Competencia investiga a Telefónica, Vodafone y Orange por pactar precios
La dirección de investigación de la comisión española de la competencia (CNC) considera, en su pliego de concreción de hechos, que Telefónica, Vodafone y Orange subieron de manera concertada el precio del establecimiento de llamada de 12 a 15 céntimos en marzo de 2007. Las operadoras, que rechazan las consideraciones del informe, anunciaron alegaciones. La CNC decidirá si impone sanciones cuando reciba el informe definitivo de la comisión investigadora.
GARA |
La comisión española de la competencia, CNC, se dirigió a Telefónica, Vodafone y Orange con el primer informe de hechos, que supone que continúa el trámite del expediente abierto por las denuncias de las asociaciones de consumidores por posible concertación de precios. En sus primeras conclusiones, la dirección general de investigación de la CNC estima que Movistar comunicó sus nuevas tarifas de establecimiento de llamada a aplicar el 1 de marzo, con antelación suficiente para que Orange y Vodafone pudieran imitarla.
Las operadoras recibieron con «sorpresa y estupor» este informe y en 15 días presentarán alegaciones. El final del proceso se producirá cuando este órgano de investigación remita el informe definitivo a la CNC y ésta decida si procede una sanción.
Tras conocer el informe de la comisión de investigación de la CNC, fuentes de Movistar aclararon que este documento no es vinculante ni tiene aún valor de acusación formal y que los operadores deben presentar alegaciones y aportar pruebas de que su conducta no supuso incumplimiento alguno.
Señalaron que la compañía «se limitó a adecuar sus tarifas a las exigencias de la ley, comunicándoselas a sus clientes, consumidores y organismos sectoriales de acuerdo con las exigencias y plazos previstos en la normativa y siguiendo los procedimientos habituales» y calificaron de «sorprendentes» las conclusiones con las que discrepan de forma absoluta.
«Se equivoca»
En Vodafone calificaron de «falsas» las conclusiones y señalaron que la ley obliga a las operadoras a comunicar los cambios de tarifas con un mes de antelación y que esta comunicación viene marcada por las fechas en las que se factura, que no es igual para todos.
Para esta operadora, la comisión de investigación «se equivoca en el enjuiciamiento», «omite hechos relevantes», «interpreta incorrectamente la jurisprudencia española», «confunde el establecimiento de llamada con el coste de la telefonía móvil» e incluye conclusiones sobre este mercado que excede el ámbito del expediente.
Un portavoz de Orange rechazó «absolutamente» las consideraciones del informe, que considera «injustificadas ya que no responden en absoluto a lo que realmente ha ocurrido».
Al igual que Telefónica y Vodafone, afirma que toma sus decisiones de manera autónoma e independiente en función de las características del mercado, altamente competitivo, en el que opera y con el ánimo de ofrecer las mejores condiciones tarifarias a sus clientes.
Sólo un componente
Recuerda, igualmente, que el coste de establecimiento de llamada es sólo un componente del precio del servicio y que sumado el precio consumido y cuotas, en su caso, dan lugar a precios totalmente diferentes.
El conflicto se originó con la entrada en vigor de la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios que obligaba a las operadoras a tarifar por segundo, por lo que modificaron sus precios, al aumentar la cuota de inicio de llamada. Las tres operadores coincidieron en incrementar esta cuota de 12 a 15 céntimos, mientras que el precio por segundo lo establecieron según sus ofertas.
La CNC estima que Movistar comunicó sus nuevas tarifas de establecimiento de llamada a aplicar el 1 de marzo con antelación suficiente para que Orange y Vodafone pudieran imitarla.
Movistar responde que el informe no tiene aún valor de acusación formal y avanza que los operadores presentarán pruebas de que su conducta no supuso ningún incumplimiento.
Las organizaciones de consumidores Facua, OCU y Ceaccu solicitarán a Competencia que aplique la máxima sanción contra Movistar, Orange y Vodafone, investigadas por haber pactado una subida de precios para adaptarse a la ley que prohibía la práctica del redondeo, con el fin de evitar en el futuro conductas similares dentro del sector, según informaron las tres organizaciones.
Según la ley 15/2007, de 3 de julio, la máxima sanción prevista para este tipo de prácticas es del 10% del volumen de negocios en un año. Las tres compañías ingresaron 14.681 millones en el mercado minorista en 2007, según el informe anual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
Según los cálculos de la OCU, sólo con la subida del 25% del establecimiento de llamada pactada, las compañías recuperarían el 60% de lo ingresado de más por el redondeo.
Facua calcula que esta subida viene reportando en torno a 78 millones de euros mensuales, unos 1.248 millones desde marzo de 2007 hasta hoy, sobre la base del número y duración media de las llamadas estatales facturadas por las compañías.
Ceaccu ve difícil que las operadoras puedan presentar «argumentos creíbles» para demostrar que no hubo acuerdo. «La apuesta lanzada por las operadoras ya tiene un precio (además del que han venido pagando los usuarios, que puede llegar a representar el 60% de lo que las compañías ingresaban de más por el redondeo): el de la posible sanción que termine por imponer la CNC y que puede llegar a superar los 13.000 millones de euros», indica.
