Los veintiséis estados que acompañan al francés en la actual Unión Europea van a tomar hoy el pulso a la presidencia gala del Consejo de Ministros de la Unión. Y lo van a hacer en una cuestión delicada, complicada y sensible para los estados miembros: la inmigración.

Desde Cannes, lugar elegido por el Gobierno francés para su primera reunión importante como presidente de turno del Consejo de Ministros de la Unión, el corresponsal de France Press Christian Spillmann informaba ayer de los problemas que el ministro de Interior francés, Brice Hortefeux, va a encontrar en el transcurso de la reunión. El representante de Sarkozy intentará, como cualquier otro estado miembro que lo desee, «exportar» su punto de vista en esta cuestión para convertirla en estrategia comunitaria. Y esa estrategia se basa en tres pilares: controlar y canalizar los flujos de llegada de inmigrantes a la Unión; eliminar la inmigración «no deseada» (según el último término de moda en Bruselas); y, para no quedar demasiado mal, mejorar la integración de los «legales». El problema para Hortefeux es que, desde su posición en la presidencia, debe trabajar para propiciar consensos, con lo que el borrador de pacto que debe presentar hoy (resultado de sus contactos con los homólogos comunitarios) no puede escorarse demasiado hacia sus intereses particulares.

Por ello, y por la oposición que la estrategia francesa está encontrando en otros estados miembros (en el español, especialmente), el ministro de Interior de Sarkozy eliminará varios de los puntos originales del plan francés, como la creación de una institución comunitaria central que procesaría todas las peticiones de asilo, o el «contrato de integración» que, entre otras cosas, obligaría a los inmigrantes a aprender el idioma «y valores» del Estado de acogida.

Donde no cederá París será en la crítica a las regularizaciones más o menos masivas, aunque ha eliminado la «condena» de esta práctica del borrador. Y es que Sarkozy pretendía introducir la «prohibición» expresa en la UE de procesos de regularización como los registrados en el Estado español o en Italia en los últimos años, con el argumento ya conocido de que producen un «efecto llamada».

«Inmigración deseada»

Nicolas Sarkozy levantará el pie del acelerador en este punto, pero lo hará para apretar en su objetivo de instaurar como política comunitaria su idea de la «inmigración deseada», estrategia que, en el espíritu y en la letra, significa endurecer aún más la política europea sobre la inmigración, especialmente a través de la instauración de reglas comunes para los Veintisiete en materia de asilo.

París sabe perfectamente hasta donde puede apretar (la propuesta presentada en junio por la Comisión Europea, tras una ronda de contactos con los Veintisiete, es más moderada que el plan francés), pero es consciente de que el endurecimiento de los controles en las fronteras «externas» de la Unión y la expulsión de quienes accedan al territorio comunitario sin papeles son políticas aceptadas por la gran mayoría de sus socios en la Unión Europea, tal y como se pudo comprobar en junio con la aprobación de la «directiva de retorno» (a la que muchos, especialmente en América Latina, llaman ya la «directiva de la vergüenza»).

Quienes hablan de «bunker europeo» critican el eufemismo del término «inmigración deseada» y advierten de que «una inmigración deseada en función de las necesidades de mano de obra de cada estado miembro no va a detener los flujos de los `clandestinos'». Estas palabras, pronunciadas por Martine Roure, diputada del Partido Socialista en la Asamblea francesa, tuvieron esta pasada semana su correspondencia en las pronunciadas por varios portavoces de la Alta Comisaría de la ONU para los Refugiados, quienes denunciaron que el endurecimiento de la política migratoria de la Unión se está haciendo a costa de los derechos de los refugiados, factor que la UE tampoco parece querer tener en cuenta.

En cualquier caso, comienza lo que especialmente desde Londres definen como la «apoteosis europea de Sarkozy».

Lo que muchos temen, sobre todo en el propio Estado francés, es que esa «apoteosis» concluya con un mayor aislamiento del Estado francés en el panorama comunitario.