El AKP se defiende de las amenazas de ilegalización ante los jueces
Dirigentes del AKP comparecieron ayer, a puerta cerrada, ante el Tribunal Constitucional turco en el marco del proceso de ilegalización que se sigue contra la formación del primer ministro Recep Tayyip Erdogan, acusada de atentar contra los fundamentos laicistas de la República. Esta comparecencia se produjo al día siguiente de que se detuviera a un grupo kemalista que planeaba un golpe de Estado.
GARA |
Los responsables del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), en el poder en Turquía, se defendieron ayer ante el Tribunal Constitucional de las acusaciones de actividades antilaicas que podrían suponer la ilegalización de esta formación islamista, en una audiencia a puerta cerrada.
Quienes comparecieron ante el Constitucional turco fueron el viceprimer ministro y portavoz del Gobiermo, Cemil Cicek, y otro dirigente del AKP, Bekin Bozdag, que detallaron oralmente los argumentos que su defensa envió previamente por escrito a los once jueces que conforman el alto tribunal turco.
Ambos rechazaron las acusaciones del fiscal del Tribunal de Casación, Abdurrahman Yalçinkaya, que presentó en marzo una demanda de ilegalización, tras acusar al AKP de «albergar actividades que van en contra de la laicidad».
El martes, el fiscal presentó su requisitoria ante los mismos jueces, durante una sesión que también se celebró a puerta cerrada, en la que reiteró sus acusaciones contra el AKP, que gobierna en Turquía desde 2002. Yalçinkaya repitió, según los diarios, que quiere la disolución de esta formación, surgida del movimiento islamista, puesto que tiene como objetivo «instaurar un orden basado en la sharia» o ley islámica.
El fiscal Yalçinkaya pidió también que a 71 miembros del AKP, entre los que se encuentran el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente de la República, Abdullah Gül, se les prohíba pertenecer a cualquier formación política en los próximos cinco años.
Tras la sesión de ayer, el ponente del tribunal presentará sus recomendaciones, antes de que se apruebe un calendario para las deliberaciones y se anuncie un veredicto, en una fecha que todavía se desconoce.
El AKP rechaza las acusaciones de las que es objeto y señala que respeta la laicidad, pero en los ambientes políticos de Ankara se habla ya de la creación inminente de un nuevo partido político en el que se integrarían los parlamentarios del AKP en caso de disolución.
El Tribunal Constitucional ya actuó en junio contra el AKP en el caso de la ley que permitió a las mujeres el uso del türban en las universidades, anulando la reforma constitucional que autorizaba vestir esta prenda al considerarla contraria al principio de laicidad. Esta decisión se interpretó como un precedente del clima favorable a la ilegalización del AKP.
Para los partidarios del Gobierno, este procedimiento de disolución es un «golpe de Estado judicial» contra un partido fue reelegido en las urnas hace menos de un año con el 47% de los votos.
Para que el Constitucional decida ilegalizar el AKP necesitará los votos de al menos siete de los once jueces, un escenario que es perfectamente posible, aunque los analistas estiman que este hecho provocaría una gran crisis política en Turquía.
En cualquier caso, el Constitucional también podría suspender sólo la financiación que el AKP recibe del Estado.
El AKP fue fundado en agosto de 2001 tras la prohibición del islamista Partido de la Virtud (Fazilet Partisi), a quien también se le imputaron actividades antilaicas.
Los tribunales turcos tienen una larga trayectoria de ilegalizar formaciones. Además de los grupos islamistas (los últimos el Refah, en 1998, y el Fazilet, en 2001), han quedado fuera de la ley formaciones de izquierda y defensoras de los derechos nacionales de los kurdos, como el DEP, en 1994, o el HADEP, en 2003.
Actualmente, el prokurdo DTP también corre serio riesgo de ser ilegalizado.
Los documentos incautados durante la operación policial llevada a cabo el pasado martes con el grupo nacionalista kemalista conocido como Ergenekon demuestran sus intenciones de realizar un golpe de Estado gradual para derrocar al Gobierno del AKP, según informaron ayer varios periódicos turcos.
La Policía detuvo a 21 personas por su posible vinculación a este grupo de élite que promueve el laicismo. Entre ellos había dos generales retirados, un antiguo jefe del Ejército y otro que fue máximo responsable de la Gendarmería, un redactor del diario «Cumhuriyet», así como diversos políticos y el directo de la Cámara de Comercio de Ankara, conocido por sus críticas al Gobierno.
Los documentos incautados revelan un plan secreto, muy detallado, con el que se pretendía socavar la confianza de los ciudadanos turcos sobre los dirigentes del AKP y su gestión económica. Así, Ergenekon pretendía forzar la intervención del Ejército y el cambio de Gobierno, según informan el diario «Sabah» y el progubernamental «Yeni Safak».
Así, «Sabah» aseguraba en su edición de ayer que Ergenekon planeaba organizar manifestaciones ilegales contra las actividades del AKP el próximo lunes en 40 provincias con el objetivo de hacer estallar enfrentamientos ciudadanos contra las fuerzas policiales. Además, el grupo nacionalista kemalista pretendía iniciar una campaña para mostrar que la economía turca, que no crece en los elevados niveles de hace unos años, estaba decreciendo bruscamente. En los últimos 50 años, ha habido cuatro golpes de Estado en Turquía.
Desde la proclamación de la República en Turquía en 1923 por parte de Mustafá Kemal Atatürk, la laicidad está considerada como uno de los valores básicos del Estado junto al nacionalismo turco.
