El Parlamento de Gasteiz aprobó ayer el dictamen de la comisión de investigación abierta por la matanza del 3 de marzo. Han tenido que pasar nada menos que 32 años para que ponga en negro sobre blanco la parte de la verdad que toda Euskal Herria sabía desde el primer día: quiénes fueron, con nombres y apellidos, los responsables de la irrupción policial que se cobró la vida de cinco trabajadores. El dictamen no tiene efecto práctico alguno sobre los culpables. Y la Cámara, además, ha actuado sólo a remolque de la iniciativa popular, a la que mientras tanto no se ha dudado en apalear en fechas bien recientes. Pocos motivos para la felicitación caben con tal balance. Y si la pasividad institucional resulta sonrojante en Gasteiz, ¿qué decir de Iruñea? En los últimos meses esa misma iniciativa popular ha debido emplearse a fondo para impedir que el Ayuntamiento mandase al cubo de la basura el monolito en recuerdo a Germán Rodríguez, al que ya había sometido a un humillante y paulatino deterioro. Tras esta primera etapa, el siguiente reto -liderado por decenas de abogados- es forzar a las instituciones a escribir la historia real. Pero todo ello será sólo la media verdad, media verdad a la que ha costado tres décadas llegar. Quedará reparar el fondo de la cuestión, superar esa falsa «transición» en que el cambio real fue combatido a sangre y fuego.