de Gasteiz, «demuestra quién es el que impone su voluntad al pueblo vasco, quién niega a Euskal Herria el derecho a decidir su futuro». Y recogiendo las declaraciones en las que el presidente del EBB dijo que el PNV acataría la legalidad en caso de prohibición, Erauskin añadía que «diga lo que diga Ibarretxe, el derecho a decidir de Euskal Herria no cabe en la legalidad y en la Constitución que el PNV dice que va a acatar. No hay futuro para Euskal Herria en este marco. Hay que cambiarlo por uno verdaderamente democrático».
Según han adelantado a GARA fuentes de Ezker Abertzalea, ese es el escenario que se abre a partir del viernes. «Será España quien impida la consulta y el PNV quien lo acepte», señalaron textualmente desde el grupo independentista.
Sus parlamentarias aclararán hoy cuál es la fórmula elegida para la votación que se celebrará mañana en el Pleno del Parlamento, pero resulta evidente que a las reiteradas críticas que el grupo independentista ha formulado y mantiene a la iniciativa del Gobierno de Lakua, se suma su interés por dibujar la realidad a la que se enfrenta hoy en día Euskal Herria. Una realidad que que se resume en que ni el propio país ni su derecho a decidir -y como se ve ni siquiera una mera consulta que no pone en peligro el orden autonómico- tienen cabida en el marco constitucional y en que el PNV no va a hacer nada efectivo por superar esta situación.
Recurso «en horas»
Desde el Gobierno español se ha advertido ya en reiteradas ocasiones que en cuanto el Parlamento aprobara el proyecto de ley de consulta, lo recurriría inmediatamente al Tribunal Constitucional.
En una reciente entrevista, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, afirmaba tajante que «si el Parlamento vasco da luz verde a la propuesta, el tiempo de reacción se contará en horas. No lo vamos a tolerar, es inconstitucional», y añadía que «la valoración jurídica es demasiado clara para que el abogado del Estado necesite ni un minuto para impugnar el acuerdo ante el Constitucional y lograr la suspensión».
El Partido Popular ha anunciado que, al margen de lo que haga el Gobierno español, también interpondrá su propio recurso a través de cincuenta diputados.
Según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press, si el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero argumenta en su impugnación que la consulta «es competencia del Estado y no del Gobierno vasco», en cuanto el Tribunal Constitucional lo admita a trámite, que puede ser cuestión de días, se producirá una suspensión automática que se prolongará a lo largo de cinco meses, según la previsión legal.
Cuando transcurran esos cinco meses, el Tribunal daría audiencia a las partes para resolver si continúa la suspensión durante el tiempo que dure el pleito, por lo tanto, hasta que dicte sentencia, o si se levanta la medida cautelar.
Esta audiencia a los implicados en el procedimiento también la establece la Ley, en previsión de que el Tribunal no haya decidido en sentencia en cinco meses, plazo que es habitual que se supere. Por ello, el TC procede a revaluar la suspensión provisional.
De esta forma, de aprobarse la Ley mañana y si el Gobierno español la recurre por invasión competencial, la suspensión automática de cinco meses impediría que la consulta se celebrara, dentro de la legalidad, el 25 de octubre de 2008, tal como tiene previsto el lehendakari, Juan José Ibarretxe.
Acatar la legalidad
Ante la eventualidad de una suspensión por parte del Constitucional, la primera reacción pública del presidente del EBB, Iñigo Urkullu, se produjo el 3 de junio en Catalunya Ràdio, donde aseguró que «el PNV, desde luego, no va a caer en juegos de actuar contra lo que es la legalidad». Y reiteró que su partido «nunca irá contra la legalidad», sin esbozar ningún otro tipo de respuesta.
Estas declaraciones fueron consideradas «normales» por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, quien explicó que «el PNV lleva más de cien años cumpliendo las leyes y la legalidad». Sin embargo, las palabras de Urkullu causaron cierto malestar dentro de algún sector del PNV y provocaron, desde luego, una respuesta airada de EA, que las consideró derrotistas.
En los últimos días, Urkullu ha pretendido pulir sus afirmaciones. Mantiene, como hizo el lunes en ETB, que su partido «cumplirá y acatará» la legalidad, aunque no le guste, pero ya añade declaraciones del tipo de que «no nos arrodillaremos ante el TC y seguiremos adelante dentro de la legalidad».
El tripartito no tiene aún definida su respuesta común ante la evidente prohibición de la consulta por instancias españolas.
El TSJPV no ha admitido a trámite el recurso presentado por la asociación ultraderechista Manos Limpias contra el proyecto de ley aprobado por Lakua y que pedía la suspensión cautelar del pleno. El tribunal cree que podría ser incompetente.
El lehendakari, Juan José Ibarretxe, abrirá el pleno de mañana con una intervención en la que defenderá el proyecto de ley propuesto. Aunque no tiene límite de tiempo, no se espera que su discurso dure más de media hora.
Los primeros grupos en intervenir serán los que apoyan el proyecto y que deberán repartise entre ellos 30 minutos. Después, todos los que estén en contra, también con 30 minutos a repartir. Las réplicas, 15 minutos para cada parte.
El presidente del Bizkai Buru Batzar, Andoni Ortuzar, aseguró ayer, en relación al pleno sobre la consulta de Ibarretxe que se celebra mañana y al papel decisorio de los votos de Ezker Abertzalea, que «si estamos ``supuestamente'' en manos» de este grupo «es por la cerrazón del PSOE»
Según explicó en una entrevista en ETB, «si Zapatero, el PSOE y el PSE hubieran aceptado sentarse a negociar con el lehendakari y con el PNV, el pleno del viernes sería para ratificar un acuerdo que abriría el camino a la normalización y a la pacificación».
Sobre el sentido del voto de Ezker Abertzalea, manifestó que «no es serio» que a cuarenta y ocho horas del pleno aún no haya difundido su postura y opinó que «quieren convertirse en la reina mediática de este pleno porque son conscientes de que sus votos inclinan la balanza hacia uno u otro lado». Y añadió que «creo que piensan más -resaltó- en cómo utilizar políticamente a su favor la coyuntura de que son decisorios, que en el fondo del asunto».
El homólogo de Ortuzar en el PSE, José Antonio Pastor, tiene sin embargo una visión distinta. A su entender, la propuesta de consulta del tripartito es «moralmente inaceptable porque mezcla pacificación con normalización». Según el presidente del PSE en Bizkaia, «viene a decir que si uno no acepta los postulados políticos de ETA respecto a la autodeterminación, la banda no se va a acabar y, por tanto, hay que decirle a ETA que se acabe, para, después, poner en marcha las tesis nacionalistas».
Por ello considera que, la iniciativa «no tiene ningún elemento positivo», porque «no tiene pies ni cabeza». Asimismo, aseguró Pastor que «es ilegal porque no está en el ordenamiento constitucional, pero especialmente no sirve absolutamente para nada» porque «no desbloquea la situación, pone en manos de ETA la decisión última porque es quien tiene, en estos momentos, el interruptor de decir si esto sigue adelante o no».
También desde el PP se acusa al tripartito de estar buscando los votos de Ezker Abertzalea.
El Pleno de Ermua aprobó ayer, con el respaldo de PSE y PP, la abstención de EB y el rechazo de PNV, una moción contra la consulta que fija que el Ayuntamiento no facilitará recursos materiales ni administrativos para su celebración.
