Garzón detiene al consejero delegado de Sidenor y registra sus oficinas
La Audiencia Nacional vuelve a actuar contra empresarios acusados de pagar el «impuesto revolucionario» y lo hace en esta ocasión al máximo nivel: el juez Garzón hizo detener ayer a José Antonio Jainaga, consejero delegado de Sidenor, una empresa con más de 3.000 trabajadores. La Guardia Civil habría registrado sus oficinas, antes de dejarlo en libertad a última hora. Se desmintió, además, el arresto de otro industrial en Oiartzun.
GARA |
La información sobre esta operación fue muy confusa y contradictoria a lo largo del día. Al mediodía se difundió que habían sido dos los detenidos por la Guardia Civil, y posteriormente fuentes judiciales afirmaron que únicamente se les «retuvo». A última hora de la tarde, la Audiencia Nacional indicó que en realidad el único detenido era José Antonio Jainaga, cuyas oficinas se registraban. Cerca de las 22:30, las agencias españolas señalaron que el empresario ya había quedado en libertad. Sea como sea, la redada provocó un notable impacto, especialmente por la condición de consejero delegado de Sidenor del arrestado.
Jainaga fue anteriormente altísimo ejecutivo de Michelín en Clermont-Ferrand, donde ejerció como director general europeo para neumáticos de turismo, con responsabilidad sobre 20 fábricas. En 1998 se incorporó a Sidenor, el mayor fabricante estatal de aceros especiales, forja y fundición, con más de 3.000 trabajadores y centros de producción en Basauri, Gasteiz, Elgeta, Legazpi, Azkoitia y otros puntos del Estado. Portavoces de Sidenor destacaron rápidamente la «total honorabilidad» y «profesionalidad» de Jainaga. El detenido tiene parte de la propiedad de la empresa, que desde 2005 está participada al 40% por la brasileña Gerdau. Otro 40% pertenece al Grupo Santander, y el 20% a directivos.
Fuentes judiciales apuntaban que el nombre del empresario pudo aparecer en la redada de Burdeos. Otro tanto se dijo tras la detención de las hermanas Bruño en Orio hace semanas.
EA mostró su «perplejidad». «El Estado debe proteger a los extorsionados, que son víctimas de ETA», dijo en una nota.