El juicio contra el movimiento pro-amnistía se encuentra a la espera de que la Audiencia Nacional se pronuncie tras dos meses de sesiones. Las acusaciones reclaman a 24 ciudadanos vascos penas que oscilan entre los 10 y 13 años de cárcel, aunque Goioaga denuncia que no existen pruebas para sustentar las acusaciones.

La renuncia a la defensa jurídica de los procesados ha marcado el sumario 33/01.

La decisión adoptada por los imputados ha estado condicionada, para empezar, por la ausencia de imputaciones concretas a cada uno de ellos, cuando es necesario a la hora de afrontar un juicio saber de qué se acusa a cada persona. Hay que tener en cuenta que el juicio se ha llevado a cabo en un tribunal especial como la Audiencia Nacional y que la base de la acusación son informes policiales cuando tanto la Audiencia Nacional como las FSE han sido objeto de denuncia permanente por vulneración de derechos fundamentales por parte del movimiento pro-amnistía. Un factor más de las pocas garan- tías que ofrece el tribunal. Asimismo, Gestoras y Askatasuna han denunciado en repetidas ocasiones que su naturaleza proviene de una situación de déficit democrático, por lo que desde esa perspectiva es lógico y coherente denunciar que no se iba a realizar un juicio justo y que detrás de ello había un impulso político para criminalizar sus actividades.

¿Qué valoración hace del desarrollo del juicio?

Lo más importante ha sido que los imputados han dejado en evidencia que después de 30 años de la llamada transición y supuesta reforma política seguimos estando en un Estado policial que carece de un carácter democrático real.

¿Cree que esa postura ha molestado a la judicatura española?

Es evidente que sí. Sobre todo, se pudo comprobar en la actitud del fiscal. Durante todas las sesiones dejó en evidencia una gran animadversión personal hacia algunos de los imputados y la propia presidenta del tribunal le tuvo que llamar la atención por la forma en la que se dirigía a los procesados, algo que es impensable en un proceso con todas las garantías. Además, en su informe final defendió continuamente la legalidad y el Estado de Derecho de las denuncias de los procesados. En contestación a sus palabras habría que decirle que no se trata de la defensa de la legalidad, sino de que la legalidad esté inmersa en un marco de sistema de garantías que refleje la existencia de un Estado de Derecho.

¿Qué quiere decir cuando habla de falta de garantías?

El juicio arrancó con unas declaraciones del fiscal jefe de la Audiencia Nacional diciendo que había una gran cantidad de material probatorio para plantear una condena de los imputados. Sin embargo, en las sesiones hemos visto que todo lo presentado se basa en un informe policial. Según la legislación espa- ñola y, en concreto, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el valor del informe policial sería el de un atestado ya que son conjeturas, suposiciones e imputaciones basadas en la especulación policial que no están probadas ni concretadas.

Sin embargo, las acusaciones y peticiones de pena son graves.

Los testigos que ha presentado la defensa han mostrado que la actividad del movimiento pro-amnistía es muy diferente a lo que han querido plantear las acusaciones. El fiscal habló en su informe final de que habían sido destapadas las actividades de Gestoras y Askatasuna. Sin embargo, lo que se ha intentado ha sido ocultar sus verdaderas actividades, como son las denuncias de vulneraciones de derechos de los represaliados y el recorte de libertades democráticas en el Estado español. Han tratado de difamar y ocultar toda esta cuestión.

Fiscalía y AVT retiraron las acusaciones contra tres procesados -Jorge Arredondo, Mitxel Sarasketa y Maitane Méndez- y lo presentaron como prueba de las garantías jurídicas.

Creo que debería haber retirado las acusaciones contra todos. Pero el objetivo no es la penalización de los imputados, sino la ilegalización del trabajo en colectivo que se quiere criminalizar, porque no se admite que haya un trabajo de denuncia de vulneraciones de derechos. Ahí es donde está la perversión de este procedimiento penal. Todo lo demás es darle forma para aparentar, pero lo correcto hubiera sido no haber dirigido ninguna acción penal contra ellos. Han estado imputados con una serie de obligaciones durante siete años y han tenido que asistir al juicio. Ahí es dónde se vuelve a producir la quiebra del sistema de garantías, ya que todas las pruebas de la acusación se basan en un informe policial.

La defensa denunció también la falta de pruebas en las que sustentan las acusaciones.

El delito de «integración en banda armada» es un chicle que se estira y se alarga según los impulsos o intereses políticos. El absurdo llega hasta tal punto que durante el juicio no sabíamos si se estaba juzgando a los imputados, las actividades de los organismos, el hecho asociativo o a las defensas porque las exposiciones más duras han sido contra los abogados. Como carecían de un elemento probatorio fundamental, han tratado de pervertir las actividades de Gestoras y Askatasuna. Conceptos como solidaridad con represaliados lo convierten en coordinación de las cárceles, y una asistencia jurídica y humanitaria a refugiados en ayudar a huídos que están en la clandestinidad.

Se les imputan también acusaciones como financiar a ETA y señalar objetivos.

Es absurdo. Se criminalizan actividades empresariales normales y corrientes, pero ni siquiera se presenta un perito económico en la Sala. No hay ninguna prueba contra nadie ni ningún hecho concreto sobre ello. Con la dinámica de señalamiento ocurre otro tanto de lo mismo. Se hace referencia a una manifestación que se produjo en el periodo de la tregua de Lizarra-Garazi [a Aitor Jugo le acusan de organizar una manifestación por los presos políticos en Durango] y lo que se hace es cambiar las fechas acercándola al atentado contra un concejal de la localidad, aunque ni siquiera esté probado que esa persona participara en la movilización. Otro elemento de la perversión que han buscado es la interpretación que se hace en el informe policial de lo que es limpiar una sede con sacar documentos [Ixone Urzelai está acusada de sacar documentos porque en una escucha telefónica habla de pasar a limpiar la sede de Gestoras en Gasteiz].

Incluso son acusados de coordinar la «kale borroka» cuando Segi ha sido condenada por ello.

El planteamiento que han llevado a cabo las acusaciones ante la ausencia real de pruebas ha sido el de intentar ensuciar todo. Hacen un desarrollo de lo que es la kale borroka, el informe pericial dice que Gestoras no tiene nada que ver con el tema, pero se mantiene la prueba. Ese tipo de historias venden en Madrid y, aunque es inútil al no tener ninguna relación, intentan pervertir las actividades.

Un organismo con el prestigio de la Asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED) denunció también que en el sumario 33/01 ha sido vulnerado el derecho a la defensa.

El objetivo fundamental es criminalizar cualquier acción de solidaridad con los represaliados políticos vascos y entre ellos está el derecho a la defensa. Es curioso que haya un abogado imputado en esta causa [en referencia a Julen Arzuaga] por haber participado en juicios de extradición. El elemento inculpatorio que utilizan es un documento incautado a una persona cinco años antes de que se licenciara como abogado. Además, no está probado que sea de ETA porque no lleva ninguna firma ni se lleva al juicio a la persona que se le incautó. Ésa ha sido la tónica general a lo largo de todo el juicio.

¿Se han encontrado con muchas dificultades para poder preparar la defensa?

Sí, tanto de perspectiva histórica-ideológica como de conceptos jurídicos y lingüísticos, con traducciones como comensal por mahaikide, sostenes por txostenes o auto judicial por coche. Y es que, para la Fiscalía y el tribunal, no existe un conflicto político, represaliados políticos ni déficit democrático. Todo eso conlleva que cualquier acción de solidaridad o denuncia del Estado de Derecho se sitúe en el marco de la lucha antiterrorista y se criminalice. El interés del Estado predomina por encima de las garantías. Además, todas las pruebas se sustentan en suposiciones de policías que se convierten en peritos por arte de magia, secretario judicial y hasta intérpretes y traductores. A partir de ahora, si hay una sentencia condenatoria bastaría un informe policial con ausencia de juicio y cualquier sistema de garantías. Así, se viene a constatar que todavía estamos en un Estado policial y que no se ha realizado el tránsito a un Estado de Derecho democrático cara a Euskal Herria.